Ecologistas en Acción, asociaciones y vecinos alegan contra la embotelladora de Pascual en Valdejamuz
Ecologistas en Acción, asociaciones y vecinos han presentado más de 650 alegaciones a la Junta de Castilla y León solicitando la revocación de la solicitud de autorización del aprovechamiento de un millón de metros cúbicos al año de agua para una planta embotelladora en Quintanilla de Flórez.
Este macroproyecto del grupo empresarial Pascual (Bezoya), ubicado en esta localidad del municipio de Quintana y Congosto, ha encendido todas las alarmas de los habitantes de la comarca tradicional leonesa de Valdejamuz ante lo que supondría una “considerable reducción de los recursos hídricos de la zona” y una “intromisión en del derecho a la propiedad privada para los dueños de los terrenos afectados por la concesión”.
La aceptación de esta solicitud por parte de la dirección general de Minas viene refrendada por un “inquietante” informe de la Confederación Hidrográfica del Duero, a juicio de Ecologistas en Acción. Un documento que “considera que una primera fase, de 500.000 metros cúbicos al año, es compatible con el Plan Hidrológico, pero condicionada a controles trimestrales -desde el inicio hasta el final de la concesión- de los caudales surgentes y de presión de los pozos artesianos que dan suministro a la población de Quintanilla de Flórez”.
Ante esta previsible afección al abastecimiento a poblaciones reconocida por el organismo de cuenca, responsable de la gestión del agua, el principio de precaución -a juicio de Ecologistas en Acción- “exige realizar las comprobaciones necesarias que garanticen estos suministros preferentes antes de continuar con la tramitación, ya que en las actuales circunstancias el aprovechamiento no puede ser compatible con el Plan Hidrológico vigente”.
Otro de los “aspectos más preocupantes” del proyecto son, según ha apuntado la organización ecologista, los exclusivos derechos que la concesión otorga al promotor sobre los terrenos afectados por la explotación (públicos, privados e incluso el núcleo urbano de Quintanilla de Flórez), al establecer un perímetro de protección de más de 2.000 hectáreas en el que “no se podrán llevar a cabo actividades que perjudiquen el normal aprovechamiento de las aguas adjudicadas”.
“Las restricciones y prohibiciones sobre estos terrenos constituyen una clara intromisión en el derecho a la propiedad privada y a la libre disposición de sus legítimos dueños, refrendado tanto por la Constitución Española como por La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”, ha subrayado.
“El especulativo negocio del agua embotellada sustenta su alta rentabilidad en la explotación de un bien público y escaso como es el agua, concedida por la Administración en condiciones muy ventajosas a empresas privadas para su exclusiva explotación comercial, además de tratarse de una actividad con un alto coste medioambiental que genera miles de millones de envases de plástico de un solo uso”, ha apostillado.
Por todo ello, Ecologistas en Acción de León ha reiterado su total oposición a este proyecto, de “gran impacto sobre los recursos hídricos de la zona” y “agravado por el efecto del cambio climático”, y ha vuelto a rechazar “una inadmisible injerencia en los derechos sobre la propiedad privada de sus legítimos dueños”.
