El Ayuntamiento de León reinicia la contratación del servicio municipal de teleasistencia tras 'anularlo' el Tarccyl
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León ha aprobado esta mañana la nueva contratación del servicio de teleasistencia domiciliaria tras una sentencia del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarccyl) ante el recurso presentado en marzo por la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AETSE) contra los pliegos que rigen la licitación del contrato de este servicio.
Según informa el Gabinete de Prensa municipal, el tribunal autonómico de la Competencia determinó la anulación de la licitación por considerar que los pliegos rectores de la contratación del servicio “vulneran la libre competencia de las empresas y los principios de concurrencia e igualdad” y porque “el contrato es inviable económicamente, teniendo en cuenta el personal a subrogar y los datos contractuales reflejados en los pliegos”.
En la resolución del Tarccyl del 14 de abril de este año 2019, el órgano dependiente del Consejo Consultivo de Castilla y León dejó claro que el recurso debía estimarse, “a los efectos de que con anterioridad a la aprobación de los nuevos pliegos, se configuren el presupuesto base de licitación y el valor estimado del contrato conforme a lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP)”.
Evitar el 'dumping' salarial
Para el órgano del Consejo Consultivo autonónico no se acreditaron en la licitación del anterior equipo de Gobierno del PP dirigido por Antonio Silván “las exigencias que para la fijación del presupuesto base de licitación determina el artículo 100.2 de la LCSP, sin que tampoco pueda considerarse que se ha procedido a la determinación del valor estimado del contrato en los concretos términos que preceptúa el artículo 101.2 de la LCSP”.
“En este sentido, el artículo 122.2 de la LCSP establece que 'en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se incluirán (...) la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación'. Esto es, la LCSP lo establece como un límite, un elemento mínimo homogeneizador, un parámetro de referencia para evitar el dumping salarial en la licitación de los contratos públicos (evidentemente, mejorable en su caso por el convenio de empresa)”, apunta la resolución contra la decisión de aprobar los pliegos de licitación el 15 de febrero de 2019.
El Tarccyl indicó en su resolución que en el nuevo proceso de contratación deberían “consignarse en el presupuesto base de licitación los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos, así como los costes salariales estimados a partir del convenio laboral sectorial, de forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional”. Por último “para el cálculo del valor estimado deberá observarse adecuadamente lo previsto en el artículo 101.2 de la LCSP”.
Para evitar más demoras en la prestación de la teleasistencia, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la nueva contratación de este servicio tras modificar los pliegos de acuerdo a la resolución del Tarccyl— informa de ello la nota de prensa enviada por el Ayuntamiento—, con un presupuesto de 376.783,68 euros IVA incluido, plazo de ejecución de un año con una posible prórroga de un año más.
Otra anulación del mismo contrato en 2016
Destaca de la resolución en contra del Tarccyl, que no es la primera vez que se posiciona contra la fórmula de licitación que aprobó el equipo de Gobierno Popular en el Ayuntamiento de León entre los años 2015 y 2019. Ya es la segunda en la que el órgano que vela por la correcta competencia y contratación pública le da un 'capón', porque en 2016 ya obligó a la administración municipal leonesa a cambiar el sentido de la adjudicación del mismo servicio de teleasistencia domiciliaria.
En concreto, la Junta de Gobierno Local del 23 de septiembre de 2016, formada entonces por concejales del Partido Popular, readjudicó el servicio de teleasistencia a la empresa Clece por valor de 334.294 euros y por el plazo de un año prorrogable a un año más, tras estimar entonces el Tarccyl el recurso presentado por esta compañía.
En este sentido, la Junta de Gobierno presidida por el entonces alcalde Silván dio cuenta de la resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León y acordó dejar sin efecto el acuerdo del Ayuntamiento de adjudicárselo a la empresa Ilunión en mayo de hace tres años. Se da la casualidad de que el entonces presidente del Consejo Consultivo autonómico, y por tanto del Tarccyl, era Mario Amilivia; que también fue alcalde de León con el PP.
