Victorino Alonso, imputado en Huesca por destrucción del patrimonio
Ecologistas en Acción ha informado mediante un comunicado que el Juzgado de instrucción nº 3 de Huesca, aceptando una petición suya y la de Apudepa, ha emitido una providencia por la que se ordena la declaración como imputado de Victorino Alonso García, en el proceso judicial que busca determinar las responsabilidades de la destrucción de la cueva de Chaves.
La asociación, que se ha apersonado como acusación particular en ese proceso, indica que lo que está en juego es la “destrucción del yacimiento neolítico más importante de la península ibérica”.
Para la asociación ecologista, la imputación de Alonso “era necesaria en la búsqueda de responsabilidades, pues estamos hablando del responsable último de las dos empresas que intervinieron en la destrucción de la cueva: FERPI propietaria de las maquinas que destruyeron por completo el yacimiento neolítico y su entorno y Fimbas, la polémica propietaria de los terrenos donde se encontraba”.
Ecologistas en Acción también muestra su satisfacción por el hecho de que el Juzgado haya aceptado su petición para que el gobierno de Aragón redacte un informe sobre los valores y figuras de protección del entorno de la cueva, que también se vieron afectados.
“No se debe olvidar que además de las figuras de protección del patrimonio cultural del yacimiento, las actuaciones se desarrollaron dentro del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara y sobre las cuales Fimbas está inmersa, como denunciada, en varios procedimientos judiciales por abundantes delitos medioambientales desde que fue adquirida por Victorino Alonso”, indican.
El yacimiento neolítico de la cueva de Chaves era considerado uno de los dos más importantes de la península ibérica, junto a la cueva de Or en Valencia. En marzo de 2009, por una visita de los responsables del museo arqueológico provincial de Huesca se conocía la noticia de que había sido destruido en su totalidad, cuando todavía quedaba por excavar más del 90% del mismo.
“Los impedimentos, en muchos casos irregulares, del personal de la empresa Fimbas, del grupo de Victorino Alonso, para poder visitar la finca, incluida una gran cantidad de zonas públicas usurpadas por la misma, unido a una pasividad y dejadez de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón en sus competencias de control y protección del patrimonio histórico, son los factores que apuntan a que no se conociera la destrucción del yacimiento hasta año y medio después de haberse producido, a pesar de la importancia del yacimiento y encontrarse en un Espacio Natural Protegido. Para Ecologistas en Acción este hecho resulta totalmente inexplicable”, indica el texto entregado a los medios de comunicación.
