Abogados y Procuradores protestan en León por las ínfimas pensiones que les quedan

Amador Fernández Freile. Abogado. Cuarenta años de profesión. Se jubiló en junio. ¿Pensión? 460 euros en 12 pagas sin revalorización a lo largo de los años sin acceder a medicamentos ni servicios de la Seguridad Social. Por compañeros como éste, y por lo que les tocará a la gran mayoría de 2.500 abogados y 500 procuradores de Justicia de los colegios profesionales correspondientes de León, unas decenas de ellos se han manifestado hoy a la puerta de los juzgados en León y Ponferrada, exigiendo una pensión justa.

¿Cómo es posible que tras tantos años de pagos a la mutua (él calcula que unos cien mil euros) quede tan poco? Pues porque los abogados y procuradores tenían prohibido cotizar a la Seguridad Social como autónomos hasta 1995. Y aún así las mutuas prometían pagas de 2.000 euros al mes en sus simulaciones para que siguieran pagando y no se pasaran al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Cifras que al final se han descubierto un engaño cuando han llegado a la edad de jubilación los primeros compañeros que comenzaron hace cuarenta años.

Por ello se han sumado al Movimiento J2, que reclama “que se pasen al RETA todas las aportaciones realizadas a la Mutualidad de la Abogacía y los que estén cobrando su pensión que pasen también cobrando el mínimo establecido”. Reclaman una solución a los partidos políticos y ya han entregado una Proposición No de Ley a todos los del arco parlamentario para que la Seguridad Social les haga caso y no los deje en condiciones inhumanas en su vejez. La convocatoria se ha efectuado en varias ciudades de España y se repetirá los días 28 de cada mes.

La portavoz de este movimiento en León, Pilar Pérez, afirmó durante la lectura de las peticiones de abogados y procuradores de Justicia que lo que pedimos es poder pasar nuestras aportaciones, tanto los alternativos como los complementarios, como los que ya estén jubilados, pasar esas aportaciones al sistema de Seguridad Social para tener una pensión digna con 14 pagas, con derecho a pensión, etc. Y con revalorizaciones“. Indicando una situación vergonzosa: que ”es que además, los compañeros que tienen solo la mutualidad, si se ponen enfermos, solo tienen derecho a 12 meses de incapacidad laboral y de baja. Si se ponen enfermos con la misma enfermedad, ya no tienen ningún derecho a percibir absolutamente nada. Eso es indignante, es indigno para una persona y eso es lo que queremos evitar“.

Para la abogada, “el Movimiento J2 no solicita que se le regale cantidad alguna, sino que se permita pasar las cantidades que cada uno tiene a su fondo de previsión social de las mutualidades a la Seguridad Social, respetando la antigüedad y cantidades aportadas”. “Los que tenemos en RETA como complementarios, no hemos podido cotizar desde el año 2005 lo suficiente como para tener derecho al 100% de la pensión de jubilación. Y respecto a los mutualistas pasivos, se les han de complementar mínimo las pensiones para que puedan alcanzar un pago justo. Y equiparar fiscalmente las proporciones y aportaciones realizadas con un plan de pensiones o de ahorro complementario mejorarr las condiciones de jubilación parcial de todos los profesionales”.

El problema de la mutua obligatoria hasta 1995

Hasta 1995 era obligatoria la mutualidad general de la abogacía y de la procuradoría de Justicia, no permitiéndose cotizar a la Seguridad Social, explican desde el Movimiento J2. “La ley permite la afiliación a la Seguridad Social en el año 95, pero hasta el año 2000 no se puede pasar al RETA y se permitían las aportaciones. Es ya en el año 2005 cuando con la ley del seguro se puede pasar a cotizar al RETA y a la mutualidad. En esas fechas, en la atención a la edad y circunstancias personales, cada uno tuvo que tomar esa decisión, o permanecer en la mutua o ir al RETA o las dos a la vez. Los que están en el RETA como alternativos, les va a quedar una pensión ridícula después de 40 años”, afirma Pérez.

Según esta plataforma en realidad la afiliación a la Mutualidad General de la Abogacía y de la Procuraduría era obligatoria y de facto hasta el 2005, “porque los Consejos Generales de la Abogacía y la Procuraduría y los Colegios Profesionales de Abogados y Procuradores, hicieron caso omiso”.

“En este Reglamento se posibilitó a los Colegios y Consejos Generales de los profesionales que se pudieran adscribir al Régimen General de la Seguridad Social como autónomos. Ninguno lo solicitó y obligatoriamente, hasta el año 2005, cuando los Abogados y Procuradores comenzamos a ejercer nuestra profesión, teníamos que darnos de alta en la Mutualidad y abonar un seguro médico privado porque, en la de Abogados y Procuradores, no se incluía la sanidad. Ahora vemos que los que sólo tienen la mutualidad tendrán una pensión de 200 a 400 euros, sin pagas extras ni otro derecho, y los que han pagado la Seguridad Social no tienen los años cotizados que se requieren para cobrar el 100% de su pensión”, explican.

“Se me impidió cotizar a la Seguridad Social durante 20 años”

Mientras, los abogados y procuradores que se están jubilando, esperando cobrar un sueldo digno, se están encontrando con pagas irrisorias y situaciones dramáticas. Sobre todo cuando se enteran que más allá de los 85 años no seguirán cobrando. Casi les valdría más renunciar a lo aportado y solicitar a la Seguridad Social una pensión no contributiva. Pero eso supondría perder miles y miles de euros ahorrados en manos de la Mutua. “A mí se me impidió darme de alta en la Seguridad Social desde el 83 al 2005, quiere decirse que eso está en blanco en la cotización”, protesta el abogado Amador Fernández Freile. “Como cambió la ley los 15 años que yo había echado cuentas para que me quedara una pensión digna, al ponerla a 25 años me quedan ocho de ellos en blanco. Con lo cual, mi base reguladora ha pasado a la mitad. Yo quiero que los 91.000 euros que tengo ingresados en la mutualidad, que me los pasen para el RETA y de una forma ponderada, que yo no quiero que me regalen nada, lo dividan como si hubiera cotizado a la Seguridad Social en autónomos. Que hagan la media y me dividan mi 91.000 euros entre esa media que salga y me dé los años que me dé cotizados”, expuso.

Por situaciones así, que cada vez se van a dar más, los del Movimiento J2 reclaman a los partidos políticos poder traspasar ese dinero a su cotización como cualquier otro autónomo y conseguir entrar dentro del paraguas protector de la Seguridad Social. Otra cosa es que las mutuas, que hacen gran negocio con ello, no se opongan. “Muchos grandes sueldos dependen de las aportaciones de estos profesionales liberales del Derecho... como para cerrar el chiringuito”, criticaba alguno de los que acudieron a la protesta.