La Junta de Castilla y León pide que el Gobierno rescate y quite el peaje en todas las autopistas de la Comunidad

Cabinas de pago del peaje en la autopista León-Asturias, archivo.

Carlos J. Domínguez

La Junta de Castilla y León es “partidaria de la eliminación de todos peajes” de la totalidad de autopistas que afectan a la Comunidad autónoma, cinco en total ahora mismo, y así se lo reclama al Gobierno central. Sin apenas matices, de esta categórica manera lo ha transmitido hoy el consejero portavoz de la Junta y responsable de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo. “Somos partidarios”, dijo, de que no haya que pagar en ninguna carretera ni vía de alta capacidad de la Comunidad, y así “se lo pediremos al Gobierno de España”.

De este inequívoco modo, el Ejecutivo que forman Partido Popular (PP) y Vox se alinea con la reciente petición en este sentido planteada, en forma de enmienda, por el Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León cuando se debatía una proposición no de ley (PNL) en la que Unión del Pueblo Leonés (UPL) solicitaba el rescate concreto de la autopista León-Asturias AP-66. Y es que el pago en esa autopista expiraba en 2021 pero el Gobierno popular que presidía José María Aznar amplió la concesión hasta el año 2050 en un proceso que sólo ahora, tras una denuncia de Podemos, Europa considera que fue irregular.

La enmienda de 'gratis total' del PP no se incorporó al acuerdo final por considerarlo UPL una maniobra política, de modo que el acuerdo final de petición de rescate final se ciñó sólo a la autopista entre León y Campomanes, eso sí, por unanimidad. Pero el Gobierno de derechas hace suya la reclamación de liberar todas las autopistas vigentes: La autopista León-Astorga AP-71; la Villacastín-Ávila AP-51; la San Rafael-Segovia AP-61; y la Villalba (Madrid)-Adanero AP-6, amén de la León-Asturias AP-66.

El único matiz que introduce el que el Gobierno de Castilla y León respecto a su reivindicación general sobre el fin de los peajes al Gobierno central es que les ponga fin “dentro de los compromisos y plazos que pueda asumir”, entendiendo que el proceso requiere unos trámites no sencillos y siendo “conscientes” de “que no les pille de un día para otro”, explicó Fernández Carriedo.

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