Juan Vicente Herrera conoció hace 10 años el “abuso de poder” en la 'trama eólica'
El escándalo de presuntos delitos que investiga la Fiscalía Anticorrupción dentro de la llamada 'Trama eólica', que investiga la connivencia de empresas eléctricas con empresarios locales y ex altos cargos de la Junta para conseguir licencias de parques eólicos a cambio de 110 millones de euros, llegó a manos del entonces y aún hoy presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, hace diz años, sin que conste que se tomaran cartas en el asunto para impedir que esta trama continuara actuando.
Así lo desvela hoy el diario.es en una información que firma la periodista Laura Cornejo, y en la que se informa de una carta remitida el 14 de marzo de 2006 por el responsable de la compañía Ibervento, dedicada a las energías renovables, al presidente Herrera en la que se indicaba claramente que “todos los hechos apuntan hacia la, según nuestro criterio, injusta discriminación sufrida con respecto a otras empresas del sector, dando lugar a una totalmente irregular aplicación del decreto para la tramitación Parques Eólicos en la Comunidad”.
La mercantil, formada por capital español y alemán, inició la tramitación de dos parques en Burgos -Cantiruela y Las Pardas- en 2001 y consiguió la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable en 2003, tras lo cual sólo faltaba una autorización que por decreto no podía tardar más de tres meses. Y tardó tres años, y sólo después de que, fruto de la desesperación por el retraso, la compañía fuera vendida por este empresario. Porque mientras, muchos de los parques eólicos de sus competidores se aprobaban en apenas dos meses de plazo medio.
La tensa espera y la sucesión de tratos desiguales acabaron con la paciencia del empresario, destaca Diario.es, por lo que el empresario se decide a mandar la carta a Herrera en marzo de 2006, recordando que la discriminación que sufre mantiene paralizados sus proyectos desde 2003. “Hemos cumplido con todos los requerimientos sugeridos por los responsables de la Consejería de Economía”, decía, “pero hemos llegado a un punto en el que los requerimientos propuestos, además de ser considerados por nosotros como un abuso de poder por la Administración, no pueden ser entendidos ni como enriquecedores para el desarrollo de nuestra empresa ni para el desarrollo socioeconómico del conjunto de la sociedad de Castilla y León”, avisa en la carta.
En ella, insinúa que los requerimientos que se le hacen desde Economía pasarían por un cambio de socios: “Por no aceptar dichos requerimientos, que, parece ser tienen su única motivación en la nacionalidad de los socios de Ibervento, nuestros proyectos no han llegado a fructificar”, relataba a Herrera.
Poco después, en la Comisión de Economía y Empleo en las Cortes de Castilla y León el entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva, dejaba más que claro que la Junta no pretendía autorizar un negocio en el que hubiese alemanes: “Me tendrá usted que explicar cuál es el beneficio económico de esa sociedad (Ibervento), con dos socios alemanes y con un particular, me lo tendrá usted que explicar al detalle”, respondió el consejero a un procurador de la oposición.
La autorización, claro está, no llegó. Por lo que Ibervento S.L. acabó vendiéndose a Productor Regional de Energía S.A (una empresa constituida por Inverduero, filial de la constructora vallisoletana Grupo Collosa y Endesa), algo que se fraguó en julio de 2006. Y apenas dos días después llega la ansiada autotización. Tarde para el empresario, claro.