Quiñones, ante la cascada judicial contra sus proyectos desde la Junta y su gestión: “Ninguna preocupación”
“No hay ninguna preocupación, más que decida quien tiene que decidir lo que tenga que decidir”. De esta escueta manera reaccionó ayer en público por primeva vez el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones.
Con la expresión, “quien tiene que decidir”, se refería Suárez-Quiñones a diferentes instancias judiciales a las que en las últimas semanas se enfrentan varios de los proyectos que impulsa su Consejería, muchos de ellos a través de la empresa pública Somacyl.
Pero también él personalmente, tras anunciarse la presentación ante la Fiscalía Anticorrupción documentos sobre lo que los denunciantes, varios colectivos, consideraban un “claro choque de intereses ” y el posible “trato de favor” del consejero a favor de las empresas y proyectos del empresario Macario Fernández, en una de las cuales había sido contratado el hijo del consejero como directivo, tal y como desveló una investigación de ILEÓN. Incluso se acompañaba el hecho de que el consejero hubiera legalizó una vivienda en un parque natural al mismo al empresario, conocido como el `Rey del zinc'.
Precisamente hoy se conocía que Ecologistas en Acción presentaba un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León contra la orden de Suárez-Quiñones que aprobó la figura de 'Proyecto Regional' para la implantación del macrovertedero de residuos industriales y peligrosos en San Justo de la Vega, en el entorno de Astorga. Un controvertido proyecto igualmente impulsado por Macario Fernández.
“Siempre sometidos al criterio de los jueces”
Ante toda esta cascada judicial en su contra y en contra de muchos proyectos y muchos trámites de su departamento, el consejero se mostró muy escueto: “Hay un Estado de derecho. En consecuencia, cada órgano toma las decisiones que estime oportuno y a ellas hay que estar, nada más”. “Estamos acostumbrados a que diferentes proyectos puedan generar recursos”, abundó, añadiendo que no tiene nada que valorar a este respecto porque “cada uno ejerce las acciones que estime oportunas de cualquier decisión de la administración, y las administraciones están siempre sometidas al criterio de los jueces”.
Lo hacía en estos términos ante las preguntas de los periodistas para visitar la construcción de 100 viviendas de alquiler para jóvenes en el barrio de La Palomera de la capital leonesa, cuando se cumplían exactamente 55 días desde su última comparecencia pública en la capital leonesa, desde la polémica rueda de prensa del Cecopi del 12 de agosto en plena oleada de los gravísimos incendios forestales que asolaron la provincia.
En aquella comparecencia había informado de la primera de las cuatro muertes producidas este verano por los siniestros, señalando a la víctima como un voluntario “integrado en el operativo”, algo que el presidente de la Junta, Mañueco, desmintió a las pocas horas. En una convocatoria del día anterior también Quiñones había caldeado los ánimos, afirmando que “tenemos la mala costumbre de comer” al interrogarle sobre por qué permaneció en un ágape institucional en Gijón cuando ya se producían los primeros incendios muy graves. Desde entonces no reapareció en público para dar explicaciones casi un mes después en las Cortes autonómicas, esperando a esta misma semana para recuperar la normalidad de su agenda en la provincia leonesa, con una visita al polígono de Villadangos, y hoy por fin en León capital.
La cita, en la que estuvo acompañado por el alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, fue convocada de manera improvisada y con muy poco tiempo de antelación, de manera que ha sido la primera vez que el consejero ha sorteado las protestas de los bomberos forestales allí donde ha aparecido en las últimas semanas, como pasó recientemente en Villadangos.
