Enésimo rifirrafe diálectico entre PP y PSOE autonómicos a cuenta de la ordenación territorial

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Óscar López, reconoció hoy que “es muy difícil sentarse a negociar un mapa de servicios si la Junta hace recortes en el mundo rural”, en referencia a la reorganización sanitaria llevada a cabo por la Junta que, según dijo, es “contradictoria” con el grupo de trabajo creado para desarrollar la Ley de Ordenación del Territorio y su mapa de servicios.

“El problema es tener un acuerdo y con la otra mano recortando”, subrayó López, quien recordó que el acuerdo que se alcanzó en las Cortes se ha cumplido y lo que queda ahora es desarrollar la segunda parte. En este sentido, indicó que ese acuerdo alcanzado con la Junta incluía un plan de empleo dotado con 30 millones de euros, la reapertura de las urgencias médicas en el entorno rural, la aprobación del mapa de servicios con dos tercios de la cámara y salvaguardara el modelo local de Castilla y León. “Todo eso se hizo y es bueno”, remarcó, para añadir que, no obstante, el PSOE llevará un informe a la próxima reunión de este grupo de trabajo, en respuesta al que le entregó la Junta.

Ahora bien, sostuvo, la segunda parte, que es en la que trabaja ahora el grupo, es el desarrollo del mapa de servicios y el estudio de su compatibilidad con la reforma local del Gobierno. Por lo tanto, insistió en que es “incongruente” que se cierren servicios mientras se elabora el mapa, pero aseguró que el pacto “no se rompe” porque ya se ha cumplido en su primera parte.

Éste fue uno de los asuntos abordados por López tras la reunión del Grupo Parlamentario Socialista para preparar el Pleno de la próxima semana, en el que los socialistas llevarán iniciativas relacionadas con la despoblación, desarrollo rural o sanidad, al tiempo que pedirá el apoyo para que la Junta se sume al recurso ante el Tribunal Constitucional de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa y la reforma laboral que, dijo, es necesaria su retirada porque tiene “consecuencias nefastas” para los ciudadanos de Castilla y León.

Sobre el primer asunto, Óscar López incidió en los “brutales ataques” llevados a cabo no sólo por el Gobierno de Mariano Rajoy, sino también por el de Juan Vicente Herrera, y en la Lomce que supone “un retroceso en la igualdad de oportunidades”, por lo que pedirán que la Junta se sume al recurso de una ley que supondrá 60 millones de euros para su aplicación.

Además, criticó que la Junta en los últimos cinco años haya recortado en 680 millones de euros las partidas para educación, a la vez que ha incrementado las cuantías para conciertos educativos en 253 millones de euros en el mismo periodo. Lo ha hecho, indicó, fuera de presupuesto y sin que lo conozcan las Cortes que, a su juicio, es “una apuesta claramente ideológica por la educación privada”.

La respuesta de la Junta

El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, invitó por su parte hoy a la oposición socialista a acudir a los tribunales si cree que la Junta de Castilla y León incumple la ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio y defendió que el pacto con el que se aprobó la normativa está vivo y quieren su desarrollo con el acuerdo del PSCyL.

“Si de verdad creen que se incumple la ley, el camino es fácil, ir a los tribunales, que algunos tienen mucha afición a ellos”, afirmó De Santiago-Juárez durante su intervención en la jornada de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla y León en la que se analizan la ley autonómica y estatal de régimen local. “No se ha recortado ningún servicio, si alguien cree que sí, que lo diga con nombre y apellidos”, recomendó.

El consejero recalcó que el pacto Junta-PSCyL para desarrollar el modelo territorial en la Comunidad está vivo y así quieren que continúe, pero subrayó que no puede estar “todos los días sometido a tensiones, ultimátum, advertencias o insinuaciones”, en referencia a las dos últimas ruedas de prensa del secretario general del PSCyL-PSOE, Julio Villarrubia, en las que advirtió de que la reordenación de la atención primaria incumple el acuerdo y si no se rectifica, la Junta “se quedará sola”.

En su intervención, manifestó que se puede discrepar del modelo pero insistió en que el acuerdo con los socialistas se cumple y lo que quieren es trabajar en su desarrollo, por ello reiteró que “no es bueno someter” el mismo a “tensiones” ni “amagar” con su ruptura.

Como prueba de que el modelo es bueno, el consejero se refirió a los informes PISA en educación y a los barómetros sanitario y de servicios sociales para recordar que Castilla y León ocupa los primeros lugares. “Algunos pueden cuestionar que haya 3.600 consultorios locales o escuelas con cuatro alumnos, pero hay resultados”, subrayó, motivo por el que añadió que ese modelo se va a mantener.

En declaraciones posteriores a los periodistas, aseguró que la Junta respeta el pacto y explicó que el objetivo para este año es la aprobación, con el apoyo del Grupo Socialista, de las leyes sobre los mapas de unidades básicas de ordenación y mapa de unidades funcionales, como se recoge en la normativa ratificada en septiembre de 2013, además del reglamento de las mancomunidades de interés general y de su cartera de servicios.

“No damos nada por roto aunque el PSOE amaga”, recalcó el consejero, que explicó que están en el grupo de trabajo, donde oficialmente los representantes socialistas no han hecho alusión a la ruptura del acuerdo. “El mensaje que recibo, que está sobre la mesa, es trabajar para avanzar”, aseveró.

Ante los representantes del mundo local de Castilla y León que asisten a la jornada, el consejero reiteró la “perfecta compatibilidad” entre la ley autonómica (Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio) y estatal (racionalidad y sostenibilidad de la Administración Local), insistió en que no hay “ningún conflicto” en la aplicación de la primera y subrayó que éstos han surgido con la nacional de reforma local.

La ley de Ordenación blinda los servicios públicos que presta la Junta en el territorio y ofrece una herramienta voluntaria de unión en mancomunidades de interés general, defendió el consejero, que recalcó que no entra en las competencias de los municipios y diputaciones, que se recogen en la normativa estatal. “Cuando uno mezcla, confunde”, apostilló, para reconocer que en vez de avanzar en una mejor financiación, que es lo que preocupa a las entidades locales, se ha querido echar un “pulso”. “Algunos han pretendido mejorar la financiación quitándose competencias”, aseveró. “Ahora las cosas estarían más claras si se hubiera dejado el pulso”, indicó.

Después de apostar por la reforma de la ley de Haciendas Locales, ofrecida por todos los gobiernos y no cumplida por ninguno, abogó por que el Gobierno central aclare las dudas surgidas al aplicar la reforma local por parte de los municipios, pero apeló al “esfuerzo de todos para sacar adelante las dos leyes”.

“Nos jugamos los servicios, sobre todo en el ámbito local, que es una seña de identidad de la Comunidad”. “Tenemos que estar todos juntos”, aseguró, para añadir que las leyes se deben cumplir y cambiarlas cuando se pueda en el caso de que no gusten, en referencia al alcalde de Mirada de Ebro, el socialista Fernando Campos, que antes había llamado a la “rebelión cívica”. “Las leyes están para leerlas y cumplirlas, me preocupa oír que no se van a cumplir”, afirmó el consejero.

De Santiago-Juárez admitió que pueden existir problemas en la aplicación de la reforma local, aunque añadió que “no tantos si se lee”, pero estimó que en el listado de competencias “no se prohíbe nada” y recalcó que los textos estatal y autonómico son “perfectamente compatibles”.