La Junta subraya su “respeto” a la Justicia ante las denuncias en Fiscalía y Comité de Ética sobre Suárez-Quiñones
La Junta de Castilla y León, a través del portavoz del Gobierno, Carlos Fernández Carriedo, ha subrayado este jueves, en la tradicional rueda de prensa posterior a Consejo de Gobierno, su “respeto” a la Justicia ante las denuncias en Fiscalía y el Comité de Ética por la relación entre el consejero de Medio Ambiente, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el empresario leonés Macario Fernández, apodado el 'rey del zinc', que destapó una investigación de este medio.
Entre las entidades denunciantes se encuentran asociaciones como Bierzo Aire Limpio, Cepeda Viva, Luna Verde, Plataforma por el Futuro de la Montaña Central Leonesa, Indignados de Gestoso o Plataforma para una gestión de residuos eficaz y sostenible, que han documentado diversas irregularidades que consideran constitutivas de delito.
Según publicó ILEÓN, Quiñones firmó la autorización de un polémico macrovertedero de residuos peligrosos y no peligrosos en la provincia de León a un conglomerado empresarial en el que figura como directivo su hijo. Una semana después, el 6 de agosto, firmó la autorización del macrovertedero con la figura de Proyecto Regional.
Además, estas entidades han puesto también en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción la resolución de Quiñones por la que legalizó el uso de una cabaña ganadera dentro del Parque Natural de Babia y Luna, en contra del criterio del Ayuntamiento de Cabrillanes y de la propia Comisión Territorial de Urbanismo.
“Cualquier organización y cualquier persona puede recurrir a los tribunales y serán los tribunales los que decidan y nosotros lo respetaremos”, ha trasladado el portavoz del Gobierno autonómico ante las preguntas sobre el hecho de que siete organizaciones ecologistas hayan llevado ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad la vinculación entre el político y el empresario.
Igualmente escueta ha sido la respuesta a la cuestión sobre la petición del exvicepresidente de la Junta y procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, a la Comisión de Ética Pública sobre la investigación del papel de Quiñones respecto a la empresa que contrató a su hijo y que presuntamente se benefició de trámites firmados por el propio consejero. Carriedo se ha limitado a señalar que “la Comisión lo estudiará, lo examinará y sacará sus conclusiones, que hará públicas”.
En cuanto a si estas cuestiones debilitan aún más la imagen del consejero Quiñones después de la oleada de incendios de este verano, a quien no ha dedicado ninguna palabra de defensa ni apoyo, Carriedo ha dado la callada por respuesta. En su opinión, “que haya una denuncia no significa más que el funcionamiento del Estado de Derecho”. Habrá que esperar si esas denuncias prosperan y son admitidas a trámite.
Latem “puede ser rentable”
Cabe recordar que la Junta de Castilla y León tiene una participación pública del 22%, que supone 9,8 millones de euros, a través de Sodical, en una de las empresas vinculadas al 'rey del zinc', Macario Fernández, Latem Aluminium, en situación de preconcurso de acreedores hasta el 31 de septiembre.
La Junta sigue confiando en la viabilidad de la empresa, como ya manifestara el pasado mes de julio. En palabras de Carriedo este jueves, “la empresa puede ser rentable”, aunque reconoce que “es necesario aumentar la capitalización de la misma, pero eso corresponde a sus propietarios”.
“Ha tenido apoyo de la Junta, también de la Administración central del Estado y por supuesto que nosotros velaremos por nuestros intereses y creo que podremos garantizarlos, bien con el actual propietario si es capaz de fortalecer el accionariado y el capital de la empresa o bien en función de las decisiones que se puedan tomar en el futuro por parte de sus actuales titulares”, ha trasladado.
El Gobierno central ha dado ayudas a Latem Aluminium, pero nunca ha participado en la misma.
