La patronal de agencias de empleo ataca las irregularidades de la semiprivatización encubierta de las oficinas de empleo
La patronal española de agencias de empleo considera muy graves las irregularidades que iLeon.com ha detectado en exclusiva tras la polémica decisión de la Junta de Castilla y León de semiprivatizar parte de las labores de inserción laboral que hasta ahora desarrollaba el antiguo Inem, ahora denominado Empleo Castilla y León (ECyL) por valor de 3,3 millones de euros.
La Asociación Nacional de Agencias de Colocación (Anac) se hace eco de las publicaciones de este medio, denunciando “primeras y graves incidencias por parte de algunas agencias de colocación adjudicatarias tanto en la atención como en la inserción de personas desempleadas” y que se han traducido, a raíz de la investigación, en numerosas quejas de parados que reciben presiones y contactos incluso en gasolineras con las llamadas agencias volaboradoras, subcontratadas por las fundaciones que se embolsaron el dinero para realizar estas supuestas labores de mediación y ayuda a los desempleados. En el caso de León, se trata de la Fundación Sócrates, radicada en Cadiz.
Tal ha sido el escándalo que Anac, que defiende “la buena praxis de las agencias de colocación”, ofrece a los usuarios atendidos “un canal de comunicación y denuncias que pondrá a disposición del ECyL para facilitar el seguimiento y la gestión de las agencias de colocación adjudicatarias del contrato público”. Desde la asociación nacional, “una vez que se iniciaron los procedimientos de licitación para agencias de colocación, se han denunciado prácticas irregulares en agencias de colocación que optaban a la licitación ante las distintas mesas de contratación a nivel autonómico y estatal”.
Para Anac, “estas prácticas han oscilado desde el aumento en la red de agencias de colocación subcontratadas a través de incitar empresas y asociaciones cuyo objeto social no es la intermediación laboral a presentar declaración responsable para convertirse en agencias de colocación sin haber (asociaciones de ganaderos de Castilla y León, peluquerías, escuelas de idiomas, etc.), hasta la utilización de redes de centros de formación autorizados días antes de la invitación a concurso y sin ninguna experiencia en gestión de empleo: prospección de ofertas, seguimiento de las contrataciones realizadas, itinerarios de recualificación, por ejemplo”.
“Son muchas las agencias de colocación actualmente autorizadas que tienen años de experiencia en la gestión del empleo y con conocimiento específico en la atención a colectivos en riesgo para su inserción laboral”, explica Yojana Pavón, presidenta estatal de Anac. “Hablamos de entidades especializadas del tercer sector, fundaciones universitarias, colegios profesionales, ayuntamientos, que son profesionales con amplia experiencia y que por cuestiones administrativas no han podido concursar en la primera selección de las 80 agencias de colocación para operar en toda España”.
La asociación se compromete a canalizar a la Junta de Castilla y León y el Ecyl todas las consultas, reclamaciones y quejas que la asociación reciba por estas irregularidades, confiando en que la administración tome de una vez cartas en el asunto. Se trata de acabar con casos como el denunciado por una familia leonesa, en el que denuncian preciones y 'amenazas' a una desempleada minusválida por parte de una de las llamadas agencias colaboradoras.
