El Ministerio oculta la cifra de cientos de jabalís, corzos, lobos o perros muertos en el Canal de Arriola en León

Cientos de animales de gran tamaño, silvestres y domésticos, desde corzos a jabalís, pasando por ovejas, perros y hasta lobos y otras especies incluso protegidas, son víctimas mortales sistemáticas en el Canal de Arriola de León. Se trata de una infraestructura estatal de regadío de 32 kilómetros de longitud que cumple ahora 40 años y que lleva todo este tiempo convertida en una violenta trampa mortal sin que en décadas se hayan adoptado soluciones definitivas para evitarlo.

La desidia alcanza tal nivel que, de hecho, se oculta la dimensión concreta y real de un problema grave y sostenido en el tiempo. Por eso, recientemente la Fiscalía del Estado ha comenzado a tomar cartas en el asunto, según ha podido saber ILEÓN.

Se trata de conseguir averiguar a qué cifra concreta se elevan las víctimas animales de una infraestructura construida de cemento sin apenas vallas de protección para evitar la caída de la fauna, con una corriente fortísima en buena parte del año y una temperatura gélida del agua que, junto a la fuerte inclinación del canal, impide salvarse a uno sólo de los cientos de ejemplares que cada año caen. Muchos de ellos mueren simplemente al tratar de abrevar, especialmente en épocas de sequía como la actual, cuando fuentes y arroyos, pozos y pequeñas lagunas se desecan.

Colectivos contra las muertes y el sufrimiento

Y no sólo mueren. Como han denunciado colectivos como la Asociación Protectora Sacrificio Cero León, Rescate Anima Urda España y Ecologistas en Acción, y se puede apreciar in situ, lo hacen con heridas que delatan un brutal sufrimiento en sus intentos por escapar.

Los cuerpos de los animales se amontonan, algunas noches por decenas, en puntos llamados aliviaderos o 'picos de pato', como ocurre hace años en el instalado en Paradilla de la Sobarriba, en el municipio leonés de Valdefresno, que deja de manera constante auténticas escenas dantescas.

Quien guarda celosamente la cuantía de animales víctimas de esta situación es la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), responsable de la seguridad del Canal de Arriola como de cualquier otro de titularidad estatal, al ser suyo el dominio público hidráulico.

Una responsabilidad que no admite duda

Aunque sistemáticamente esta administración se escuda oficialmente en que “las competencias en materia de fauna corresponden a la administración autonómica”, es decir, la Junta de Castilla y León, y la señalan también como “competente en materia de Patrimonio Natural y de Caza” cuando se les pregunta al respecto de este espinoso asunto, lo cierto es que la propiedad del canal y su responsabilidad por los animales muertos no admiten duda.

De hecho, el artículo 55 de la Ley de Caza y de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León establece que los “titulares de canales y otras infraestructuras hidráulicas deberán establecer medidas que, en lo posible, impidan o mitiguen la mortalidad de fauna por ahogamiento”. Fuentes del Gobierno autonómico no albergan dudas de que “la retirada de los animales de dominio hidráulico es competencia del administrador” y por eso “ellos son los encargados de retirar los cadáveres” de las víctimas animales.

Retirar cadáveres... y no contarlos

CHD, sin embargo, contesta por vía oficial que no tienen por qué llevar un registro de animales, ni vivos ni muertos: “No es nuestra competencia”. Y eso a pesar de que por otro lado admiten que Confederación mantiene un contrato público con una empresa, cuyos datos no desvela, para la retirada sistemática de los cadáveres, algo “necesario para la correcta explotación del canal”, añaden.

Es decir, que oficialmente se admite que se retiran pero sorprendentemente se añade que no se recuentan. Tampoco se indica el coste ni la fecha del contrato de recogida de los cadáveres, y si su destino es la incineración. De este modo, sin cifras ni detalle alguno, se oculta la dimensión numérica real de la fauna muerta.

Por fin algo parece moverse

Sin embargo, tras reiteradas publicaciones, y numerosas críticas públicas, y constantes campañas de recogidas de firmas, algo parece estar cambiando respecto a la sensibilización hacia un problema de grandes dimensiones. Entre otras cosas, amén de anteriores legislaciones que podrían sancionar esta situación, este año se ha aprobado la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, que podría contemplar esta situación de mortandad y sufrimiento no controlados como una falta grave, con multas de 10.001 a 50.000 euros.

Como grave se contempla “el incumplimiento, por acción y omisión, de las obligaciones y prohibiciones exigidas por esta Ley, que implique daño o sufrimiento para el animal, cuando produzca en los animales secuelas permanentes graves, daños o lesiones graves siempre que no sea constitutivo de delito”, en cuyo caso se pasaría a la vía penal.

Otra vertiente posible es incluso la responsabilidad si se llega a producir un accidente humano, dado que quien conoce este canal sabe que si un ser humano cae a este cauce de cemento pulido, fuerte corriente y fría temperatura del agua , con seguridad no sobreviviría.

La Junta de Castilla y León admite abiertamente que a instancias de la Fiscalía del Estado se ha puesto en marcha una “campaña de vigilancia”. Las instrucciones han emanado de la Dirección General de Patrimonio Natural de la Consejería, aprobando un “protocolo de inspección para detectar ahogamientos en canales”. “En la actualidad se está inventariando y los agentes medioambientales están inspeccionando todas las infraestructuras de canales y levantan acta de la situación que encuentran”, especificando el tramo está vallado o no, si hay animales, especies, etc..

Esta instrucción autonómica incide en intentar salvar, cuando se trate de animales protegidos, al mayor número de animales posibles con medios de la Consejería, simplemente dando aviso al propietario del canal, es decir, a la Confederación Hidrográfica.

Aquellos casos de supervivencia -que son escasos, dadas las condiciones de la infraestructura- o bien son objeto de suelta en su hábitat, cuando se encuentran en buen estado, o se trasladas al centro de animales que la Junta tiene en Valsemana para su posible recuperación. En otros canales de riego, alguna escena de salvamento se ha convertido en entrañable y viral. Sin embargo, tampoco la Junta tiene estadística alguna que permita dimensionar el problema porque “la medida se acaba de poner en marcha”, dicen fuentes oficiales.

“Un campo inexplorado”... décadas después

La mayor intervención de la Junta en el problema ha supuesto, además, la reciente creación de un grupo de trabajo entre ambas administraciones “para colaborar y compartir información y soluciones”, reseña la Confederación, que habla de un “campo inexplorado” a pesar de las cuatro décadas de existencia y gestión de la infraestructura.

Otro problema parte son las posibles medidas que se pueden adoptar para minimizar la grave situación actual. También en esto, CHD asume parte de la 'culpa' pero también trata de endosar a otros la responsabilidad. Una vez más, a la Junta. Así, uno de sus planteamientos oficiales es que “las soluciones más efectivas se encuentran en origen”. Y mencionan “el control correcto de las poblaciones cinegéticas, la revisión de planes cinegéticos, el vallado de cotos o la correcta ordenación del territorio”, todas ellas “competencias de la administración autonómica”, remarcan.

Eso, antes de que los animales lleguen al Canal de Arriola y se precipiten a sus aguas, momento en el que las soluciones sí pueden ser estatales y pasan por vallados de la estructura, rampas para facilitar su escapatoria o barreras flotantes, entre otras, siempre con “dificultades técnicas importantes”, justifican.

Actuaciones recientes y proyectadas, sin detalle

CHD resalta recientes actuaciones. Por ejemplo, el pasado año 2022 se instaló una nueva barrera flotante para mejorar la efectividad de una rampa que existe a la altura del kilómetro 10. Pero al tiempo, se admite “la baja temperatura del agua del canal de Arriola es un factor clave que impide que dichas rampas de salida sean eficaces”, por lo que “no se construyeron más”.

Por otra parte, ¿sería factible un vallado completo de todo su recorrido? La Confederación lo cree incluso contraproducente, porque “una estructura lineal podría generar un efecto barrera muy negativo” para que atraviese la fauna, “además de hacer inviable el riego”. Estas fuentes oficiales no mencionan el altísimo coste que habría que asumir, pero es otro hándicap.

Soluciones efectivas

Sin embargo, el total vallado se ha demostrado muy efectivo aguas arriba de la misma cuenca. Iberdrola ha asumido esa inversión en el entorno a la central hidroeléctrica de Lugán, dejando un paso natural para la fauna en el río Curueño, poniendo fin así a la mortandad animal.

Por todo ello, lo que se acomete son vallados parciales. El último, en una zona considerada de especial problemática de afluencia de fauna, data de junio de 2022, tuvo un coste de 40.922 euros para cubrir un tramo de apenas dos kilómetros. En concreto desde el 2,635 en el municipio de Santa Colomba de Curueño al 4,600 en Vegas del Condado. Las masivas muertes de esta primavera no dejan dudas de que apenas ha sido efectivo. Sin más detalle, CHD asegura que “en los próximos meses se procederá a ejecutar otro vallado parcial en un tramo localizado a través de un contrato en tramitación”.