Unanimidad en las Cortes para pedir al Gobierno el fin del peaje de la autopista León-Asturias pero con trifulca política
Las Cortes de Castilla y León aprobaron hoy por unanimidad de todos los grupos la proposición no de ley (PNL) presentada por UPL-Soria Ya para pedir al Gobierno que se suprima el peaje de la autopista León-Asturias AP-66. Sin embargo, pese a ese aparente acuerdo unánime, lo cierto es que este asunto se convirtió en un cruce de acusaciones entre todos los partidos e incluso el Partido Popular, que cogobierna con Vox en la Junta, planteó una enmienda para extender la liberalización al resto de tramos con pago de la Comunidad, incluida la autopista AP-71 León-Astorga que impulso el Gobierno popular de José María Aznar. Esa enmienda genérica con la que el PP maniobró y a la que también Vox se pretendía sumar fue rechazada por los leonesistas entre duras críticas.
En la defensa inicial del asunto respecto a la AP-66, el portavoz de UPL, Luis Mariano Santos, recordó que en 2021 ya presentaron una iniciativa similar para exigir al Gobierno la supresión del peaje entre León y Asturias, manifestó que la autopista está en el top de las tres más caras de España, consideró que liberaría de tráfico la N-630 que atraviesa el Puerto de Pajares y resumió que hay muchas variables para su petición.
Santos recordó que en 2021 terminaba el plazo de la concesión del peaje, que unilateralmente amplió hasta 2050 el Gobierno de José María Aznar, y advirtió de que el procedimiento era irregular y así se ha visto con la apertura de un proceso sancionador a España por la Comisión Europea., tras una denuncia de Podemos en Bruselas. “La realidad es que mientras PP y PSOE han gobernado se han liberalizado muchos peajes”, sostuvo, pero no el que ata a León y Asturias.
“Vuelvan a hacer ese ejercicio de responsabilidad aprobando por unanimidad está proposición no de ley”, concluyó su turno, en la que se pide suprimir el peaje de la autopista AP-66 que une León y Asturias, atendiendo a la ilegalidad de la prórroga de la última concesión que ha comunicado la Comisión Europea, y por ser esta la solución más conveniente para el territorio leonés. A su petición se unió la propuesta del PSOE de añadir al texto la expresión “buscar la fórmula menos lesiva para los intereses del Estado”.
Enmienda de 'café para todos'
El popular Antonio Mendoza, procurador por León, fue el encargado de hablar del asunto en las Cortes, recordando que se trata del único tramo de la Ruta de la Plata con peaje, y añadiendo también el “abandono” de la N-625 que comunica con Asturias o la N-621 que une con Cantabria. Sostuvo que la Junta siempre se ha pronunciado en contra de los peajes, a pesar de haber sido gobiernos populares los que impusieron el pago en la León-Astorga o la prórroga irregular en la León-Asturias, y limitándose a rememorar que fue el presidente del Gobierno leonés José Luis Rodríguez Zapatero quien prometió “quitar” el peaje del Huerna.
Se dirigió a UPL para recordar que el BNG apoyó los PGE de Sánchez al introducir la bonificación total en el peaje de la AP-9 (Ferrol-frontera con Portugal) y se preguntó por qué la formación leonesista no hace lo mismo y se dirige al Gobierno.
Por ello, planteó una enmienda a la propuesta leonesista, en la que defendió extender la supresión de los peajes del resto de autopistas que discurren por Castilla y León, como la AP-51 (Ávila); AP-6; AP-61 Segovia- AP-6; AP-6: Villalba-Adanero y AP-71 de León-Astorga, “por ser esta la solución más conveniente para los ciudadanos y empresas de Castilla y León”, dijo.
En nombre de Vox, la zamorana María Luisa Calvo defendió la mejora de las comunicaciones sin que suponga un gasto adicional para los ciudadanos, recordó que han registrado una iniciativa en el Congreso para modificar la Ley de Carreteras y se manifestó de acuerdo con la petición de UPL pero, como el PP, pidió la extensión a otros peajes. “Este sistema de pago de peajes es letal”, resumió.
Aznar y los “independentistas catalanes”
En el turno final, Santos enmarcó la extensión de la prórroga “para beneficiar a una persona” por parte del Gobierno de Aznar, expresó “la decepción” con Vox por sumarse a la enmienda del PP sin tener “su propia posición y no dejarse llevar para todo” por los ‘populares’ y aceptó el texto planteada por el Grupo Socialista, pero recordó que el Estado no es el PSOE, sino “todos”, aunque lamentó que no hayan traído a la Cámara algo de “optimismo hablando con Puente”.
“Hombre hay que trabajar un poco más y no traer la misma enmienda, aquí hay la apertura de un expediente por parte de Europa”, afeó el leonesista al procurador del PP, a quien recordó que la AP-71 no tiene nada que ver con la propuesta de la PNL. Santos, que no aceptó la enmienda, se enfadó con Mendoza por cuestionar los pactos de UPL y le recordó que Aznar negoció con los “independentistas catalanes”.
El “pesado yugo” de Aznar y Cascos
“Estamos aquí porque Aznar y Cascos nos impusieron a leoneses y asturianos un pesado yugo”, arrancó el socialista leonés Diego Moreno, a pesar de que el ministro de Fomento en el momento de la prórroga hasta 2050 no fue el asturiano sino Arias Salgado. Y también se refirió a una tramitación “defectuosa” por la que la Comisión Europea ha abierto un expediente al considerar que el procedimiento del PP entonces “no fue transparente”.
Moreno expresó la voluntad del Gobierno de eliminar los peajes cuya concesión venza y subrayó que desde 2018 se han liberado 1.000 kilómetros, entre ellos el de la AP-1, pero señaló que suprimir el actual peaje supondría “un coste multimillonario” que tendría que asumir el Estado. Así, para votar a favor, pidió que se completara el texto con la búsqueda de la fórmula “menos lesiva” para el Estado liberar ese tramo.
Es una propuesta “razonable” inició el procurador Francisco Igea, quien recordó que “ha tenido que venir Europa para decir que la prórroga no es legal” e ironizó con que el ministro de Transportes, el vallisoletano Óscar Puente, tenga “un hueco entre tuit y tuit” para este asunto. En la misma línea, se manifestó Pablo Fernández (Podemos), que se preguntó por qué Aznar en el año 2000 concedió una prórroga hasta 2050, antes de también votar a favor de la propuesta leonesista.
