La Diputación de León desafía la Ley de Memoria Democrática manteniendo los retratos de sus presidentes franquistas

Vista de los cuadros en honor a los presidentes franquistas, incumpliendo la Ley de Memoria Democrática.

Ha pasado el Día de la Constitución con la que se cumplen 44 años de democracia en España con los retratos de los once presidentes franquistas de la Diputación de León expuestos al público en la primera planta del Palacio de los Guzmanes, incumpliendo la Ley de la Memoria Democrática.

En la conocida como 'Galería de Presidentes', en la parte superior del claustro, están colgados tanto los cuadros dedicados a los presidentes provinciales elegidos democráticamente como a los puestos durante el régimen de Francisco Franco, llegando a estar uno junto a otro el del último presidente republicano Ramiro Armesto, máximo dirigente de la institución leonesa en 1936 y asesinado en el mismo año por los golpistas, y el de su sucesor Joaquín López Robles, colocado por el franquismo para sustituirlo.

En junio de 2017, la Diputación de León, entonces presidida por el 'popular' Juan Martínez Majo, tramitó y llevó a Pleno la retirada de todos los títulos y honores al generalísimo, a Falange Española (FET de las JONS), a la Sección Femenina de esta misma organización política en la que se sustentó ideológicamente el régimen, la Medalla de Oro de la Provincia a Luis Carrero Blanco, el presidente del Gobierno asesinado por ETA en 1973, y todas cuantas Medallas Provinciales del Combatiente llegara a otorgar y entregar. Lo hizo después de que este medio le recordara que estaba obligada a hacerlo por la Ley 52/2007, de 26 de diciembre. Pero se 'olvidó' de los óleos.

Cinco años más tarde, con un Gobierno socialista y una nueva legislación de Memoria Democrática que no deja lugar a dudas de que deben dejar de estar expuestos en un espacio público (Ley 20/2022, de 19 de octubre), éstos continúan en la llamada 'planta noble' donde han estado siempre, enfrentándose a una posible sanción económica si no se retiran. Máxime teniendo en cuenta que el lugar que ocupan es de acceso público ya que, entre otras cosas, está incluido en el recorrido turístico que se ofrece a los visitantes del Palacio de los Guzmanes.

La Ley de Memoria Democrática es clara, hay que quitarlos

Joaquín López Robles, Enrique González Luaces, Ramón del Riego y Jove, Raimundo Rodríguez del Valle, Enrique Iglesias Gómez, Manuel Marqués Pérez, Juan José Fernández Urquiza, Ramón Cañas del Río, José Eguiagaray Pallarés, Antonio del Valle Menéndez y Emiliano Alonso Sánchez-Lombas han sido todos ellos presidentes colocados a dedo por el régimen de Franco al frente de la Diputación de León entre 1936 y 1979 y sus retratos siguen a la vista de cualquiera en el Palacio de los Guzmanes.

“Tienen expuesto el retrato de un asesinado al lado del que se benefició de su asesinato”, sentencia el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva. “Es un gesto más de la amabilidad que ha tenido la democracia con la dictadura de Franco”, valora a este medio, añadiendo que, “la democracia debe buscar la ejemplaridad” y, por ello, “por higiene democrática, la democracia tiene que ser pedagógica”, y retirarlos.

En ese sentido, culpa en parte a la Ley de Memoria Histórica de 2007 de haber sido “muy laxa” y dejar a la interpretación política qué es o no un símbolo de ensalzamiento del régimen de Franco. “En este tiempo hemos tenido 7 años de gobiernos del PP y 8 años de gobiernos del PSOE y sigue habiendo miles de símbolos franquistas en España y decenas en la provincia de León pero cero sanciones”.

Esa “grieta” en la legalidad que permitía hasta ahora “interpretar” a los políticos si una u otra persona se merece o no un reconocimiento público lo viene a dejar claro la nueva Ley de Memoria Democrática que, en su punto 1.3, dice textualmente que “se repudia y condena el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura franquista” y, remarca en el 1.2 que, “es objeto de la ley el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la Guerra de España y la Dictadura franquista hasta la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978”.

Por si en su artículo primero no quedara claro, la Ley 20/2022, de 19 de octubre, especifica en su Artículo 35 que, “se consideran elementos contrarios a la memoria democrática las edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial”.

Por lo que: “Las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias y territorio, adoptarán las medidas oportunas para la retirada de dichos elementos (Artículo 35.3 de la ley)”. Algo que desoye el actual equipo de gobierno socialista de la Diputación de Le´ñon que preside Eduardo Morán, que sigue permitiendo con su inacción que el recuerdo del último presidente provincial berciano antes que él, Ramiro Armesto, fusilado por los golpistas, siga a solo unos palmos de quienes sacaron provecho de su injusto asesinato. Y además en el mismo pasillo en el que se encuentra el Salón de Plenos en el que se celebraron la mayoría de los juicios militares sumarísimos que condenaron a muerte en muchos casos y a enormes penas de cárcel o trabajos forzados, en otros, a numerosos represaliados de la Guerra Civil por el bando perdedor, el republicano, irónicamente acusados de traición al golpe de Estado o delitos similares.

La ARMH ha registrado ya de manera formal en la Diputación la petición de que la institución provincial haga “un inventario de todos y cada uno de los cargos de la dictadura que conserven cualquier tipo de honor y reconocimiento: medallas, retratos y fotografías, bustos, calles, monumentos, ritos de homenaje, etc... y proceda a retirarlos pública y notoriamente y se explique a la sociedad las razones por las cuales esas personas deben ser públicamente repudiadas”.

El silencio es la respuesta obtenida hasta el momento de esta publicación por ILEÓN a preguntas a la Diputación de León sobre la situación de los cuadros de los presidentes franquistas y la obligación de su retirada al amparo de la ley de memoria democrática.

El Ayuntamiento de Ponferrada ya tuvo que retirar cuadros de alcaldes franquistas

El caso de los cuadros de presidentes franquistas en la Diputación de León es similar al que hace tan solo unos años se vivió en el Ayuntamiento de Ponferrada. La que fuera alcaldesa 'popular' del segundo Consistorio de la provincia, Gloria Fernández Merayo, decidió en 2017 colocar en el Salón de Plenos municipal fotografías de los alcaldes de la ciudad, también de los que lo fueron en el régimen de Franco, coincidiendo con el Día de la Constitución.

Se formó tal revuelo que varias formaciones municipales como Ponferrada en Común (en la que establa incluida Izquierda Unida) o USE Bierzo decidieron no participar en el acto solemne de la conmemoración de la Carta Magna y el PSOE pidió que se retiraran por vulnerar la Ley de Memoria Histórica. No obstante, la que fue la primera alcaldesa de la capital del Bierzo se aferró a que, como jurista, había revisado la legislación y que la exposición pública de las imágenes de regidores franquistas no chocaba con la ley, y los dejó donde estaban con la ilusión de que algún día su rostro apareciera también enmarcado y colgado en un cuadro en las paredes de la estancia del pueblo.

Después de las elecciones municipales de 2019, el socialista Olegario Ramón decidió descolgar las imágenes “porque no había consenso de los grupos políticos sobre si quitar solo las de los alcaldes de la dictadura o quitarlas todas” y, en palabras a este medio manifestó que, “sentía la obligación ética y de memoria democrática de que al menos los franquistas no podían estar en la sala que presido”, por lo que para no entrar en más disputas los quitó todos dejando solo las chinchetas que los sujetaban, a sabiendas de que “todavía hay trabajo por hacer” para eliminar todos los honores franquistas en el municipio que gobierna, en la comarca del Bierzo y en el conjunto de la provincia de León.

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