Casi 140 animales salvajes mueren en dos años en el canal de riego de Arriola en León sin que Junta y Gobierno tomen medidas

Entre todos los mataron y ellos solos se murieron. El refranero español refleja en esta conocida frase la agónica situación que se vive en la trampa mortal para los animales salvajes en la que se ha convertido en los últimos años en Canal de Arriola de riego en la provincia de León. Mientras, las dos administraciones competentes, los gobiernos autonómico y nacional, se limitan a echarse las culpas mutuamente sin adoptar apenas medidas determinantes, incluso entre reproches y amenazas de sanciones.

Así, la dimensión del problema crece cada año y cada campaña de riego. La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), dependiente del Ministerio, llevaba años ocultando las cifras del número y las especies que fallecen ahogadas o por hipotermia entre grandes sufrimientos cuando caen al canal de hormigón. Incluso aseguraba reiteradamente a ILEÓN que retiraba los cadáveres a través de una empresa contratada pero sin embargo no los contabilizaba. Algo a todas luces descabellado.

Pero ahora por fin ha desvelado sus últimas estadísticas y son aterradoras: sólo entre los años 2022 y 2023 se han contabilizado casi 140 víctimas mortales, en su inmensa mayoría corzos (111) y también jabalíes (27), así como un venado. Es curioso como las cuantías ni siquiera coinciden con las que maneja la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, que también incluye algún cánido, no se sabe si perro o lobo. Lo primero que se identifica con estas estadísticas es que la falta de coordinación impide hasta lo más básico, que es cruzar sus estadísticas para dar un reflejo fiel de lo que ocurre en los 32 kilómetros del canal de riego.

Todos estos datos jamás aireados, y la culpa mutua que Consejería y Confederación se echan, la ha destapado un reciente informe del Procurador del Común, el defensor del pueblo de la autonomía de Castilla y León, que se interesó de oficio por este asunto ante la sucesión de noticias sobre casos graves de mortandad en el canal de Arriola.

Inútil esfuerzo hasta ahora

Otras cosas se desvelan en el informe del Común: por ejemplo, que CHD asume abiertamente que la forma del canal, de forma semicircular en hormigón, con caudales elevados en ciertas épocas y el agua gélida, hacen inoperantes las pocas soluciones que hasta ahora se habían instalado, en forma de rampas flotantes laterales de salida para los animales que caigan. Las últimas se invirtieron en 2020. “Los animales no pueden nadar y llegar con vida a la salida” por lo que “su ineficacia es manifiesta”. Ni un solo ejemplar ha salvado su vida en esas rampas, admiten, pese a haber muerto cientos en los últimos años.

Pese a esa evidencia que ahora desvelan, tampoco se ha procedido al vallado de una parte sustancial del trazado del Canal de Arriola. Hasta ahora, Confederación no sólo aseguraba que ese vallado era innecesario y poco útil sino que incluso “una estructura lineal podría generar un efecto barrera muy negativo, además de hacer inviable el riego”. Así, la situación de mortandad se mantenía en niveles insostenibles.

Respecto a la Junta, la Consejería de Medio Ambiente siempre había transmitido públicamente un ánimo de coordinación y colaboración institucional, pero lo cierto es que, como se conoce ahora, ya en 2022 decidió abrir un expediente sancionador “por no adoptar las medidas necesarias destinadas a corregir la mortandad de la fauna silvestre” en el canal. CHD presentó un recurso de alzada, considerando que era injusto.

Amenaza de denuncias

Posteriormente, el Servicio Territorial de Medio Ambiente, el 20 de junio de 2023, dio un ultimátum a la Comisaría de Aguas de Confederación como “titular de la infraestructura hidráulica” tras confirmar decenas de nuevas muertes en algunos los municipios al paso del canal, como Valdefresno, Vegas del Condado y Santa Colomba de Curueño, para que en un plazo de cuatro meses “proceda a la corrección de su infraestructura para prevenir nuevos daños a la fauna silvestre cinegética y/o protegida”. Transcurrido dicho plazo, es decir, desde octubre del pasado año, emitirían un “informe de persistencia de peligrosidad, con las consecuencias que de ello se deriven”, amenazaron. Ninguna de las dos administraciones, consultadas sobre si hay alguna sanción en marcha, ha contestado a ILEÓN.

Un 'desconocido' plan de vallado de un millón

Sólo ante esa amenaza CHD pareció reaccionar, ya que también en su respuesta al Procurador del Común ha dado a conocer algo que tampoco había aireado nunca: el inicio “con urgencia” de un proyecto de amplio vallado de ambas márgenes del canal “en toda la zona problemática”, sin especificar distancia ni puntos concretos. El importe máximo autorizado para ello es de un millón de euros.

También desvelan ahora que están investigando un mecanismo móvil de evacuación de fauna que podría llegar a instalarse en cualquier canal de riego, el cual fuera fácilmente transportable y sin interferir en el riego. No dan más explicaciones, sólo que tal artilugio se probaría en la campaña de riesgo a punto de empezar en la primavera de este año.

CHD acusa a la Junta con la caza y el Común le da la razón

Pero en su respuesta formal al Común, CHD no se resigna a ser señalada como la única culpable, y acusa a la Junta de no cumplir con una parte que sería de su competencia y que señalan como raíz importante del problema: los cotos de caza. Observa una gran superpoblación de especies cinegéticas sin que Medio Ambiente y en cambio poco seguimiento de los planes cinegéticos de los cotos adyacentes al Canal de Arriola, para precisar el número de ejemplares existentes y así, argumentan, identificar con precisión dónde caen más animales al caudal de riego, porque la actual estadística sólo muestra dónde aparecen su cadáveres ahogados. Con esos datos, defiende el organismo de cuenca, sabrían mejor dónde situar nuevas vallas. Finalmente, aplauden, eso sí, el nuevo Plan de Gestión del Jabalí para controlar mejor su superpoblación, e incluso piden otro para el corzo, que en su caso no existe.

El Procurador del Común se decanta en su resolución más por los argumentos de CHD que por los de la Junta, a quien insta a actualizar y revisar esos planes de caza de los cotos, instando finalmente a algo que no está ocurriendo como debiera: “Que se refuercen los mecanismos de colaboración y cooperación” entre ambas administraciones.