El Pan del Cuarto, un tributo medieval que pervivió hasta el siglo XX

En las comarcas de Omaña y de Babia, el «foro del pan del cuarto» no es un desconocido. Pese a que los tributos medievales fueron dejando de tener vigencia con el paso de las centurias, principalmente en la Edad Moderna, la realidad es que en algunos casos sobrevivieron hasta hace muy pocos años.

Este impuesto que tuvo su origen en plena Edad Media, cuando el primer Conde de Luna, Don Diego Fernández de Quiñones obligó a la población de estos territorios a pagar un impuesto a perpetuidad por una cuarta parte del grano recogido en los territorios de su señorío. Tal y como se recogen en diferentes documentos, se decía del foro del Pan del Cuarto: “Foro o dominio directo sobre todo el territorio del antiguo Concejo de Villamor de Riello, con la obligación solidaria de pagar a perpetuidad, como canon o renta anual entre todos los pueblos cuatrocientas diez y seis fanegas de centeno, bueno seco, limpio de dar y tomar medidas, para el día de San Miguel de septiembre y en las paneras que pone el dueño en Villamor de Riello”.

Los pueblos que componían el antiguo Concejo de Villamor de Riello eran los siguientes: Los Orrios, La Urz, Guisatecha, Ceide, Lariego de Abajo, Lariego de Arriba, Bonella, Villarín, Socil, Curueña, Salce, Arienza, Robledo, Villamor de Riello.

Desde la Edad Media hasta el siglo XX se llevaron a cabo varios pleitos en los que los vecinos de estas comarcas intentaron deshacerse de ese impuesto tan duro que ahogaba económicamente a todos los miembros de esas comunidades a lo largo de los siglos. Hasta el 10 de diciembre de 1931, no se logró certificar judicialmente el final de un tributo que resultó una losa económica para las gentes de Las Omañas y Babia. El Decreto firmado por el Presidente de la República, Manuel Azaña, puso punto y final a una disputa que se ahogaba en el tiempo.

Vicente Flórez de Quiñones y Tomé, abogado y notario fue la persona que logró abolir en plena Segunda República uno de los últimos tributos medievales por el que los campesinos debían de ceder, a los Condes de Luna o a quién estos hubieran cedido el beneficio, la cuarta parte de todas sus cosechas.

La abolición de este foro leonés, en un pleito que los concejos llevaron hasta las Cortes Constituyentes de la Segunda República, supuso el final de todos los tributos feudales que todavía tenían vigencia en España en 1931.

El artífice

Vicente Flórez de Quiñones, descendiente de una familia de hidalgos que fundó un mayorazgo en Murias de Paredes hace cuatro siglos, fue abogado y notario, convirtiéndose en uno de los intelectuales de la época que tuvo que salir de su tierra, al iniciarse la guerra civil, por sus ideas republicanas. Desde entonces, ejerció su profesión en Córdoba, donde también fue miembro numerario de la Real Academia de la Historia y presidente de la sección de Ciencias Morales y Políticas y de la Asociación Cordobesa de Derecho Agrario.

Las comarcas de Las Omañas y Babia homenajearon en 1980 a Flórez de Quiñones con el título de hijo adoptivo de los ayuntamientos y pueblos de ambas comarcas. Acto que tuvo lugar en la localidad de Riello, en la «fiesta del pastor», una romería que rememoran los concejos de la Mesta medieval en los Barrios de Luna.

El notario desempeñó una impagable labor ante las Cortes en nombre de los catorce pueblos que integraban el antiguo concejo de Villamor de Riello. Los pleiteantes llegaron a Madrid de la mano de Justino Azcárate, diputado de la República y senador en la democracia por UCD (sobrino de Gumersindo de Azcárate), y contaron con el apoyo de algunos políticos de la época, entre los que destacó la especial amistad de aquel entonces con el secretario de Manuel Azaña, Vicente Gaspar.

Ningún partido había llevado la cuestión de los foros feudales a los anteproyectos de reforma agraria, por lo que fue necesario incluirlos en un nuevo apartado de la ley y en algunos decretos posteriores, redactados por el propio Flórez de Quiñones. La abolición del foro había coincidido con numerosos pleitos entre los pueblos y los grandes propietarios, que aspiraban a privatizar los puertos y los montes comunales, de cuyo aprovechamiento como pastos dependía la subsistencia de la mayor parte de las aldeas.