El PP defiende el regreso de la caza al lobo que ha acabado con 186 en ocho años en León
El Pleno de las Cortes de Castilla y León del próximo miércoles debatirá una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo del Partido Popular en la que se pide la creación de una nueva estrategia para el lobo con la participación de todas las partes.
Es decir, se reclama que Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico pacte con las comunidades autónomas, los ganaderos y las organizaciones ecologistas un nuevo marco que a su juicio permita “hacer compatible el crecimiento de la población del lobo al norte del Duero”, es decir, en provincias como León, “con el mantenimiento de la ganadería extensiva”.
Así lo afirmó hoy en León el portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular, Raúl de la Hoz, quien pretende que con esta PNL se pueda “dejar sin efecto la orden de inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección (Lespre)”, aprobada por el Gobierno en septiembre de 2021.
Y reclaman que hasta que esto suceda, “se quede en suspenso” mientras se resuelve el recurso contencioso administrativo presentado en la Audiencia Nacional por la Castilla y León junto a Galicia, Asturias y Cantabria. Un contencioso que el Gobierno a su vez mantiene en el Tribunal Supremo.
Los populares, en la rueda de prensa de hoy en León para explicar la iniciativa, se mostraron favorables al mantenimiento del anterior régimen cinegético de esta especie, el cual en los últimos ocho años supuso la muerte sólo a través de caza deportiva de 186 ejemplares de lobo ibérico en la provincia de los 356 autorizados por la Junta, y siempre según los datos oficiales de la Consejería que dirige el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones. Hay que recordar que el último censo oficial cifraba en 443 los ejemplares totales de lobo en León.
Ante su nueva iniciativa, “seguimos sin saber qué hará el Partido Socialista, si se posicionará a favor con la boca pequeña o en contra como hace cuando un miembro del Gobierno de España visita alguna provincia”, lanzó el 'popular' en relación a la posición del grupo mayoritario de la oposición.
Además de ello, también se presente que se haga un nuevo censo nacional del lobo, “oficial técnico, riguroso y completo y no parcial ni sectario como el del Ministerio” para poder hacer “una nueva valoración del estado de conservación de la especie apoyada en resultados ciertos y no en valoraciones políticas, ideológicas y morales”.
De forma paralela, el PP pide que se ponga en marcha una mesa de trabajo en la que estén representadas las comunidades autónomas afectadas y el sector ganadero para “analizar las medidas preventivas aplicables frente al lobo” que “hagan viables las explotaciones ganaderas y eficientes contra para los ataques del animal”.
Finalmente, solicitan la reunión de la Conferencia Sectorial para que se repartan entre las comunidades autónomas los 20 millones de euros anunciados por el Gobierno de España, y cuyos criterios aún no se han negociado, para hacer frente a las indemnizaciones por ataques de lobo a explotaciones ganaderas.
Con esta iniciativa, el Grupo 'popular' pretende “salvar el estatus del lobo en la situación en la que se encontraba antes de que el Gobierno radical y sectario atentara contra la ganadería en la forma en la que lo ha hecho”, así como “decirle al Ejecutivo de forma clara y contundente que basta ya de agredir de forma injustificada a la ganadería y al medio rural”.
“No se trata de establecer imposiciones sino que todos, partidos políticos, ganaderos y ecologistas, apliquemos una estrategia que permita hacer compatible el mantenimiento estatus del lobo, cuya población está creciendo, y salvaguardar los intereses del medio rural y la ganadería”, puso de relieve Raúl de la Hoz, quien cifró en un 43% el crecimiento del lobo en Castilla y León durante los últimos 25 años, a pesar de que el último censo oficial data de 2013.
De acuerdo con los datos aportados por el 'popular' y en los que apoyó la necesidad de que “existan dos regímenes diferenciados al norte y al sur del Duero”, el lobo “avanza al norte y minimiza los ataques a la ganadería”, de manera que el 80% de la población de lobos al norte del Duero causa el 18% de los daños, mientras que el 20% del sur causa el 82% de los daños, con cifras enormes sobre todo en Ávila.
“Por eso pretendemos mantener la estrategia aprobada 2005 desde el consenso para mantener el estatus actual del Duero, que permita hacer compatible conservación del lobo en coexistencia ganadería, manteniendo controles población a través del aprovechamiento cinegético, algo imposible con la entrada en vigor de la orden del año pasado que hace inviable cualquier control de población y dificulta las indemnizaciones por ataques”.
