Los testigos del juicio contra Alfredo Prada (PP) en la Audiencia Nacional: “El único órgano de contratación era él”
Todo lo decidía Alfredo Prada Presa, entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid y consejero de Justicia e Interior en el Gobierno regional de Esperanza Aguirre. Así lo han declarado no uno sino varios de los primeros testigos que han ido pasando este miércoles por la primera sesión real del juicio en la Audiencia Nacional contra buena parte de la cúpula que impulsó el multimillonario proyecto del Campus de la Justicia de Madrid, que malogró una inversión pública de 335 millones de euros, y en cuya cúspide se situaba el político leonés del Partido Popular, que fuera diputado nacional y senador por esta formación y esta provincia.
Tras posponerse la vista inicial, hoy la jueza determinó que continuara la sesión al rechazarse todos los planteamientos de las defensas de prescripción de los posibles delitos que se les imputan a Prada y otras cinco personas tras el proyecto tan costoso como fallido. La Fiscalía anticorrupción solicita para Prada ocho años de cárcel por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude, y seis años para quienes le acompañan en el banquillo de los acusados.
Uno de los testigos que mejor resumió la personal implicación y responsabilidad de Prada Presa en todo lo relativo a las decisiones económicas, que resultaron un auténtico agujero negro para las arcas públicas del Gobierno autonómico de Madrid entre los años 2004 y 2008, fue quien fuera entonces vicesecretaria general de la Vicepresidencia Segunda y la Consejería, la leonesa Lourdes Manovel, que lo dejó claro: “El único órgano de contratación era él”.
Resultó un testimonio categórico y plenamente coincidente con el de otros comparecientes ante la jueza, como Paloma Mateo Martín, en aquel tiempo asesora y personal eventual de Alfredo Prada, que ejercía de secretaria no consejera de la sociedad Campus de la Justicia SA, proveniente del Ministerio del Interior .
Ambas relataron, tanto a preguntas del fiscal como del letrado de la Comunidad de Madrid y las defensas, que las reuniones del consejo de administración “eran muy escuetas”, de “apenas 20 minutos”, porque ya desde que se conformó en origen la sociedad se le atribuyó al político leonés la exclusiva competencia respecto a todos los contratos, y por lo tanto sin mesa de contratación efectiva. Prada ejercía de presidente del consejo de administración y ellas dos, imputadas en un primer momento en esta misma causa, fueron finalmente beneficiarias de un sobreseimiento.
“Eso lo llevaba directamente el consejero”, repetían hoy cuando se les preguntaba sobre contratos de asesoramiento, contratos de publicidad, contratos de exposiciones y de visitas e incluso el contrato del famoso arquitecto Norman Foster, premio Príncipe de Asturias de las Artes, para diseñar y construir dos de las 14 edificaciones que compondría el macrocomplejo fallido, y que llegó a absorber hasta 355 millones de euros. Foster llegó a ser interrogado por el juez instructor del caso, José de la Mata.
En esta primera sesión real, llamó mucho la atención la vinculación con León de buena parte de los testigos, dado que un modus operandi de Alfredo Prada en aquella etapa era rodearse de personal de su propia provincia, funcionarial o de confianza.
Y también el elevado número de directivos de la sociedad, sin apenas trabajadores de más alto rango, muchos de los cuales son los que acompañan a Prada en el banquillo: el comisario Andrés Gómez Gordo, director de Seguridad del recinto entre 2007 y 2009, procesado también en el caso Kitchen; Isabelino Baños, arquitecto y director general técnico del proyecto; Mariano Sanz Piñar, subdirector técnico; o Alicio de las Heras, director del área financiera. A ellos se suma Félix José García de Castro, letrado contratado que ejerció como secretario de la mesa de contratación aun siendo asesor externo, como reconoció su socio de bufete, Rogelio Fernández-Quintas Arias, también vinculado con la provincia leonesa.
Hasta se da la coincidencia de que el letrado que ejerce la acusación del Gobierno regional madrileño es Diego García Paz, en su calidad de letrado Jefe del Servicio Jurídico de Civil y Penal de la Comunidad de Madrid, que fuera en su día presidente de la Casa de León en Madrid. El juicio continuará mañana y se alargará aún varios días, sin que de momento haya comparecido el propio Alfredo Prada Presa.
