La Justicia anula por tercera vez la licencia del parque eólico Peña del Gato en León por afectar al urogallo
Nuevo varapalo judicial a la estrategia de la Junta de Castilla y León de reautorizar los parques eólicos ya construidos y anulados por la Justicia en el conocido como nudo de Villameca, entre las comarcas de El Bierzo, Omaña y Cepeda. La Justicia ha anulado, por tercera vez, la licencia del parque eólico Peña del Gato, ya tumbada por los tribunales en los años 2013 y 2015.
Peña del Gato fue el primer parque eólico en funcionamiento y plenamente construido -en el año 2009- cuyas licencias fueron declaradas ilegales por los tribunales. Pero después de la sentencia del Tribunal Supremo del año 2015 que determinó su ilegalidad la Junta de Castilla y León desarrolló una estrategia para reaprobar los parques, que se ubicaron en zonas de alto valor ecológico sin evaluar su afección a una especie en peligro crítico de extinción, el urogallo cantábrico.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 de León anula ahora la licencia que la Junta otorgó en el año 2022 de nuevo al proyecto, intentando salvar el desmantelamiento del mismo al que orientaba la falta de autorización. El proyecto consta de 25 aerogeneradores en los municipios de Torre del Bierzo, Igüeña y Villagatón, para conseguir una potencia total de 50 MW, justo por debajo del límite para que su tramitación fuera por el gobierno autonómico. La solicitud corre a cargo de la empresa Energías Especiales del Alto Ulla, en manos del grupo italiano Enel.
El recurso contra la nueva autorización del parque eólico fue presentado por la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, a través del Fondo para la Defensa Jurídica de la Cordillera Cantábrica financiado por un crowdfunding ciudadano, con el equipo legal de Cordal Abogados. Además, han recurrido las autorizaciones administrativas otorgadas a otros complejos eólicos del nudo de Villameca como La Espina y Valdesamario, también ya anulados en los tribunales por su afección al urogallo cantábrico.
Los recurrentes denuncian que “el parque ha sido legalizado a nivel ambiental como si aún no estuviese construido cuando, en realidad, lleva construido desde hace más de 15 años y sin tener en cuenta los efectos negativos causados durante su funcionamiento ilícito en el pasado”. El abogado Víctor A. Bayón que ha firmado esta demanda destaca que “es intolerable que la Junta insista en volver a autorizar por tercera vez lo que no es legalizable. En caso de seguir insistiendo en legalizar este parque, vamos camino de que toda esta instalación eólica se convierta en el Algarrobico leonés”.
En funcionamiento desde el año 2009
El parque eólico Peña del Gato se encuentra construido desde el año 2009 y desde entonces ha estado en funcionamiento de forma intermitente como consecuencia de los procedimientos judiciales expuestos con anterioridad. En el año 2017 apareció en la zona un urogallo muerto a los pies de un molino eólico, que la Junta solo admitió tras preguntar ILEÓN.
La sentencia estima el recurso presentado anulando las resoluciones impugnadas por considerar que la Declaración de Impacto Ambiental de 2022 no cumplió con los requisitos legales para proyectos ya construidos, en particular la evaluación retrospectiva y prospectiva exigida por la Ley de Evaluación Ambiental, y por no abordar adecuadamente la afección potencial del parque al urogallo cantábrico. La decisión se basa en gran medida en precedentes que exigían el análisis de los efectos sinérgicos y acumulativos del parque y su impacto en esta especie protegida.
La sentencia que anula la nueva autorización señala que respecto a la petición de desmantelamiento de la instalación que se deberá tener en cuenta la realidad del momento para analizar la misma y su impacto en la especie protegida y en un momento crítico como es el urogallo cantábrico.
El Fondo para la Defensa Jurídica de la Cordillera Cantábrica reclaman el inmediato desmontaje de este parque eólico señalando “Esta resolución judicial supone otro bombazo a la política ambiental y energética de la Junta de Castilla y León. El urogallo cantábrico tendrá la oportunidad de recuperar terrenos expoliados de su hábitat”. Además reclaman“la dimisión del Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, Fernando Bandera que es el responsable que autorizó este proyecto; insistiendo en reclamar que la Junta no recurra la sentencia y propicie el desmontaje del parque eólico”.
Juicio a la 'Trama Eólica'
El pronunciamiento judicial llega en pleno desarrollo del juicio en Valladolid de la llamada 'Trama Eólica', una presunta red de corrupción en la Junta de Castilla y León por la que altos funcionarios cobraron mordidas por autorizar parques eólicos en los que participaban empresas locales que ellos indicaban. El exdirector general de Energía y Minas ha admitido el sistema en el juicio en el que declaró como testigo, con 14 exaltos cargos de la Junta de Castilla y León y empresarios juzgados por presuntos delitos de prevaricación administrativa, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, cohecho y pertenencia a organización criminal. Supuestamente se repartieron 75 millones de euros en mordidas entre los años 2000 y 2015, durante la etapa del 'popular' Juan Vicente Herrera.
El parque eólico fue solicitado origialmente en el año 2007 por una empresa participada por Unión Fenosa y el grupo local Lamelas Viloria, que actuó como socio del gigante energético en la planificación eólica de Castilla y León durante los años de desarrollo de la llamada 'Trama Eólica'.
Además, las Cortes de Castilla y León han aprobado esta misma semana un proyecto de ley presentado por Vox, y apoyado por el PSOE en su tramitación, para que se limite la instalación de renovables en Castilla y León con una moratoria por su alto impacto en el mundo rural.
Los incendios de este verano han afectado gravemente a la población de urogallo cantábrico, con solo 209 ejemplares censados antes de los meses veraniegos. Según un informe de SEO/Birdlife se quemó el 30,05% de su área de distribución en Asturias y el 13,15% de su hábitat en la provincia de León, con más de 13.000 hectáreas arrasadas en varias zonas de alto valor como Anllares y Fasgar en la provincia leonesa. La Junta de Castilla y León todavía no ha realizado un evaluación pública. El urogallo perdió entre los años 2021 y 2024 casi un tercio de sus ejemplares vivos, según los informes de los gobiernos autonómicos.
