Las facturas que denuncia UPL en el Ayuntamiento de León son de un contrato vencido y no tienen reparos de legalidad
La polémica por el pago de facturas provenientes de ejercicios anteriores, por alguna de las cuales el grupo municipal de Unión del Pueblo Leonés (UPL) pidió la dimisión del concejal de Hacienda, Carmelo Alonso, amenazando en rueda de prensa con acudir a la Fiscalía, ha centrado hoy el debate de un insulso Pleno ordinario en el Ayuntamiento de León al que iban, otra vez, ciertos Reconocimientos Extrajudicialea de Créditos (REC).
Al tener que defender esta nueva remesa de pagos a empresas por servicios prestados hace mucho tiempo, por valor de 128.000 euros, el Alonso aprovechó para criticar la intención y las maneras del portavoz leonesista, Eduardo López Sendino, asegurando que “sigue sin conocer cómo funciona el Ayuntamiento pese a que lleva veinte años en él”. Le tildó de “forajido”, porque como aquellos se ha dedicado a “disparar y luego preguntar”, con el único objetivo, defendió, de “tener un minuto de gloria”. Y con ello lamentó que por el camino haya “manchado” la imagen de funcionarios y responsables políticos del Ayuntamiento de León.
Lo cierto es que fuentes técnicas municipales aseguran que el proceso seguido y los pagos realizados están dentro de parámetros de estricta legalidad. Las facturas a las que se refería UPL se corresponden con pagos por servicios prestados por el mantenimiento de la flota de vehículos municipales, en las condiciones que marca un contrato que ya está vencido, que no se ha actualizado en precios y condiciones pero por servicios que realmente han sido prestados. Y además, no tienen ningún tipo de reparo de legalidad.
El concejal de Hacienda lo explicó de otro modo: “Estamos obligados a tramitar el pago y el reparo que pone el interventor no se refiere a la factura en sí misma, sino al procedimiento en su tramitación por no haber realizado un expediente de contratación”. “Usted conoce los informes de conformidad de todas las facturas y el REC se utiliza también en todas las administraciones, también en San Andrés y Villaquilambre -donde gobierna UPL-, pero parece que sólo hay irregularidades en León”, quiso zanjar.
El aludido, López Sendino, insistió en recordar que “es usted concejal de Hacienda”, para reclamarle su dimisión. “Si no es capaz, puede coger otra área, pero usted debe fiscalizar todas las facturas que le llegan”, al tiempo que volver a licitar los servicios con contratos más actualizados. Bajo su punto de vista, “no hablamos de facturas por un evento imprevisto, sino que son reiteradas, pero el problema es que hay muchas que están abultadas y eso es algo que debería investigar”, afirmó el portavoz leonesista, que sin embargo rebajó mucho el tono y no mencionó, al contrario que ayer en rueda de prensa, presunto delito alguno ni envío de la documentación a la Fiscalía.
Diez reclama a Sendino “Ser más riguroso”
El alcalde socialista José Antonio Diez al cerrar el debate, y en un tono de leve reproche pero conciliador, reclamó a Sendino “ser más riguroso” e “investigar antes de denunciar” porque “lo que dice es contrario a los informes técnicos”. Y es que este tipo de reconocimientos de crédito son utilizados en todos los niveles de la administración, no sólo en la Corporación leonesa, y además la mayoría de las facturas aireadas por UPL, de los años 2023 y 2024, se refieren al mantenimiento de vehículos, labor que permanecía sin contrato desde 2016, y que ahora ya lo tiene “en vigor”.
“Desconozco el asunto en profundidad, pero ya hay algún informe del que se deduce que igual usted debe retractarse. Le conozco y sé que lo hará”, concluyó, no sin antes matizar las críticas de Sendino al retraso en los pagos por parte del Ayuntamiento: el regidor recordó que León es una de las administraciones que más rápido paga sus facturas, con un plazo medio “por debajo de los ocho días”, aunque no se pueda hacer en todos los casos.
Al final, entre críticas similares de los grupos en la oposición de PP y Vox, en el sentido de no abusar de unos reconocimientos de crédito que deben tener un uso “excepcional” y no tan habitual como ellos lo perciben, los debatidos hoy por valor de 128.000 euros salieron adelante sólo con los votos del equipo de Gobierno del PSOE, la abstención de PP y el concejal tránsfuga de Vox y el voto en contra de la única edil de la formación de extrema derecha.
