El consejero de Medio Ambiente se libra de la primera denuncia ante la Fiscalía por la caza de lobos
En la primera gran batalla judicial del lobo ibérico 'contra' el consejero de Fomento y Medio Ambiente en la Junta de Castilla y León, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, el vencedor es el político y también magistrado en excedencia.
Según ha podido confirmar iLeon.com de fuentes oficiales de la Fiscalía General del Estado, ante la que la prestigiosa asociación ecologista WWF interpuso la denuncia en junio de 2016 contra el político leonés, este organismo archivó casi tres años después, el pasado mes de marzo, aquel intento por hacer que Suárez-Quiñones pagara penalmente por la muerte autorizada a disparos por la Junta de hasta seis ejemplares en la franja al sur del río Duero, donde la actividad cinegética contra el lobo ibérico está expresamente prohibida por la Unión Europea en los anexos II y IV de la Directiva Hábitats.
La Fiscalía resolvió esa denuncia tras, asegura, contraponer los datos que aportaba el secretario de WWF, Juan Carlos del Olmo, a las respuestas que sobre cada uno de los seis casos de lobos abatidos a disparos daba la propia Consejería de Fomento y Medio Ambiente que dirige el político leonés, hoy cabeza de lista a las Cortes de Castilla y León por el Partido Popular. Además, “se solicitó el apoyo de la Unidad del Seprona adscrita al fiscal de sala de Medio Ambiente y Urbanismo”.
Sin “indicios de incumplimiento”
En un informe oficial posterior, con toda esa información, se destacó que “en los procedimientos administrativos (de la Junta) que dan cobertura a los abatimientos de los lobos no se ha encontrado indicios de incumplimiento”. Es más, “parece argumentarse sobradamente la autorización para el abatimiento, estando dichos argumentos bien asentados”, concluye ese informe, eso sí, “sin perjuicio de que los argumentos científicos que se alegan puedan ser susceptibles de debate”.
En otro orden de cosas, tampoco “ha resultado acreditada irregularidad alguna desde la perspectiva jurídica” que podría haber justificado “el inicio de una investigación penal”, por lo que se propuso el archivo de la denuncia que decretó el fiscal de sala el 15 de marzo de 2019.
Al notificar esta decisión a la ONG denunciante, la Fiscalía le indicó que en adelante por este tipo de casos “sería conveniente que dieran noticia de esos mismos hechos” no sólo a la Sala de Medio Ambiente y Urbanismo sino a la Guardia Civil competente para que “puedan practicar sin demora las primeras diligencias de investigación”.
Justificado por los daños a la ganadería
La Fiscalía General zanja así, en favor de la Junta y su actuación entonces, el polémico abatimiento de cuatro lobos (luego hubo otros dos más) que aquel año 2016 había anunciando que abatiría al sur del Duero tras reunirse con organizaciones agrarias a raíz de varios presuntos ataques a rebaños. De hecho, entonces la Junta aseguró que la muerte de los ejemplares, como un macho de entre dos y tres años en época de cría, situado en una finca de Salamanca, estaba justificada por esos ataques en la provincia charra “en los últimos meses”.
Sin embargo, la decisión de archivar aquella causa pendiente de 2016 no pone fin al 'cepo' que los ecologistas le ponen a Suárez-Quiñones por este mismo motivo. Es más, apenas tres días después de que en febrero se archivara aquella denuncia, la organización conservacionista Lobo Marley anunciaba que la Fiscalía admitía a trámite una denuncia nueva interpuesta por su presidente, Luis Miguel Domínguez Mencía.
En este caso, Lobo Marley pretendía que hay presunta responsabilidad penal del consejero Suárez-Quiñones por la aprobación de un nuevo atajo legal para poder abatir ejemplares de esta especie en la Sierra de la Culebra, en la provincia de Zamora.
Un rosario de sentencias en contra
Al anunciar estas nuevas batidas en esta zona, el político leonés admitía que se daría muerte a través de la caza a los ejemplares que fueran necesarios a pesar de que la Justicia mantiene suspendida al norte del Duero la caza hasta el año 2020 tras una sentencia ganada por la asociación ecologista Ascel.
En aquella sentencia, una de las varias contra la actitud de la Junta, se anuló el plan de gestión del lobo, el instrumento jurídico usado por la Junta para autorizar la muerte de 429 lobos por cazadores entre los años 2016 y 2019. Pero a pesar de todo, el consejero sigue defendiendo que aunque también “la resolución de cupos del lobo está suspendida por el TSJ a petición de una entidad ecologista”, la Junta la tiene recurrida. Y “aunque no se puede cazar el lobo al norte del Duero en la temporada que termina ahora, el lobo sigue causando daños y la Administración debe hacer el control necesario”, insistió en declaraciones públicas.
