Los abogados piden a la Junta volver a gestionar la asistencia jurídica en violencia de género

Ical

El presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, Fernando García-Delgado, rechazó este viernes la invitación a la presentación del modelo de atención integral a las víctimas de violencia de género impulsado por la Junta, debido a que Castilla y León es la única comunidad autónoma en la que los colegios de Abogados no gestionan la asistencia jurídica al colectivo, que fue adjudicada por la Junta “sin concurso público” a un despacho privado el año pasado.

El presidente de los abogados de la Comunidad, que ha enviado sendas cartas al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y a la consejera del ramo, Milagros Marcos, en la que expone estos motivos, añade que su colectivo “no ha sido llamado nunca a participar en el proceso de creación e implantación de este nuevo modelo”, de modo que lo desconocen. “Nunca se nos solicitó nuestra opinión sobre el mismo”.

García-Delgado deplora que Castilla y León sea “la única Comunidad de nuestro país en que la abogacía institucional ha sido privada del asesoramiento y defensa de las mujeres que son objeto de violencia de género, en beneficio de un despacho privado ”, algo que, añade, puede infringir la Ley de Contratos del sector público y violar, además, las reglas que regulan las Ayudas de los Estados de la UE que se recogen en el Tratado de funcionamiento de la Unión en su artículo 106.1.

El letrado salmantino incide en que la compensación económica que se entrega a este despacho privado “puede ser interpretada como ayuda de Estado y calificada como arbitraria”, y la adjudicación puede contravenir la Ley de Protección de Datos, infringir la Ley de Defensa de la Competencia y el artículo 10 de la Constitución Española, que abre el Título de los Derechos Fundamentales.

García-Delgado confiesa, en sus cartas, su “incomprensión” acerca de los motivos que han llevado a la Administración regional a actuar de esta manera y “arrebatarles un servicio del que jamás recibieron queja”. Además, se manifiesta “decepcionado y desairado” por las “buenas palabras” que les dieron, dice, “en presencia del portavoz dela Junta, José Antonio de Santiago Juárez, y ”las promesas que se nos hicieron de las que nada se ha cumplido“.

El presidente de los 5.000 abogados que ejercen en la Comunidad concluye su carta a Herrera reseñando que los nueve Colegios siguen, aun sin financiación de la Administración Regional, atendiendo a todas las mujeres víctimas de Violencia de Género que acuden a ellos, tanto aquéllas que acuden voluntariamente como las que les remite el adjudicatario actual del servicio por razones que desconocen.

El malestar de los abogados de la región data del mes de abril del año pasado, 2014, cuando la Junta de Castilla y León dejó de financiar los Servicios de Orientación Jurídica a mujeres víctimas de violencia de género que gestionaban históricamente los colegios para adjudicárselo a ese despacho privado por un montante económico muy superior al que se ofreció al Consejo de la Abogacía.

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