UPL pide la dimisión solo del concejal de Hacienda de León entre acusaciones de malversación y cohecho
El portavoz de Unión del Pueblo Leonés (UPL) en el Ayuntamiento de León, Eduardo López Sendino, acompañado por los ediles leonesistas Teresa Fernández y Isidro Ferrero, ha pedido este jueves la dimisión del concejal de Hacienda, Carmelo Alonso, entre acusaciones de malversación y cohecho.
Los leonesistas han denunciado ante los medios de comunicación, que no ante la Justicia por ahora, unas presuntas compras “infladas”, tras detectar lo que describen como “irregularidades graves” en la contratación municipal por parte del equipo de Gobierno del Partido Socialista (PSOE), relacionada con el mantenimiento de la flota de vehículos del Ayuntamiento de León.
El grupo leonesista acusa a Alonso de llevar a Pleno y aprobar “facturas infladas hasta un 35-40% respecto a los precios de mercado habituales, sin expediente de contratación y con el reparo reiterado del interventor”. El portavoz de UPL en el Consistorio exige al alcalde, Jose Antonio Diez, la “dimisión inmediata” de Alonso, y ha advertido que, “si no hay una explicación razonable”, no descarta acudir a Fiscalía por la presunta comisión de dos delitos, malversación de fondos públicos y cohecho.
Las cifras aportadas por los leonesistas son facturas de los años 2022 y 2023, por la compra de 41 baterías para una flota municipal compuesta por 75 vehículos. “Las industriales se facturaron a 274,45, cuando en cualquier taller se venden a 210. Las de moto a 162,37, pudiendo conseguirse en el mercado entre 74 y 90 euros”.
Otro ejemplo hace referencia a la compra de AdBlue, un aditivo diésel necesario para reducir emisiones contaminantes. “El Ayuntamiento pagó 2,66 euros por litro, más del doble del precio registrado en los años mencionados, y muy lejos de los 0,60 actuales”. También apuntaron los leonesistas al precio de disolvente, de 29,23 euros los cinco libros, “con un precio de 5,85 el litro, cuando su precio en el mercado es de 4,59, y a una lijadora adquirida a 382,57, cuyo precio puede ser de 176,65 euros”.
Centran el foco los leonesistas en la reiteración de compras a una misma empresa de recambios, Radiadores Palacios, “siempre sin publicidad ni libre concurrencia, vulnerando”, afirmó Sendino, “los principios básicos de transparencia”. “Queremos saber por qué no hay expedientes de contratación, por qué siempre se compra a la misma empresa, por qué no se solicitan descuentos propios de estos suministros y por qué se están engordando los precios”, señaló, sin explicar por qué no exige también la dimisión del máximo responsable municipal ante tales acusaciones.
Los expedientes llegaron al Pleno como reconocimientos extrajudiciales de crédito y fueron aprobados con el voto a favor del PSOE, la abstención del Partido Popular (PP) y los votos en contra de UPL, “y en todos consta el reparo del interventor municipal, que advertía de la obligación de tramitar contrato y publicitarlo en el perfil del contratante”.
Por todo ello, desde UPL piden respuestas políticas “inmediatas”, “y no descartan recurrir a Fiscalía en caso de no obtenerlas”, advierten.
Fuentes de la empresa Radiadores Palacios, aludida específicamente en la denuncia pública formulada por la UPL, han precisado que sus precios se ajustan a un contrato marco suscrito con el Ayuntamiento de León, un acuerdo con precios tasados y una serie de exigencias para la compañía. “No podemos vender ni por encima ni por debajo de lo fijado”, señalan.
Fundada en el año 1941, la firma suministra a otros ayuntamientos y lo ha hecho también al de la capital leonesa con corporaciones anteriores a la actual, añaden las mismas fuentes para negar que exista “connivencia” con el equipo de Gobierno municipal que lidera José Antonio Diez y que tiene a Carmelo Alonso como concejal de Hacienda.
