La Junta lanza una ley para regular las consultas populares y fomentar las iniciativas ciudadanas
La Junta de Castilla y León implica por ley a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la elaboración de planes, estrategias o programas que podrán presentar como iniciativas ante el Gobierno de la Comunidad en un “paso más” en la transparencia, colaboración y participación por la que “camina la democracia del siglo XXI”.
El vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, desgranó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno las novedades del anteproyecto de ley de Diálogo Civil y Democracia Participativa, que desde este viernes estará colgado en el Portal del Gobierno Abierto de la Junta.
La nueva ley, que pretende “dinamizar” la participación de los consejos sectoriales existentes en las relaciones con la Junta, se extiende a todos los ámbitos del Ejecutivo y de la Administración de la Comunidad, algo que es “novedoso” entre las aprobadas en España, igual que la posibilidad de que los ciudadanos y sociedad civil puedan elaborar planes, resaltó el vicepresidente.
El objeto de la norma se centra en el Diálogo Civil, la iniciativa de los ciudadanos y la regulación de las consultas populares, que no de referéndum, como precisó De Santiago-Juárez. “No se hurta el papel de la democracia participativa, se amplía el espacio de la sociedad civil y se reduce el político”, aseveró, a la vez que subrayó que no choca con el Diálogo Social porque éste negocia, toma acuerdos y está formado por Junta, patronal y sindicatos, mientras que en el otro caso la interlocución y los órganos son distintos.
De Santiago-Juárez destacó que el diálogo es una “seña de identidad” del Gobierno de Juan Vicente Herrera y se refirió al político, con tres reformas del Estatuto de Autonomía, el social, al que se ha dado rango de ley, y el institucional, con acuerdos con las comunidades vecinas y con Portugal. “El diálogo civil no va a interferir ni en los acuerdos de las Cortes ni en los del diálogo social”, precisó.
Iniciativa ciudadana
La ley estatal obliga a la consulta previa en paralelo a la elaboración de una norma por el Ejecutivo, pero el texto presentado hoy en el Consejo de Gobierno da “un paso más” para un proceso de “abajo a arriba” en la redacción de planes, estrategias y programas a través de la 'Iniciativa Reglamentaria Ciudadana“ e 'Iniciativa de Formulación de estrategias, planes o programas', lo que ”supone un salto cualitativo en las iniciativas de la Junta hasta la elaboración de iniciativas propias por los ciudadanos“.
Así, un mínimo de tres personas u organizaciones de la sociedad civil podrán plantear ese tipo de iniciativas, cuyos requisitos serán la presentación de un texto completo y de una memoria explicativa. La Consejería competente decidirá si admite a trámite la propuesta y, de ser así, la remitirá a las organizaciones, que acordarán su tramitación por la mayoría de cuatro de quintas partes. De esa manera, no es precisó recurrir a un número de firmas, sino al apoyo mayoritario de la sociedad civil, aunque en todo caso la palabra última la tendrá la Junta.
Consultas populares
Por otro lado, el texto regula las consultas populares, si bien el vicepresidente recordó que no son referenciadas, sino que se abren para asuntos concretos, en los que se pueden introducir matices, lo que hará que sean “más enriquecedoras” y serán vía telemática. “Se tiene que parecer lo mínimo a un referéndum”, aseveró, ya que éste es competencia exclusiva del Estado y requiere de su autorización.
Como ejemplos de lo que serán estas consultas una vez aprobada la ley, De Santiago-Juárez enumeró la apertura de los comercios en festivos o preguntar a las ampas si se deben hacer deberes escolares en casa. “Va dirigido a un colectivo, si un territorio no puede votar por todo un territorio, tampoco un colectivo por todos”, indicó. Una vez decidida una consulta, que puede pedir tres personas, una organización o puede convocar la Junta, habrá diez días para la votación telemática.
“Más transparencia, más colaboración y más participación, por aquí camina la democracia del siglo XXI”, resumió, tras subrayar que la transparencia “se confundió como un antídoto” contra la corrupción, cuando se trata, y no surge “por eso”, de pasar al ciudadano por las administraciones una “información que es suya”.
