La subida del precio de la energía aboca a las familias vulnerables a dos alternativas: bono social o mercado libre

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Las familias vulnerables se enfrentan a una nueva subida de precios, que ya estaban por las nubes, en sus facturas de luz y gas debido, en gran parte, a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Desde que estalló el conflicto los precios de la electricidad del mercado mayorista no dejan de romper récords. A jueves 10 de marzo el precio de la energía en España llegó a los 452,69 euros por megavatio hora (MWh), según OMIE, el operador de mercado eléctrico designado para la gestión del mercado diario e intradiario de electricidad en la Península.

Los últimos seis meses el precio de la energía rondaba los 200 euros por MWh, pero desde el 24 de febrero, fecha en la que Rusia comenzó su invasión de Ucrania, la subida del precio ha sido prácticamente en vertical. El récord lo marcó el martes 8 de marzo, con 628,04 euros por MWh.

Esta situación, no obstante, ya venía de antes, como recuerda Daniel Álvarez, responsable del área de Proyectos de la Fundación de Familias Monoparentales Isadora Duncan: “La coyuntura de precios no viene por Ucrania únicamente, sino por un año rocambolesco para la energía”.

Las familias en situación más vulnerable son las que sufren más la subida de los precios. Especialmente a aquellas que están de alquiler, porque, según explica Álvarez, el parque de viviendas de este tipo está en peores condiciones, es más antiguo y cuesta más calentar los hogares: “Hemos conocido familias vulnerables que tienen una factura de 400 euros al mes en luz”.

Para una familia numerosa en una ciudad como León esto provoca que tengan que destinar más de un 10% del límite de renta a la factura de luz y gas que, en algunos casos, se aproxima a los 2.000 euros al mes.

En España un 13% del parque de viviendas principales cuentan con sistemas eléctricos de calefacción, y están habitados en muchas ocasiones por familias vulnerables. En estos hogares la Fundación ha observado “un incremento del 100% en los gastos eléctricos”, sin que puedan optar por otras soluciones energéticas, “ya que las viviendas carecen de las instalaciones mínimas para optar por otros combustibles, viéndose condicionadas a posibles situaciones de vulnerabilidad y pobreza energética”.

En esta tesitura, las familias vulnerables tienen dos opciones, según Álvarez: optar al bono social de energía o, en caso de que no cumplan con los requisitos para la opción anterior, pasarse al mercado libre.

El bono social de energía

¿Qué es?

El bono social es una ayuda pública que permite reducir el coste de la factura eléctrica con el objetivo de proteger a los consumidores más vulnerables.

El descuento se aplica sobre el precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), que hay que tener contratado para la vivienda habitual. Antes de la crisis provocada por la pandemia de covid-19 el descuento para 'consumidores vulnerables' era de un 25% , pero desde entonces y hasta el sábado 30 de abril el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático ha establecido que el descuento ascenderá al 60% sobre el PVPC. Los porcentajes de descuento son mayores para aquellos consumidores que el Ministerio considera como 'consumidores vulnerables severos', de modo que para ellos será del 70% hasta esa misma fecha.

¿Qué requisitos se necesitan para poder acceder a él?

Para ser considerado consumidor vulnerable y obtener hasta el 30 de abril un 60% de descuento se necesita cumplir, al menos, una de los siguientes requisitos:

  • Renta conjunta anual de: 12.159,42 euros, 16.212,56 euros o 20.265,70 euros. Para los primeros el límite de consumo anual con descuento será de 1.380kWh, para los segundos 1.932kWh y lo terceros el límite será de 2.346kWh. Una vez superadas estas cifras, el descuento no se aplicará a los kWh restantes.
  • Que se esté en posesión del título de familia numerosa. El límite de consumo anual para este grupo será de 4.140kWh.
  • Que el consumidor o todos los integrantes de la unidad familiar sean pensionistas, reciban la pensión mínima y no tengan otra fuente de ingresos. El límite de consumo anual para ellos será de 1.932kWh.

Para ser considerado consumidor vulnerable severo:

  • Percibir una renta anual menor que o igual al 50% de los umbrales establecidos para ser considerado consumidor vulnerable.
  • Si es una familia numerosa, la unidad familiar debe percibir una renta anual de 16.212,56 euros.
  • Si el consumidor o todos los miembros de la unidad familiar perciben la pensión mínima, no perciben otros ingresos anuales superiores a 500 euros y perciben una renta anual de 8.106,28 euros.

Los límites de consumo anual para los distintos grupos de consumidores vulnerables severos (pensionistas, diferentes rentas conjuntas anuales y familia numerosa) serán los mismos que para los consumidores vulnerables.

Además, pueden solicitarlo aquellos consumidores a los que la administración considere en riesgo de exclusión social porque se está siendo atendido por los servicios sociales de una administración autonómica o local que paguen al menos el 50% de la factura. En este caso no se pagará una factura eléctrica y tampoco será legal cortar el suministro de luz.

Por la situación de crisis pandémica los consumidores en situación de desempleo, afectados por un Expediente de Regularización Temporal de Empleo (ERTE) o empresarios que hayan visto reducida su jornada y afecte a sus ingresos podrán solicitar también el bono social energético.

¿Cómo solicitar el bono social?

En primer lugar, después de comprobar que se cumplen los requisitos, hay que tener contratado el precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) en la vivienda habitual. Según este tipo de contrato, establecido por el Gobierno, lo que el consumidor paga es el precio de la energía de mercado, incluyendo impuestos y peajes, pero sin incluir otros productos o servicios adicionales que encarecerían el precio. Solo se puede solicitar el PVPC si se tiene contratada una potencia igual o inferior a 10 kilovatios (kW). El PVPC se contrata en las siguientes comercializadoras:

  • Endesa: Acudir al teléfono: 800 760 333 o rellenando este formulario online.
  • Curenergía: Acudir al teléfono: 900 200 708 o en el siguiente formulario online.
  • Naturgy: Telefono: 900 100 502 o en la siguiente página.
  • Baser: En el teléfono 900 902 947 o en la siguiente página web, en la que encontrarás toda la información.
  • Régisti: Teléfono: 900 10 10 05 o a través del correo electrónico bono-social@regsiti.com
  • COR Enérgico: En el teléfono 900 814 023 o mediante el correo electrónico bonosocial@corenergetico.es.
  • Teramelcor: Teléfono: 800 00 79 43 en esta página encontrará la solicitud y las direcciones a las que puede enviarla.
  • Energía Ceuta XXI: Teléfono 900 106 004 o en esta página web.

La problemática de la solicitud

El principal problema para el bono social es la dificultad de lograr acceder a él por la desinformación de la población al respecto y por los errores en la aplicación del Ministerio, Bosco, que decide a quién concede las subvenciones que niega el bono social a consumidores que sí tienen derecho a él: “En León hay entre 14.000 y 15.000 bonos sociales, con una gran problemática para solicitarlos. Hay familias que deberían estar incluidas y no lo están”, asegura Daniel Álvarez.

La Fundación de Familias Monoparentales Isadora Duncan no es la única que denuncia estos fallos en el proceso; Civio ya había alertado en 2019 de los fallos de la aplicación Bosco y llevó el caso a los tribunales. En febrero de 2022 el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo denegó a Civio el acceso al código fuente de la aplicación que habían solicitado para comprobar los fallos.

Para Álvarez la solución es automatizar el proceso de adjudicación, y pone el ejemplo de Portugal, donde el proceso de realiza de forma automática por parte del Gobierno y donde, desde que esto se hace así, se han duplicado los bonos sociales.

El Mercado libre

Para aquellos consumidores que no pueden acceder a los descuentos del Bono Social de energía, Daniel Álvarez recomienda que se pasen al mercado libre: “Hay que informar a las familias de esta opción porque es más barata, aunque más inestable y existe el riesgo de que a aquellos consumidores que no estén formalmente considerados como vulnerables les corten el suministro. El precio del mercado libre aumentará, pero no tanto como en el regulado”, argumenta.

Ventajas y desventajas frente al regulado

Las tarifas eléctricas en el mercado libre se pueden contratar con las mismas comercializadoras de luz y gas, en este caso, cada compañia ofrecerá sus propias ofertas y precios. Estas ofertas y precios son la principal ventaja de este tipo de mercado en el que, al igual que con el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), el precio cambia cada hora.

En este mercado es el consumidor el que podrá elegir entre una gran variedad de tarifas, como las de precio estable, con discriminación horaria (en dos o tres periodos), cuotas fijas, tarifas planas y otro tipo de ofertas personalizadas. En el mercado regulado hay una serie de tendencias, a la alta o baja, que dependen de la demanda energética.

Todos los consumidores pueden cambiar el mercado al que pertencen en cualquier momento.

A pesar de todo, Álvarez considera que la opción no es perfecta: “En realidad ninguna de las dos opciones lo son para aquellas familias que están al límite. Para ellos pasarse al mercado libre tampoco es una opción a considerar, y tampoco pueden hacer frente a todos sus gastos con el Bono Social”. El responsable del área de Proyectos de la Fundación Isadora Duncan considera, aun así, que hay que informar a las familias sobre esta opción.

La desinformación es, de hecho, uno de los grandes problemas en cuanto a la diferencia entre mercados. Según los últimos datos, que se corresponden con el segundo semestre de 2021, del Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el 70% de los ciudadanos españoles desconocen la diferencia de mercados en cuanto al suministro de electricidad, y eso que el porcentaje subió 5 puntos respecto al año anterior.

La solución más efectiva: un cambio en la legislación

Daniel Álvarez defiende que cambiar la legislación actual en materia energética como la única medida que podría paliar de forma efectiva la pobreza energética en España: “Es importante que los ciudadanos tengan espíritu crítico y entiendan que el problema es global. Si el problema es global, las soluciones también deben serlo”.

Para empezar, la fundación defiende que es de vital importancia rehabiliar el parque de viviendas español, “que es antiguo y con una mala gestión energética. Las políticas de vivienda en España no benefician a los más vulnerables y que están de alquiler. Tenemos que ser una ciudad madura y gastar dinero en las viviendas, abogar por la eliminación de bloques de pisos”.

La Fundación Isadora Duncan junto con otras ocho, como Alianza contra la Pobreza Energética o Ecodes, han envíado una carta a Sara Aagesen Muñoz, Secretaria de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para exponer estas solicitudes junto con la solicitud a la deslimitación del consumo den el Bono Social de manera temporal, hasta que los precios se normalicen, y ofrecer la posibilidad de solicitar el bono social eléctrico a las familias con “rentas ligeramente por encima de los límites actuales” y que hagan uso de la calefacción eléctrica.

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