Izquierda Abierta pide explicaciones por el accidente de la Vasco de 2013

Pozo Emilio del Valle Hullera Vasco-Leonesa

ICAL

Después de conocer la imputación de la Dirección de la Vasco por el accidente que en 2013 ocasionó la muerte de seis mineros en el pozo Emilio, Izquierda Abierta (Izab) Castilla y León consideró que es el momento de poner sobre la mesa las responsabilidades políticas “en el contexto generado por el PP durante los años 2012 y 2013” en el sector cuyas últimas consecuencias se están sufriendo en forma de desmantelamiento del carbón nacional en las comarcas mineras. Por ello, la coportavoz de Izab en Castilla y León, Adelina Rodríguez, pidió explicaciones tanto al Gobierno autonómico como al nacional por este accidente.

La formación esperó que, una vez que la justicia “parece haber encarrilado y centrado las responsabilidades penales” se imponga “una condena ejemplar”. Izab recordó que los recortes que inició el PP, el incumplimiento del Plan del Carbón “hurtando a las cuencas el 63 por ciento de las inversiones y ayudas comprometidas” también incluyó la desaparición de las partidas destinadas a la prevención de riesgos laborales en el sector.

Desde Izab se señaló que las competencias propias en materias de inspección y prevención de riesgos laborales son también una competencia del a Junta y el sumario de la causa pone de manifiesto que “los responsables políticos de la Comunidad no pueden aducir ignorancia en una situación que anunciaba a gritos el desenlace fatal y contra el cual no se tomó ninguna medida contra la empresa”, lamentaron a través de un comunicado.

Para Izab, la justicia y la exigencia de responsabilidades políticas “deben ir en paralelo” y consideraron “sangrante” que sea imposible no concluir que el PP “vía recortes, vía autonómica” incumpliendo sus obligaciones son “corresponsables de este accidente”, por lo que “ninguno” de los puestos de la Junta en materia de minería “debería permanecer en sus puestos por esta causa” por “decencia política, por vergüenza y por ser colaboradores indirectos del drama de seis familias a causa de su política liquidadora” de un sector estratégico para España.

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