Los municipios en peor estado económico podrán devolver los préstamos ICO hasta en 20 años
El Gobierno ofreció el pasado martes a las entidades locales una rebaja de tipo de interés en los préstamos de la primera fase del Plan de Pago a Proveedores que puede suponer hasta 271 millones de euros de ahorro y que, en algunos casos, podrá ir acompañado de un aumento del plazo de amortización y de los periodos de carencia. Para las comunidades autónomas el ofrecimiento del Gobierno se limita a una rebaja de tipos de interés del 1,4 por ciento que supondrá un ahorro de 980 millones de euros.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, hizo este anuncio tras una reunión de la Comisión Nacional de Administración Local que calificó de “cordial y positiva”. Según Montoro, esta rebaja de tipos va a suponer una “rebaja de la carga financiera” a los ayuntamientos que les va a permitir tener un “aumento de liquidez de 270 millones de euros”.
Esta decisión se esperaba como agua de mayo en los ayuntamientos de León y San Andrés, entre otros de la provincia,que en el caso concreto de la capital esperaba esta decisión formal para rematar su presupuesto y poderlo aprobar, ya que estaba a expensas de esta decisión.
Por su parte, el alcalde de Santander y presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna, explicó que salían “muy satisfechos” de la reunión porque el Gobierno se había hecho eco de una de sus principales reivindicaciones que era la “mejora de las condiciones financieras” del préstamo recibido en la primera fase del Plan de Pago a Proveedores.
De la Serna explicó que el Gobierno ha ofrecido tres escenarios diferentes. El primero, al que se tendrán que acoger unos 361 municipios, aquellos con una “situación financiera especial”, contempla una ampliación del plazo de amortización del préstamo de 10 a 20 años, con un periodo de carencia de dos años y una rebaja de tipos del 0,41 por ciento. Los ayuntamientos que se acojan a este escenario tendrán que aplicar las condiciones económicas contenidas en el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, que pasan por una reducción de gasto y aumento de ingresos y la aprobación de planes de ajuste.
El segundo escenario establece mantener el mismo plazo de amortización actual (10 años) con un periodo de carencia de un año y la reducción del tipo de interés del 1,31 por ciento; por último, el tercer escenario contempla mantener el mismo plazo de amortizacion, sin periodo de carencia, pero a cambio ofrece una mayor reducción del tipo de interés, 1,41 por ciento.
Los ayuntamientos menos endeudados podrán escoger entre los escenarios 2 y 3; se trata de un total de 1.925 municipios de toda España que, en conjunto, mantienen una deuda viva con el Fondo de Financiación del Pago a Proveedores por valor de 3.773 millones de euros. A cambio el Gobierno, según coincidieron en señalar el ministro Montoro y el presidente de la FEMP, no exigirá nuevas condiciones económicas pero sí “determinadas medidas que deberán incorporar a los planes de ajuste revisados” y que pasan por adherirse a la factura electrónica y a la Plataforma Emprende en 3 y a agilizar los tramites administrativos para la creación de empresas.
En concreto esas medidas son “la adhesión automática al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado” y a la “plataforma Emprende en 3 para impulsar y agilizar los trámites para el inicio de la actividad empresarial”. Además obliga a los municipios a la “sustitución inmediata de al menos, un 30 por ciento de las vigentes autorizaciones y licencias de inicio de actividad económica por declaraciones responsables”.
Comunidades autónomas
El ministro de Hacienda también anunció una rebaja de tipos de interés del 1,4 por ciento para los créditos concedidos a las Comunidades Autónomas dentro de la primera fase del Plan de Pago a Proveedores lo que les supondrá un ahorro que el Gobierno calcula en 980 millones de euros. En contra de lo que ocurre con los ayuntamientos, a las Comunidades no se les ofrece la posibilidad de ampliar el plazo de amortización ni acceder a periodos de carencia.
El Plan de Proveedores alcanzó en sus tres fases casi 42.000 millones de euros, de los que 30.219 fueron para las Comunidades Autónomas y 11.595 para los ayuntamientos.
Ademas de esto, la Comisión Nacional de la Administración Local acordó la creación de tres grupos de trabajo, el primero de los cuales tratará la aplicación de la Ley de Reforma Local que, según De la Serna, “ha supuesto una profunda transformación” y, por ello, “surgen dudas lógicas” a la hora de aplicarla. En ningún caso esta ley, según dijo Montoro, va a suponer la eliminación de servicios públicos sino la reordenación de competencias.
El segundo grupo de trabajo servirá para estudiar propuestas en el ámbito económico relativas la “techo de gasto y a la Ley de Estabilidad Presupuestaria”, según dijo el presidente de la FEMP. Por último, el tercer grupo estudiará propuestas en el “ámbito tributario y fiscal” ya que los municipios quieren ser escuchados por el Gobierno ante la aprobación de la Reforma Financiera que prepara el Ejecutivo.
