La oposición demuestra al alcalde socialista de Villablino que suma mayoría en su contra pero el PP permite mantener dos sueldos

Pleno del Ayuntamiento de Villablino.

Luis Álvarez

Los cuatro votos de Podemos-IU (PIU) sumados a los tres del Partido Popular (PP), frente a los sólo seis del Partido Socialista que gobierna en Villablino, dieron en el último Pleno los primeros reveses al equipo de gobierno municipal , revocándole tres de sus propuestas, aunque el PP permitió con su apoyo que al menos se aprobara el cuarto, que supone incrementos del dinero público para miembros de la Corporación.

En este último caso, en el que se debatían las dedicaciones exclusivas para el equipo de Gobierno, gracias a un acuerdo con los concejales del PP el alcalde socialista, Mario Rivas, logró que se votasen a favor dos dedicaciones exclusivas pactadas previamente: una para el propio regidor, con una asignación de salario de 2.400 euros mensuales, cuantía que es levemente inferior a la del pasado mandato; y la segunda para la primera teniente de alcalde, Mercedes Fisteus, con 1.650 euros mensuales, ambas con dos pagas extras íntegras y siendo esas cantidades salariales en bruto. El pasado mandato se añadía a mayores otra media dedicación exclusiva que ahora no existirá, por lo que la suma global de los sueldos del equipo de gobierno se reduce considerablemente.

Pero fuera de los salarios, el resto de las pretensiones fueron tumbadas por a unión de los votos de izquierda y derecha. Los dos primeros puntos, y los dos rechazos, se produjeron en los nombramientos de representantes municipales en diferentes órganos colegiados. Así, Amparo Sabugo del PP, será la representante municipal en el Consejo Local de Salud, en lugar de la propuesta inicialmente al pleno, Pilar Carrasco del PSOE.

Podemos-Izquierda Unida y PP defendieron su candidata como más optima al haber sido trabajadora de la sanidad pública hasta su jubilación, lo mismo que la suplente Silvia Mozo de PIU, trabajadora actual del Sacyl. Mientras que Rivas defendía la idoneidad de Pilar Carrasco, por ser la concejala delegada del área de salud municipal.

Lo mismo ocurrió en el nombramiento del representante municipal en la Asociación Cuatro Valles, donde Sergio Carro de PIU será quien ostente la representación municipal en sustitución de la propuesta por el equipo de gobierno, Mercedes Fisteus del PSOE.

El tercer asunto en que la Alcaldía salió derrotada fue en el acuerdo que proponía la cesión de competencias del pleno a la Alcaldía, que de haber salido adelante le hubiese otorgado a Rivas un amplio control de gestión para toda esta legislatura, con capacidad para firmar y gestionar el Ayuntamiento en ocasiones sin necesidad de convocar plenos.

Literalmente el acuerdo contemplaba delegar en el alcalde las siguientes competencias: “El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en materias de competencia plenaria. La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada ejercicio económico, exceda del 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto. La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contratación o concesión, y cuando aún no estén previstos en los presupuestos”.

Convertir al alcalde en el “órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, los contratos de concesión de obras, los contratos de concesión de servicios y los contratos administrativos especiales que celebre la Entidad Local, cuando su valor estimado supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto o la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración sea superior a cuatro años, eventuales prórrogas incluidas. Asimismo, la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas generales a los que se refiere el artículo 121 de la Ley”.  

Y aún más, como lo son, “la competencia para celebrar contratos privados, la adjudicación de concesiones sobre los bienes de la Corporación y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial así como la enajenación del patrimonio cuando no estén atribuidas al Alcalde o al Presidente, y de los bienes declarados de valor histórico o artístico cualquiera que sea su valor”.

Como colofón el acuerdo daba al alcalde otras atribuciones extras: “La presente delegación abarca la totalidad de las facultades que le corresponden en la materia, incluyendo la resolución de recursos administrativos y la aprobación de los sucesivos actos del expediente de gasto, cuando ya no estuvieran residenciadas en la alcaldía”.

Además, en el segundo punto del acuerdo que se proponía, se autoeximía de responsabilidades en el caso que, por alguna de sus decisiones, se derivasen responsabilidades administrativas o judiciales, recayendo éstas en el pleno de forma colegiada. Se expresaba así: “Los actos dictados por el alcalde en el ejercicio de las atribuciones delegadas se entienden dictados por el órgano delegante”.

La gente vuelve a los plenos

Rivas, ante el nuncio del voto en contra de los dos grupos de la oposición, se mostró contrariado y aseguró que “serán ustedes responsables de la paralización administrativa de este Ayuntamiento, esto se hace por necesidades de agilidad en la gestión”. A lo que la portavoz de PIU, Silvia Mozo le respondió: “Nosotros asumimos desde que nos presentamos a las elecciones nuestras responsabilidades, gracias por sus consejos”.

La sesión demostró que esta legislatura no va a ser fácil para el actual alcalde Mario Rivas, que tendrá que negociar mucho, con al menos uno de los dos grupos de la oposición, para sacar adelante sus propuestas. Llamó la atención que el público vuelve a los plenos, que parecen despertar de nuevo el interés por la política local, puede que por la incertidumbre. Aunque no se produjo el lleno del día de la constitución y apertura de la legislatura, si superó con creces la media de la asistencia a las sesiones de la anterior legislatura.

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