Los procedimientos civiles se reducen un 43% en Ponferrada después de que el juzgado de León asuma los casos de cláusula suelo
Los Juzgados de Ponferrada sufrieron el año pasado una reducción del 43,8 por ciento en los procedimientos ordinarios del orden civil, desde los 582 registrados en 2017 a los 327 de 2018. En esta disminución tuvo una “clara incidencia”, según explico la juez decana, Silvia Martínez Cantón, el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que atribuyó al Juzgado de Primera Instancia número siete de León la competencia exclusiva en la provincia para ocuparse de los asuntos relacionados con las cláusulas suelo y con las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias.
En ese sentido, la magistrada, que presentó la Memoria Judicial correspondiente al año 2018, consideró que la asunción por parte de ese juzgado de la capital provincial de los asuntos relacionados con las condiciones de los préstamos hipotecarios puede no resultar adecuada desde el punto de vista de la “territorialización”, al alejar al ciudadano de las instancias judiciales. Martínez Cantón, que valoró la “especialización”, mostró, no obstante, su temor al “carácter disuasorio” que la medida puede tener en los afectados en la comarca berciana así como a la posibilidad de que la supresión del carácter “excepcional y temporal” de la medida suponga un “desplazamiento definitivo” de la competencia desde Ponferrada a León.
En la misma línea, la juez decana remarcó que, tras la puesta en marcha de la medida, la carga de trabajo en el Palacio de Justicia de la capital berciana quedó “estabilizada” tras sufrir “años de saturación”, pero subrayó que en caso de dar marcha atrás a la atribución de la competencia exclusiva al juzgado de la capital provincial, seguiría siendo necesaria la creación de un nuevo juzgado de primera instancia e instrucción en Ponferrada.
La incidencia de esta nueva organización en lo referente a las cláusulas suelo también queda patente por el “constante incremento” que se registró en el resto de procedimientos del orden civil. Así, los juicios verbales aumentaron un 18,5 por ciento, al pasar de los 776 celebrados en 2017 a los 920 del año pasado. También crecieron los procedimientos monitorios, que pasaron de 1.271 a 1.617, un 27 por ciento más. Sin embargo, la disminución de los procedimientos ordinarios provocó que los datos globales del orden civil registraran un descenso del 9,25 por ciento en cuanto a la entrada de asuntos, pasando de los 6.508 de 2017 a los 5.906 del año pasado.
En el ámbito penal, la entrada de asuntos se redujo un 8,3 por ciento, desde los 7.211 que entraron en 2017 a los 6.612 registrados en 2018. Estos datos son similares a los de 2016 y Martínez Cantón los atribuyó a las “fluctuaciones anuales normales”. Centrados en la violencia de género, se produjo un incremento del 9,4 por ciento en el número de procedimientos, que pasaron de 287 a 314, mientras que se redujeron un 13,8 por ciento las órdenes de protección dictadas -87 en 2018 frente a 111 en 2017.
Reforma de las instalaciones
A la hora de hacer balance del último año, Martínez Cantón destacó la construcción de las instalaciones del juzgado específico de violencia de género y de las dos nuevas salas de vistas en el Palacio de Justicia como “avances significativos” que ayudarán a mejorar la calidad del servicio que se presta al ciudadano. La puesta en marcha de estos nuevos espacios, ya construidos, está pendiente de la dotación tecnológica por parte del Ministerio de Justicia, que se encargará de modernizar los sistemas de grabación.
A la espera de que llegue esta dotación, que requerirá de la creación de dos plazas de personal auxiliar judicial, las instalaciones del juzgado de violencia de género, en el segundo piso, se mantienen sin actividad hasta que no esté lista la sala de vistas anexa. Con ello, se intenta evitar que la denunciante pueda cruzarse en los pasillos con el denunciado, para “generar una sensación de protección” en la víctima, que dispondrá de un espacio amplio, luminoso y separado para los tiempos de espera.
Igualmente, la juez decana de Ponferrada valoró la posibilidad de trasladar los asuntos judiciales relacionados con violencia de género desde el juzgado de Villablino al Palacio de Justicia de la capital del Bierzo. Según Martínez Cantón, en Ponferrada se dispone de más medios para prestar una mejor atención a la víctima, aunque ello supondría alejar la administración de justicia del ciudadano. “Hay que sopesar ambas situaciones para evitar una victimización secundaria y velar por la protección integral de la víctima”, aseguró la magistrada.
Por otro lado, la magistrada también hizo referencia al traslado de la oficina de atención al público a la puerta de entrada de los juzgados y a la instalación, en ese punto, de un terminal informático con acceso a la base de datos de la Policía Nacional, que permitirá agilizar la cooperación entre juzgados. La dotación de personal para la oficina de ayuda al drogodependiente y la creación de una plaza de perito tasador que aporte celeridad a las diligencias judiciales son dos de los asuntos que la juez decana lamentó no haber podido llevar adelante.
Martínez Cantón, que accedió al puesto de juez decana en Ponferrada en 2015, cesará en los próximos días en su puesto, tras obtener en el concurso de traslados una nueva plaza en los juzgados de León. En su despedida ante los medios, la magistrada, nacida en León pero con orígenes en la comarca, aseguró que mantendrá su “vínculo inextinguible con el Bierzo”. “Me siento una berciana más”, concluyó.
