El plan urgente de vivienda hasta 2015 flexibiliza el acceso a las VPO y regula el nuevo programa de alquiler

La Junta de Castilla y León ultima un plan de vivienda, con vigencia hasta el verano de 2015, que pretende dar una respuesta urgente a las situaciones de extrema dificultad provocadas por la crisis económica. Para ello, pretende aprobar este mismo verano un decreto-ley con una amplia batería de medidas, que se caracterizarán por ser “innovadoras”, en campos como el fomento del alquiler, que tendrá un marcado carácter social, y el régimen de las viviendas de protección pública.

Esta nueva norma, que anunció el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, durante el último debate sobre política general, incidirá sobre cuatro ejes con los que hacer frente a los problemas sociales vinculados con la vivienda. Fuentes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente explicaron a Ical que esta ley recogerá el nuevo Programa de Fomento del Alquiler, que la Junta tenía previsto poner en marcha en los próximos meses y que suponía la fusión de la Bolsa de Alquiler para Jóvenes y el Revival (Reserva de Vivencias Vacías para el Alquiler).

El Gobierno autonómico ha decido incluir en el nuevo plan urgente en materia de vivienda la regulación de este programa para que tenga un mayor perfil social con el fin de atender situaciones derivadas de procesos de desahucios o impagos. Ofrecerá intermediación entre inquilinos y propietarios y estará dedicado a las rentas más bajas, ya que fija unos límites al alquiler. Además, incluirá tanto viviendas libres, como de protección pública.

Para ello, la Junta reservará el 30 por ciento de las viviendas de titularidad pública, tanto de la Junta, como de los ayuntamientos, para crear un parque que le permita dar un techo a personas o familias que se queden sin su vivienda o no puedan comprar o alquilar una casa en el mercado libre. Precisamente para ofertar viviendas de protección, cuya calificación era la venta y no el alquiler, la Junta ha incluido el nuevo programa en la ley y no en un decreto como tenía previsto. El anterior texto preveía incluir viviendas de hasta 55 municipios de la Comunidad.

Otro de las vías en las que incidirá la nueva política de vivienda, que tendrá un carácter coyuntural, se centra en las viviendas de titularidad pública. El objetivo que se marca la Junta es conseguir movilizar todas las que tienen las administraciones públicas. Fuentes de Fomento señalaron que hasta que llegue nuevos fondos del Plan Estatal de Vivienda, el Gobierno autonómico tratará de aprovechar los recursos que ya tiene, es decir, tanto a las de titularidad pública, como a las que en su diera fueron de promoción pública.

Esto supondrá, según la Junta, un “gran sacrificio patrimonial”, que se justifica ante la necesidad de contar con herramientas que permitan que nadie se quede sin una vivienda. Es decir, con estos cambios normativos la Junta se dota de mecanismos de último recurso para poder ofrecer una solución a aquellos que se queden sin su casa por impago del alquiler o la hipoteca. Fuentes de la Consejería, recordaron que el Ejecutivo autonómico cuenta desde hace tiempo con una oficina de intermediación frente a los desahucios para facilitar un acuerdo con las entidades financieras que evite el desahucio.

Fomento pretende regular en la ley la concesión de moratorias en el pago de las cuotas de alquiler o la compra de las viviendas de protección que pertenecen a la Junta, así como la reserva de las que estén desocupadas para aquellos que estén en riesgo de exclusión social. También, recogerá descuentos en los precios de las viviendas sin adjudicar, así como rebajas en el caso de la amortización anticipada, una medida que ya pretendía poner en marcha en septiembre.

Protección privada

Respecto a las viviendas de protección y promoción privada, la Junta quiere ofrecer soluciones temporales al 'stock' generado por la caída de las ventas y establecerá límites para que en el futuro se construyan solo las que sean necesarias. En estos casos, la Junta prevé suprimir la exigencia de devolver las ayudas en caso de ejecución hipotecaria o dación en pago. También, autorizará la ampliación del periodo de amortización y flexibilizará los requisitos a adquirentes y arrendatarios.

En este caso también planteará rebajas en las nuevas para que sus precios se ajusten a la situación del mercado inmobiliario. Además, fuentes de la Junta avanzaron que se está estudiando la posibilidad de facilitar la compra de una vivienda a ciudadanos, que no cumpliendo los actuales requisitos, se comprometan a alquilarla con el objetivo de garantizar el acceso a la vivienda a inquilinos con necesidades. Esta iniciativa también impulsará las ventas.

Flexibilidad

En general, esta ley, que se aprobará por decreto, pretende simplificar la calificación de las viviendas y los procesos de selección de adjudicatarios, incluyendo entre los colectivos de especial protección a quienes estén en riesgo de desahucio, a aquellos que ocupen casas en ruina, así como a todas aquellas familias con todos sus miembros en paro.

De esta forma, la nueva regulación delimitará las clases de viviendas protegidas y adaptará al nuevo contexto las limitaciones relacionadas con la capacidad de disponer de la vivienda o los criterios fijados para tener acceso a una de ellas. Esta decisión viene motivada por la ausencia de incentivos. Por tanto, se pretende dar solución a casos en los que el traslado de una familia de ciudad obligaba a vender la VPO a otra personas que cumpliera los requisitos, algo complicado por la situación económica.