Ecologistas pide implicación para evitar la incineración de residuos en La Robla
Ecologistas en Acción ha remitido una carta, junto con las alegaciones presentadas a la modificación de la autorización ambiental de la cementera de La Robla, dirigida a los alcaldes de los municipios de La Robla, Barrios de Luna, Carrocera, Cuadros, Garrafe de Torío, Matallana de Torío, Pola de Gordón, y Soto y Amío, cuyas poblaciones están expuestas a las emisiones contaminantes que se producen en La Robla, según consta en el Plan de Mejora de la Calidad del Aire de la Junta de Castilla y León.
También se han enviado escritos al subdelegado del Gobierno, a la presidenta de la Diputación y a los jefes de los servicios territoriales de Medio Ambiente, Sanidad y Bienestar Social. Los mismos escritos también se han hecho llegar a los miembros de la Comisión de Prevención Ambiental de León por correo electrónico.
Aunque la autorización de la cementera de La Robla se resolverá en Valladolid y no en la Comisión de León, la asociación ecologista ha creído oportuno poner en manos de las autoridades leonesas sus alegaciones “por la gravedad del asunto y por la polémica que viene suscitando”.
Para Ecologistas en Acción la permisividad de la Junta con Tudela Veguín en La Robla, resulta tanto más escandalosa teniendo en cuenta el precedente sentado con la cementera Cosmos en El Bierzo. “Allí, la Consejería de Medio Ambiente, aplicando criterios técnicos restrictivos, ha dejado sin efecto la autorización de la coincineración de residuos en la cementera Cosmos (BOCyL de 27 de julio de 2012) cediendo a la presión social y aceptando de hecho que esta actividad puede perjudicar la comercialización de los productos del Bierzo. Siendo esto así: ¿cómo vamos a admitir que lo que es malo para vinos, pimientos y frutas, puede ser bueno, o en todo caso inocuo, para las personas que viven en La Robla y en su zona de influencia atmosférica (en la que se incluye la ciudad de León por la acción de los vientos dominantes)?”, se preguntan en el grupo ecologista.
En conclusión se ha pedido a las autoridades leonesas que, en la medida de sus posibilidades, intervengan para evitar que se siga ahondando en esta injusticia social y ambiental.
