Los pueblos de León refuerzan su prevención ante los incendios forestales con ordenanzas de limpieza de parcelas
El Ayuntamiento de Luyego ha aprobado su Ordenanza municipal de limpieza de parcelas y vallado de solares para la prevención de incendios en el interfaz urbano-forestal (IUF), según publica el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). La decisión llega después de un verano negro para la provincia de León, el peor del que se tiene registro en términos de superficie quemada, con entre 100.000 y 120.000 hectáreas arrasadas por el fuego, según los datos del sistema europeo Copernicus.
La grave afección de los incendios en la provincia de León actúa como detonante de una normativa municipal que, aunque no es obligatoria para los ayuntamientos, refuerza las obligaciones ya existentes para propietarios y administración local en materia de prevención. Luyego opta así por dotarse de un instrumento propio que permita actuar de forma más directa y concreta en uno de los puntos más sensibles frente al fuego: la limpieza de las parcelas.
Qué regula la ordenanza
La ordenanza establece normas de obligado cumplimiento para los propietarios de terrenos, solares y parcelas situadas en el término municipal, con especial atención a aquellas ubicadas en la interfaz urbano-forestal. Su objetivo es reducir la carga de combustible vegetal y, con ello, el riesgo de propagación de incendios hacia zonas habitadas.
Entre las principales obligaciones figura la limpieza y el desbroce anual de solares y parcelas antes del 1 de junio de cada año. Los trabajos deberán garantizar la eliminación de vegetación seca, restos forestales y cualquier material combustible, así como el mantenimiento de franjas de protección en torno a edificaciones, caminos y núcleos de población.
La normativa regula también la gestión de los restos vegetales, que no podrán abandonarse en el terreno ni acumularse de forma que supongan un riesgo. Se prohíben expresamente prácticas como el depósito incontrolado de residuos verdes, la quema no autorizada o el mantenimiento de parcelas en estado de abandono cuando exista peligro para la seguridad de personas y bienes.
La ordenanza no se limita a imponer deberes a los particulares. El Ayuntamiento asume funciones de vigilancia, inspección y control del cumplimiento de la normativa. Para ello, se prevén actuaciones de inspección de oficio o a instancia de parte y la emisión de requerimientos formales a los propietarios en caso de detectar incumplimientos.
Si el propietario no actúa tras la notificación municipal, el Ayuntamiento podrá ejecutar los trabajos de limpieza de forma subsidiaria, aplicando multas de entre 750 euros (leves) y 1.501 a 3.000 euros (muy graves).
La norma se enmarca asimismo en el Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Infocal), aprobado en marzo de 2025, que no impone la redacción de ordenanzas municipales, pero sí establece un marco de autoprotección y coordinación que los ayuntamientos pueden desarrollar mediante normativa propia.
El contexto político y normativo autonómico
La aprobación de la ordenanza de Luyego se produce en un contexto de inestabilidad normativa en Castilla y León. Apenas un mes después de su aprobación en el Consejo de Gobierno autonómico, las Cortes tumbaron a finales de noviembre dos decretos ley que modificaban aspectos clave de las leyes de Montes, Patrimonio Natural, Urbanismo, Carreteras y Función Pública.
Uno de esos decretos que buscaba “agilizar tareas preventivas” frente a los incendios. Entre otras medidas, eliminaba la necesidad de autorización administrativa para aprovechamientos maderables y leñosos de menos de 100 toneladas o 100 metros cúbicos, permitiendo realizarlos por silencio administrativo positivo si transcurría un mes sin resolución. También suprimía la autorización previa para la apertura de vías forestales que no implicasen cambio de uso forestal.
El decreto introducía además los llamados “anillos de seguridad” urbanos y trasladaba más competencias a las administraciones locales con el objetivo de reducir burocracia y facilitar actuaciones preventivas. Sin embargo, tras su rechazo parlamentario, toda esta regulación decayó y volvió a aplicarse la normativa anterior.
Con esta ordenanza, Luyego refuerza su propio marco de prevención y autoprotección frente a los incendios forestales, ejerciendo competencias que la ley ya le reconoce. Lo hace, además, después de un año que ha marcado un antes y un después en la provincia de León por la magnitud de los fuegos.
