El Gobierno impulsa el proyecto para llevar energía eléctrica a Torneros, cuya Plataforma Logística prometió iniciar ya
Un pasito más. Pequeño pero hacia adelante. Eso supone el contrato público que acaba de poner en marcha la Entidad Estatal de Suelo (Sepes) para contratar a alguna empresa la redacción del proyecto que permita llevar por fin el primer servicio de la futura Plataforma Logística Intermodal de Torneros: la energía eléctrica.
En concreto, la entidad pública que depende del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y que pilota Torneros desde hace una década acaba de poner las condiciones en forma de pliego para redactar el proyecto de la traída de una línea eléctrica y la ejecución de una nueva subestación eléctrica en una parte de los terrenos seleccionados para la plataforma, entre los municipios de Onzonilla y Vega de Infanzones. El plazo para acometer esa redacción será de apenas 105 días (menos de cuatro meses) desde que se formalice el contrato de un procedimiento en el que se reserva un presupuesto de 110.110 euros.
Eso quiere decir que ni siquiera este año 2023 estará lista ya no la ejecución misma de la red eléctrica sino al menos el proyecto que debe guiar estas obras. Unos trabajos tan básicos como imprescindibles para que cuando entre la primera máquina a ejecutar la parcelación inicial de la futura Plataforma para transporte y logística al menos se disponga sobre el terreno la energía eléctrica suficiente para los trabajos de urbanización.
El problema estriba en que, con estos plazos en la mano, en este año 2023 finalmente no habrá obra de ningún tipo en un proyecto vital para el futuro económico de la provincia de León pero que se viene comprometiendo desde hace 16 años. El plazo de 2023 como el de inicio de los primeros trabajos fue un compromiso público lanzando por la Delegación del Gobierno en Castilla y León y el Sepes cuando en otoño del pasado año se presentó el proyecto de la Plataforma Logística de Torneros, remarcando además que la primera fase tendría una inversión aproximada de 25 millones de euros.
Hasta ahora ha habido un último escollo, el de disponer de todo el terreno en el que se ha diseñado la plataforma en sus cuatro fases. Pero ese trámite ha recibido un reciente espaldarazo de la Junta de Castilla y León, que esta vez sí dentro de plazo ha tramitado en tiempo y forma las expropiaciones necesarias, que no eran pocas: faltaban por adquirir para ponerlas en manos del Sepes un total 54 parcelas que suman 375.000 metros cuadrados, las de aquellos que no se avinieron cuando el estado compró el grueso del terreno necesario, hace ya doce años. La Junta se compromete a tener culminado el trámite completo antes de fin de año.
De lo que finalmente no se sabe nada, agotándose ya el año prometido, es dela noticia más esperada: la licitación pública de las obras de la primera fase. Un trámite que desvelará cuál será la inversión pública final al menos para la primera e inicial fase de construcción, urbanización, parcelación e instalación de los servicios básicos, para las que se supone que Sepes dispone de presupuesto desde hace años en reserva para el eterno proyecto logístico leonés.
