La Junta extingue la autorización ambiental de la fábrica de Nord Casting en La Robla
La Junta de Castilla y León ha extinguido la autorización ambiental concedida a Nord Casting Industrial Projects, S.L. para su planta de fundición de piezas eólicas en La Robla, según recoge la orden publicada este jueves en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).
El historial de esta autorización se remonta a noviembre de 2009, cuando fue otorgada a Endaki Tecnocast, S.L.. Posteriormente pasó por varias modificaciones técnicas y dos cambios de titularidad: primero a Castmetal León, S.L.U. en 2015 y, más tarde, en 2020, a la actual Nord Casting Industrial Projects, S.L.. La empresa aún realizó una modificación menor en 2021, pero en 2023 entró en concurso voluntario de acreedores, lo que derivó en la intervención de su gestión por parte de la administración concursal.
La medida se produce tras la fase de liquidación de la empresa, cuyo principal activo -una nave industrial inicialmente valorada en cerca de 15 millones de euros- bajó en otoño su precio de subasta pública a cuatro millones.
En abril de 2024, el Juzgado de lo Mercantil de León aprobó un ERE de extinción que dejó en paro a casi un centenar de trabajadores, tras varios meses de incertidumbre en los que permanecieron en permiso retribuido sin poder acceder a prestaciones. El retraso en la ejecución del expediente, unido a salarios impagados y a la falta de transparencia en el proceso concursal, desató duras críticas de los sindicatos, que denunciaron el desmantelamiento progresivo de la factoría y la ausencia de un plan real de viabilidad para la empresa.
La nave, ubicada en el Polígono Industrial de La Robla, cuenta con 21.796 metros construidos construidos sobre una parcela de 49.749, además de oficinas y maquinaria capaz de producir 30.000 toneladas anuales de piezas de fundición de hasta 60 toneladas.
Un informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, fechado en julio de 2025, constató que la planta estaba cerrada, sin actividad productiva, con residuos sin gestionar y signos de desmantelamiento. Según las inspecciones realizadas en julio de este año, la planta permanecía cerrada, sin producción, con residuos sin gestionar en el exterior y signos de desmantelamiento en el interior. Además, la compañía solo había presentado informes de control ambiental hasta 2023, desatendiendo los requerimientos posteriores de la administración.
En este sentido, la extinción de la autorización ambiental implica la baja de la instalación en el inventario estatal de actividades contaminantes y su comunicación al Ministerio competente.