La Fiscalía cierra el juicio contra Alfredo Prada tildando de “parque temático” de 332 millones el fallido Campus de la Justicia
Un “parque temático” en el que se llegaron a realizar gastos totales de 332 millones de euros de dinero público para un triste bagaje que suma apenas “unos pocos túneles y un edificio” de los 16 previstos; un megacontrato “a dedo” con el arquitecto mundialmente conocido Norman Foster; y todo ello, sin informes legales ni criterios de contratación pública para que el político Alfredo Prada Presa “se pusiera constantemente la medalla política o de gestión de que estaban haciendo una cosa maravillosa”.
Así se gruesa se resume la argumentación final del Fiscal Anticorrupción en el juicio contra el político leonés que está a punto de quedar visto para sentencia en la Audiencia Nacional y en el que le piden al senador del PP por León, ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid y del Senado con Esperanza Aguirre ocho años de prisión por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en la construcción del Campus de la Justicia de la capital de España.
Con la fase ya de conclusiones definitivas, la Audiencia Nacional ha reanudado este lunes la vista con la fase de conclusiones definitivas y el fiscal ha pedido también para Prada Presa una condena de 13 años de inhabilitación, manteniendo los seis de prisión para los restantes seis acusados que le acompañan en el banquillo por los contratos adjudicados entre 2005 y 2008, como es el caso del también leonés Alicio de las Heras, director del área financiera de Campus; el comisario 'político' Andrés Gómez Gordo; Félix José García de Castro, letrado contratado; Isabelino Baños, arquitecto y director general técnico del proyecto; Mariano Sanz Piñar, subdirector técnico; y Rogelio Fernández-Quintas Arias, también abogado y vinculado con la provincia leonesa. Y es que fueron muchos los leoneses con los que Prada se rodeó para el fallido y megalómano proyecto.
Por su parte, el letrado de la acusación que ejerce la propia Comunidad de Madrid, el también abogado leonés Diego García Paz, defendió que todos los delitos allí cometidos, bajo la versión que defendió con las pruebas y testimonios recabados en el largo juicio, tenían un “patrón de conducta” y acabaron “generando un muy grave quebrando a la Comunidad de Madrid”, por la que mantuvo su petición inicial de 13 años y 3 meses de cárcel y 49 años de inhabilitación para Prada, 11 años de prisión para Andrés Gómez Gordo y otros tres acusados y dos años y 3 meses para el resto. Porque fueron, a su entender, “colaboradores necesarios” de los delitos que les imputa.
Los argumentos de la defensa
Por su parte, el abogado defensor Prada ha pedido la absolución del político, señalando en todo momento a la responsabilidad última no de él sino de los altos funcionarios y técnicos de Campus. Por ejemplo, la secretara general, Lourdes Manovel, a la que Prada conoció en León, y que le acabó señalando en el juicio como “el único órgano de contratación” del organismo. Manovel estuvo sólo inicialmente imputada.
El letrado del leonés defendió que los hechos no constituyen delito alguno, porque entre otras cosas “estuvo al frente por ser consejero de Justicia, le venía dado”, y además “no tenía ningún tipo de interés”. También adujo ante el Tribunal la prescripción de los presuntos delitos, por el tiempo transcurrido, lo cual rebatió el fiscal recordando que la denuncia data de 2018. “Jamás Alfredo Prada ha adoptado un acuerdo, una forma de pago o una firma de adjudicación de ningún contrato que fuera en contra de lo determinado por la Mesa de Contratación o el personal técnico”, resumió el abogado, así como “nunca tuvo participación activa en la contratación ni en la elección de las empresas adjudicatarias”.
El fiscal, sin embargo, dedicó gran parte de las casi dos horas de su alegato final a insistir en que el enriquecimento personal, “llevárselo al bolsillo”, no es necesario para la figura penal de la prevaricación que le achaca al político, repasando varios contratos muy cuantiosos sin informe alguno, como el de la friolera de más de 13 millones con Norman Foster sólo porque convinieron con la entonces presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, que era “el mejor del mundo”, pero a través de un contrato menor, sin concurso abierto“ tras rechazarlo el español Calatrava.
El “administrativillo” Alicio de las Heras
Su propia mención llevó del fiscal Alicio de las Heras, al cual irónicamente tildó de “administrativillo” al centrar él mismo su defensa en que no tuvo alta responsabilidad en Campus de la Justicia, y de hecho cobrando 1.200 euros netos al mes. Pero el fiscal recordó que en 2008 acabó cobrando 3.600 euros y todo el mundo le reconoció, como él se presentaba y firmaba, como director Económico y Financiero de la entidad.
Las demás defensas han mantenido también su petición de absolución y alguna ha planteado que alternativamente se aplique la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas en el procedimiento judicial.
