'Sobre corrupción, pliegos, funcionarios y políticos'
No creo ser una excepción si digo que determinadas declaraciones sobre corrupción en contratos públicos y cómo se gestionaban efectuadas en los Tribunales y con autoinculpación del que lo exponía, además de producirme indignación y nauseas, me han producido cierta ¿sorpresa? sobre cómo se gestionó esa masa enorme de corrupción.
Lo más sorprendente del asunto, al menos para mí, es la escasa por no decir nula consecuencia sacada de esas declaraciones ratificadas por otros declarantes. En efecto, aparte el eventual amañamiento de la licitación, que presupone inexorablemente la existencia de una adjudicación directa o unos pliegos donde “todo para el amigo” pueda ser posible y eso sólo puede darse con lo que se llama “criterios sujetos a juicio de valor” en los pliegos de la licitación y, obviamente, la colaboración del encargado de esas evaluaciones para evaluar lo que deba ser evaluado, lo más impactante es que, según esas declaraciones a las que hago referencia, la mayor parte de esa “mordida” llegaba por la vía de unos modificados absolutamente falsos, pero esos no los podía firmar el “político de turno” implicado en esa ilegal y obscena corrupción, ni apoyarse en unos pliegos con importantes puntuaciones de carácter subjetivo, sino que ha debido ser firmado por funcionario competente y sin cobertura en la que ampararse y eso es mucho más grave porque quiere decir que el mal de la corrupción no es sólo político, sino que cual tiene cómplices dentro de la Administración sin los cuales hubiese sido imposible que se efectuase esa “mordida” y por ello no es sólo cosa de “políticos corruptos” manzanas podridas infiltradas en el nivel político.
Por ello dentro de la estupefacción que esa declaración ante un Tribunal me produce como a cualquier ciudadano, entiendo lo que aparecía de comentario sobre ello en El Nuevo Lunes cuando hablando sobre esta lacra decía:
“En estos momentos puede uno suponer que ningún político se arriesgará a recoger dinero para sí o para su partido ni ningún empresario a entregarlo, pero son más difíciles de detectar otras corrupciones más sutiles, como la de los técnicos cuyos informes pueden decidir una adjudicación.
“En estos momentos puede uno suponer que ningún político se arriesgará a recoger dinero para sí o para su partido ni ningún empresario a entregarlo, pero son más difíciles de detectar otras corrupciones más sutiles, como la de los técnicos cuyos informes pueden decidir una adjudicación.
“¿Quiénes son los corruptos, preguntábamos a un constructor importante, los técnicos o los políticos?”. “Pues muy sencillo –sentenció nuestra fuente –. Es como la dinámica del junco: Cuando el político quiere trincar, el técnico, como el junco cuando sopla el viento, se retira. Cuando el político no puede trincar, como ahora, se levanta el junco y trinca el técnico, que es lo más habitual”“.
“¿Quiénes son los corruptos, preguntábamos a un constructor importante, los técnicos o los políticos?”. “Pues muy sencillo –sentenció nuestra fuente –. Es como la dinámica del junco: Cuando el político quiere trincar, el técnico, como el junco cuando sopla el viento, se retira. Cuando el político no puede trincar, como ahora, se levanta el junco y trinca el técnico, que es lo más habitual”“.
No sé si el comentario tiene base o no, creo y afirmo que existe legión de funcionarios honestos como también de políticos, pero, como las meigas, corruptos haberlos, “haylos”, y lo imprescindible es limitar en lo posible su capacidad de medrar y dicho más claro, robar el dinero de los ciudadanos y lo que es incluso peor, su fe en las instituciones y la moral pública al tiempo que se subvierte el funcionamiento de las empresas y de la economía de un sector y de un país y es por ello que deben tomarse las medidas necesarias y eso no es predicar en vano ni es un imposible.
La experiencia de todas, o casi todas, las corrupciones conocidas se ha apoyado en adjudicaciones a dedo sin licitación o con las ofertas de cobertura correspondiente, o bien en adjudicaciones con pliegos a medida, cada vez más difícil por la vigilancia pública y la denuncia ante los Tribunales, o, más sofisticadamente, con pliegos donde la valoración de criterios “sujetos a juicios de valor” es relevante en importancia y cuanto más etéreos y discrecional sea la valoración más fácil, y ello porque es complicado, por no decir imposible, que esas valoraciones puedan ser objeto de control jurisdiccional.
Sentado lo anterior, la conclusión es obvia, vayamos a pliegos donde los criterios de valoración sean tan objetivos como sea posible y eso no es sólo aplicable al aspecto económico y que deban ser subastas, es aplicable a todos los criterios a valorar reduciendo los aspectos “sujetos a juicios de valor” al máximo de forma que su peso sea mínimo y deseablemente no superior al 10% de las puntuaciones, y de darse casos de inviabilidad de esa limitación, vayamos a una eliminación de propuestas que no alcancen un valor mínimo predeterminado en lo subjetivo para que, entre las que superen ese corte, la adjudicación sea ya con criterios exclusivamente objetivos.
Lo que sugiero no es ninguna cuadratura del círculo, es, simplemente, cortar de raíz la simiente en la que ha fructificado la corrupción y si no se hace, si se da ésta, que nadie invoque otra cosa que su desidia para hacer abiertas, transparentes, equitativas y no discriminatorias las licitaciones.
