Un nuevo informe de la Junta alerta de deficiencias en el proyecto de macrovertedero industrial en San Justo de la Vega

Un nuevo informe emitido el pasado 15 de enero por el Servicio de Residuos y Suelos Contaminados de la Junta de Castilla y León cuestiona el proyecto de macrovertedero industrial para residuos peligrosos y no peligrosos impulsado por la sociedad Valorización Verde SA, propiedad del empresario babiano Macario Fernández.

Y todo después de que la promotora del proyecto lo rehiciera y haya vuelto a salir a información pública tras un explosivo informe del mismo servicio que cuestionaba los datos usados para su proyección y la idoneidad del mismo, aunque luego se considerada pertinente la continuidad de la tramitación ambiental. Bajo el nombre de Parque Medioambiental de Tratamiento de Residuos se proyectan un centro don dos vertederos que ocuparán 140,58 hectáreas al noreste del término municipal de San Justo de la Vega, al lado del actual Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) provincial.

El macrovertedero prevé el tratamiento anual de de 231.000 toneladas de residuos industriales no peligrosos (RInoP) y 55.000 toneladas de residuos industriales peligrosos (RIP), estos últimos irrecuperables y que se meterán directamente al vaso de residuos según el proyecto. La vida útil del macrovertedero se estima en 15 años para la parte peligrosa y de 25 para la parte no peligrosa.

El informe señala que pese al nuevo proyecto no se han tenido en cuenta las observaciones realizadas por el propio Servicio de Residuos y Suelos Contaminados en un informe de junio de 2024, por lo que reitera la necesidad de que se incluyan si se quiere aprobar el proyecto.

En concreto se critica la falta de concreción de información relativa a cómo sería la valorización de residuos no peligrosos, es decir, el supuesto reciclaje, antes de decidir si esos residuos deben ser enterrados o bien se pueden reaprovechar, tal y como dictaminan las leyes que debe de hacerse de forma prioritaria. Piden que se concrete el tipo de acciones de valorización conforme a la legislación. Según el promotor de los residuos no peligrosos que recibirán, un 40% se consideran residuos reciclables, un 23,50% residuos valorizables energéticamente, es decir como combustible, y un 36,50% se identifican como rechazos que irían directamente al vaso.

El informe señala también que “a la vista del listado de los residuos que se presentan como admisibles en la primera etapa del desarrollo de la planta, se considera necesario trasladar al promotor que se han incluido varios códigos LER de residuos del Capítulo 20 'Residuos municipales y residuos asimilables procedentes del comercio, industrias e instituciones' deberían ser revisados y en su caso debidamente recodificados”.

Además en el documento se señala que la impermeabilización de los vasos diseñada en el proyecto “debe cumplir lo especificado en la Instrucción del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico denominada 'Recomendaciones para el establecimiento de criterios de ubicación, diseño y programas de vigilancia en vertederos', apartado III.2 en lo que se refiere a la lámina sintética impermeabilizante, geotextil de protección, capa de drenaje de lixiviados, capa filtrante y tuberías de drenaje y evacuación”.

También se incluye una mención a que en la documentación del proyecto “en varias ocasiones se hace referencia a posibles ampliaciones a futuro de las instalaciones diseñadas que no se incluyen en el presente proyecto”, lo que notan como importante aunque, por consiguiente, no han sido tenidas en cuenta en la emisión del informe.

La empresa promotora del macrovertedero industrial se llama Valorización Verde SA, cuyo socio único es otra llamada Latem Global Trading SA, que a su vez tiene como socio único a Laminados del Principado, SA, empresa de cabecera del holding del empresario leonés Macario Fernández, en apuros financieros en varias de sus sociedades como Latem Aluminium en Villadangos del Páramo, con un ERTE en vigor.

El proceso de alegaciones al segundo intento de aprobación acaba de finalizar y se espera ahora el análisis de la Junta de Castilla y León y su visto bueno o negativa al proyecto, que ha usado el 'atajo' de Proyecto Regional para acortar plazos y trámites de carácter ambiental.