Del Egido testifica en el juicio de la Trama Púnica y exonera al expresidente de la Diputación
La primera sesión en el nuevo años 2023 del juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por la trama de corrupción Púnica por el que se piden penas de corrupción a seis personas, tres de ellas leonesas vinculadas a la Diputación de León, centró casi todo el protagonismo en el que fuera entonces diputado provincial de Turismo del Partido Popular (PP), Miguel Ángel del Egido Llanes, que insistió en exonerar de responsabilidad a todos ellos, especialmente al expresidente Marcos Martínez Barazón, para el que la Fiscalía pide 8 años de cárcel.
El también exalcalde de Santa María del Páramo y presidente comarcal popular en aquella época, a preguntas de las fiscales del caso, admitió que “el presidente pidió los pliegos de las licitaciones de las cafeterías” de la estación invernal, para después devolverlas días después indicando al jefe de servicio de Turismo, Ovidio Altable, como así éste lo certificó en diciembre ante el juez, que “le dijo que había que modificar unas notas en rojo que había puesto”.
Anotaciones que habían incorporado las empresas de la trama para su beneficio en el concurso público de la explotación. Incluso “advirtió una” modificación “que no era muy legal”, en el sentido de que puntuara más para siguientes concesiones a favor de las empresas que se seleccionaran en aquel año 2014. Cabe recordar que tales correcciones, en rojo, las envió y recibió en su correo personal institucional el propio presidente.
Sin embargo, añadió después que tras contactar con Martínez Barazón por esta apariencia ilegal, “me dijo que si era ilegal había que quitarlo, y lo quitamos”, insistiendo en que “en ningún momento me sentí presionado en ningún sentido” por él, añadió a preguntas del abogado de Alejandro de Pedro, el conseguidor de la trama, que se enfrenta a cinco años y medio de prisión según pide la Fiscalía.
Igualmente, Del Egido, que estuvo inicialmente imputado en esta misma causa muy al principio, admitió reuniones en las que estuvo él presente para el plan de posible unión de la estación invernal con la asturiana de Fuentes de Invierno, así como para desestacionalizarla todo el año, pero su memoria no le permitió detallar con qué personas o representantes de qué empresas en concreto, rechazando de plano que en ellas Martínez Barazón manifestara que “eso había que hacerlo sí o sí”.
Tampoco aseguró percibir “que me estuvieran apartando de nada” en otras citas que el entonces presidente mantuvo en Madrid sobre este asunto, en las que, según las acusaciones, incluso se pudo proponer que el presidente formara parte de una empresa que asumiría los beneficios de ese otros contrato. “Ni idea”, quiso zanjar el político.
Y un último capote añadió al asegurar que Marcos Martínez tuvo prácticamente todo el apoyo comarcal y provincial para ser primero presidente sustituto de la asesinada Isabel Carrasco y después en el proceso de nombrarle también 'heredero' de la Presidencia del PP leonés, insistiendo así en negar que necesitara “para nada” el apoyo de De Pedro o su socio y también imputado José Antonio Alonso Conesa ante la número 2 popular María Dolores de Cospedal.
El mediador ante Cospedal lo niega todo
Sobre esta última maniobra testificó también Donato, Sánchez González, directivo de la banca Societé Generale, de quien obraban mensajes de Whatsapp y llamadas con Alejandro de Pedro instando la mediación de Cospedal. Mediación que no pudo negar, ante las pruebas vistas en la sala de la Audiencia Nacional, que el empresario conseguidor le solicitara, pero asegurando que jamás las materializó en favor del presidente leonés.
“Nunca hice caso de sus propuestas”, dijo, admitiendo, eso sí, que le ayudó a contactar con algunas compañías importantes, entre ellos por ejemplo del Real Madrid que “decidieron trabajar con él y sus empresas, Eico y Madiva, como luego lo hicieran para Carrasco y Martínez Barazón, entre otros.
A raíz de la intervención del banquero y las pruebas expuestas en la sala, los abogados se enzarzaron con dureza con la acusación particular y la Fiscalía, que pedían otra vez incorporar algunas que los letrados de los seis acusados consideraban ajenas a la pieza separada de la Diputación de León.
“Me dan cachetes de un lado y otro”, aseguraba muy gráficamente uno de los defensores al censurar que hay “desigualdad de armas” al admitirse incorporar pruebas documentales procedentes de la pieza principal u otras de las nueve separadas de Púnicaque observan como “un posible quebrando de derechos fundamentales”. Aunque finalmente otra vez el juez volvió a admitirlas para valorar su oportunidad y legalidad en el momento de la sentencia.
El uso de los diarios zombies y más
El último testimonio de cierta relevancia fue el de César Marín Rubio, que fuera periodista en la editorial online Madiva de Alejandro de Pedro y Alonso Conesa creando contenidos beneficiosos para sus clientes, como Carrasco o Martínez Barazón, publicándolos en la red de diarios zombies, redes sociales y otros recursos de internet que permitirán posicionar sus imágenes personas y políticas sólo de manera favorable, a pesar de los muchos escándalos que les atenazaban.
Así lo admitió el extrabajador, a quien las fiscales mostraron correos en los que la trama ordenaba publicar noticias negando por ejemplo que la presidenta estuviera imputada en caso alguno, cuando sí lo estaba al menos por el Caso Kilometrajes que tan sólo se archivó tras su asesinato. También asumió que era difícil apreciar si el trabajo de mejora de reputación se hacía a título particular de cada político o en calidad de representante institucional, una de las claves de este caso al usarse para ello más de 100.000 euros de dinero público.
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