Los grandes ayuntamientos de León no publican todos los pagos a empresas en sus portales de Transparencia

El 28 de septiembre es el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, según la Unesco, más conocido en España como el Día del Derecho a Saber como apunta la Fundación Civio, uno de los grandes actores en defensa de la Transparencia en España.

Para recordarlo, iLEÓN se suma a la serie de noticias que se publican hoy en todos los medios nacionales dando cuenta del más que notable retroceso en la información que los grandes ayuntamientos de la provincia han experimentado a la hora de publicar los pagos a proveedores, unos datos que son considerados por la Ley de Transparencia como “publicidad activa”; es decir, de obligatoria publicación en sus portales de Transparencia.

Las administraciones municipales leonesas no son un ejemplo a la hora de cumplir esta legislación de Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno; de la que existen dos normas aplicables a ellas, la estatal y la autonómica. Como ya indicó este digital en un amplio reportaje hace justo dos años, el 90% de los alcaldes no se molestaba en que se hiciera cumplir en el primer año desde que fuera obligatorio tener en marcha un Portal de Transparencia en sus webs municipales.

Pero es que a día de hoy, la situación en los grandes ayuntamientos de la provincia leonesa es aún peor. Mucho peor. Como si se hubieran olvidado sus regidores, concejales y funcionarios de que las leyes están para cumplirlas el ciudadano tiene mucho más difícil, y a veces hasta imposible, conocer en qué se ha gastado el dinero de las arcas municipales y qué empresas lo han recibido; por mucho que sea absolutamente obligatorio informar de esas cantidades cada trimestre para garantizar “el control ciudadano de las finanzas municipales”.

Ya no sólo es que los funcionarios y alcaldes se resistan con uñas y dientes a responder a las peticiones directas de información, sino que, para colmo, suelen vender que tienen altísimos índices de Transparencia con la trampa de que suben muchos documentos y cumplen en tener un alto porcentaje de carpetas para información pública. Pero, como ocurre con el Ayuntamiento de León, la alta nota no sirve para que los leoneses puedan conocer trimestralmente a qué empresas se les paga qué, o en qué se gastan los servicios municipales el presupuesto.

Un descaro tal, dándose el pote de transparente cuando estaba ocultando información económica, que en marzo de 2017 iLEÓN detectó que había incluso llegado a borrar los pagos a proveedores de tres años fiscales (de 2011 a 2013).

León, sin actualizar los pagos a empresas desde 2017

Es precisamente el Ayuntamiento de León el caso más sangrante en la revisión que se ha efectuado por parte de este periódico digital en lo referente a la información de gastos municipales.

La obligación de disponer la información de pago a proveedores y de gastos en contratos menores (léase desde una obra en una calle hasta los gastos telefónicos o de calefacción de las distintas instalaciones municipales) es, según la Ley de Transparencia, no sólo de “publicidad activa” (es decir, visible en su web, pública y accesible con facilidad al ciudadano), sino de obligatoria inclusión por trimestres. Cada tres meses ha de publicarse en el Portal de Transparencia.

Pues bien, en el Ayuntamiento de León en la sección dedicada a informar de las operaciones de proveedores, no puede encontrarse una sola información desde hace siete trimestres; es decir, no hay nada publicado de los pagos de 2017 (el PDF está vacío de contenido) ni de 2018 (ni siquiera existe el documento), pese a que sí se pueden acceder a los gastos de los años 2014 a 2016. Además, sólo se puede conocer los pagos de más de 3.005,06 euros pese a que se deberían consignar todos los proveedores, desde el más pequeño hasta el más grande.

Tampoco se puede acceder a los gastos por contratos menores desde que se publicó por última vez en tiempos del equipo de Gobierno de Emilio Gutiérrez (cuando ni siquiera tenían obligación de hacerlo), en el año 2014 y con un archivo en que se destacaba todo tipo de gasto por pequeño que fuera. Desde que entró el equipo de Antonio Silván no sólo no se ha podido acceder a esta información pública sino que hasta el mismo Ayuntamiento negó una petición directa de Transparencia, que también desestimó el Comisionado de Castilla y León en la materia (el Procurador del Común en esencia), pese a tener iLEÓN una copia que se puede descargar aquí.

Lo único de lo que sí se puede saber con cierta precisión es el reparto de las subvenciones, sobre las que este digital ya realizó una información en la que se descubría que la mayor de ellas, y de forma directa, se la llevaba el Museo de Semana Santa de León en 2017. Medio millón de euros, más que todas las asociaciones sociales juntas. Pero eso sí, se pudo informar de forma más que exaustiva de todas las asociaciones que recibieron ayudas públicas municipales.

En resumen, la política a seguir de Antonio Silván y su concejal de Economía, Agustín Rajoy, ha hecho retroceder más allá de las buenas prácticas del comienzo al Ayuntamiento de León en la Transparencia que de verdad importa: la del Derecho a Saber en qué se gastan los dineros de las arcas municipales de la capital de la provincia. Hasta el Comisionado de Transparencia llegó a reprenderlo por no colaborar en marzo de 2017.

Lo que en la práctica impide la fiscalización de los ciudadanos de lo que hacen los políticos, uno de los puntales más básicos y principales de la legislación de Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Lo curioso es que el equipo de la Concejalía de Hacienda de Agustín Rajoy fue el que arrancó el buen comienzo de la Transparencia en el Ayuntamiento de León publicando de forma correcta esos datos en el mandato de Gutiérrez... y ahora en el de Silván los oculta todos ignorando la más mínima práctica de Buen Gobierno.

Ponferrada, cómo cumplir el mínimo sin informar de nada

La segunda ciudad de la provincia, Ponferrada, tampoco es que sea un dechado de virtudes a la hora de informar cuáles son las empresas que se llevan la mayor tajada de su presupuesto municipal.

Es más, en las informaciones de los pagos a proveedores ya desde el principio emitían información muy sesgada, ya que sólo apuntaban a los pagos de más de 100.000 euros. Únicamente se podían conocer las empresas que recibieran más de esa cantidad, lo que en la práctica evita que el ciudadano conozca la identidad de la gran mayoría de las empresas y profesionales que cobraban de las arcas municipales.

Pero es que ha cambiado la documentación y ahora ya es imposible conocer qué es lo que cobra cada compañía, porque en una torticerísima interpretación del Derecho a Saber, lo único que publica es el listado de las empresas por tramos de cobros (de 100.000 a 500.000, de 500.000 a un millón y de más de un millón) y siquiera sin especificar cuánto paga a cada una de ellas (véase en este documento de un mísero folio el listado de 2017).

Para colmo de males, no sólo es que ya no indique qué paga a cada empresa (hace un par de años sí lo especificaba) sino que ahora informa a finales de año, pese a que la Ley especifica “trimestralmente” y por tanto no se sabe nada de las grandes transferencias municipales a compañías privadas de los dos primeros trimestres de 2018.

Respecto a los gastos en contratos menores, la Administración municipal de la capital de la comarca berciana tampoco los muestra en plenitud. Lo único que hace es publicar los que corresponden a los firmados que superen una cantidad de 5.000 euros, otro sesgo que evita que se conozcan, por ejemplo, los pagos de asuntos menores que son, precisamente, en donde más se concentran los coladeros de dinero público.

Al menos, eso sí, lo tienen actualizado, los últimos datos son del 1 de enero al 30 de mayo de 2018 y se pueden consultar pinchando aquí. Aunque, en todo caso, la falta de información es notoria al negar al ciudadano poder fiscalizar cada céntimo que se mueve del Ayuntamiento como exigen las Leyes de Transparencia, ya que en todo caso se están hablando de contratos menores.

San Andrés, muy flojo, y Villaquilambre inexistente

Por último, quedan los dos ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de la provincia de León, que son los dos del alfoz de la capital leonesa. En este caso la circunstancia de cada uno de ellos es dispar, ya que hace dos años cuando iLEÓN realizó el primer sondeo de cómo se llevaba a cabo el cumplimiento del Derecho a Saber las dos administraciones municipales carecían de Portal de Transparencia, pero hace poco tiempo San Andrés del Rabanedo lo estrenó.

Pese a todo, la información ecomómica sobre los pagos de San Andrés es escasa, pero está disponible al público desde el año 2015 hasta este 2018 e identifica las empresas y el resultado de las adjudicaciones tanto de los contratos menores como mayores en un sólo documento descargable (como éste).

Sin embargo, no cumple las expectativas, puesto que vuelve a hurtar a cualquier persona conocer cuáles son los gastos menores (teléfono o calefacción en una instalación municipal, los pagos en publicidad a los medios de comunicación o las suscripciones, el pago de botellines de agua para los concejales y otra serie de pequeñas cantidades por poner un ejemplo) al no referirse más que a la mínima información posible. Que sólo tenga adjudicadas el tercer ayuntamiento de la provincia 14 obras en 2015, 13 en 2016, 14 en 2017 y 14 en 2018 parece un poco de chiste. ¿Seguro que no hay más gastos?

Por su parte, en Villaquilambre, uno de los municipios pioneros en comunicarse por Internet con sus vecinos desde antes de que comenzara el siglo XXI carece de Portal de Transparencia. Alguna información institucional se puede encontrar en su web, pero para informar al ciudadano no sirve el Perfil del Contratante, porque lo que se dispone ahí son los anuncios para que las empresas opten a conseguir obras y servicios. La legislación de Acceso a la Información y Buen Gobierno es clara: hay que informar trimestralmente de los pagos a los proveedores y de los gastos municipales. Aquí no se cumple esa premisa de ninguna manera.

Y todo este retroceso en la información de los gastos municipales se da en unos ayuntamientos implicados en la Operación Enredadera, lo cual es más sangrante (el de Ponferrada no lo está por ahora). Algo de lo que iLEÓN ya alertó en julio pasado con el reportaje: “Los ayuntamientos leoneses de 'Enredadera' se saltan la ley para ocultar contratos'.

iLEÓN seguirá reivindicando la excelencia en la Transparencia Pública por ser la mejor herramienta contra la corrupción y la más sencilla y barata para toda la ciudadanía, que puede suponer un ahorro de miles de millones de euros en todo el Estado, y de decenas en los grandes municipios de la provincia en cada mandato.