El Consejo General de la Abogacía espera que la Ley de justicia gratuita de Aragón se extienda al resto de comunidades
La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, mostró este jueves su deseo de que la Ley de Servicios de Asistencia y Orientación Jurídica de Aragón, aprobada el pasado mes por unanimidad en las Cortes de esa autonomía, se extienda al resto del territorio. Así lo manifestó en León, donde inauguró las XIX Jornadas del Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria.
“Es un texto novedosos que precisamente ha incluido la regulación del servicio de asistencia jurídica penitenciaria, es pionero en España y esperemos que el resto de las comunidades vayan copiando y elaborando textos semejantes porque es importante”, señaló sobre una norma que pretende completar esta prestación más allá del marco establecido en la Ley estatal de Asistencia Jurídica Gratuita, declarándola como servicio público de interés social y encomendándola a los Colegios de Abogados.
Ortega señaló, preguntada por un posible trato de favor a algunos presos en la actualidad, que no cree que se produzca esa situación en España. “Es verdad que ahora hay políticos y personas de cierto conocimiento social en la cárcel... no debemos perder de vista que la privación de libertad es un tema tremendo y que la mayor parte de presos son personas con muchísimos problemas. No debemos quedarnos en la realidad de las personas públicas sino que entremos a valorar las necesidades y los derechos de tantas personas que se encuentran en la cárcel sin tener esa imagen pública”, reflexionó.
Acompañada del presidente del Consejo General de la Abogacía de Castilla y León, Julio Sanz Orejudo, y de los decanos saliente y electo del Colegio de Abogados de León, José Luis Gorgojo y Fernando Santocildes, Victoria Ortega abrió oficialmente unas jornadas que abordan cuestiones com la igualdad de género, a la que el Consejo General de la Abogacía Española dedica este año o la relación con los medios de comunicación.
Datos a Hacienda
La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española se mostró optimista sobre el recurso presentado por este organismo ante el Tribunal Supremo (TS) contra el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que permite la cesión a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) de información sobre la participación de abogados y procuradores en los más de 23 millones de procedimientos judiciales tramitados durante los años 2014, 2015 y 2016.
“Estamos convencidos de que vamos a tener razón; vamos a esperar a ver cómo se resuelve porque entendemos es una vulneración de la Ley Tributaria y de la Protección de Datos y por ese tratamiento de sospecha contra toda la Abogacía. Nos parece muy bien que si hay indicios o se sigue una investigacion fiscal se disponga de todos los datos pero crear una sospecha tan generalizada no parece que resulte muy ajustado a Derecho”, manifestó al respecto.
