El Gobierno prohíbe la caza del lobo en provincias como León pero la Junta lo mantiene
El Gobierno de España acaba de culminar su intención de incluir las poblaciones de lobo en provincias como León, al norte del Duero, dentro del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre).
Lo hace a través de la publicación este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la Orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que extiende la protección del cánido al norte del río Duero cuando hasta ahora sólo estaba protegido al sur de este cauce, es decir, que en León todavía se podía subastar y cazar, con el total apoyo de la Junta de Castilla y León.
Como señala el texto de la propia Orden, previamente, únicamente las poblaciones de lobo al sur del Duero se encontraban incluidas en el Listado. Sin embargo, tras recibir y tramitar la propuesta de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) para la inclusión de todas las poblaciones del cánido en el listado, y después de realizar la pertinente consulta al Comité Científico, que recomendó la incorporación de todas las poblaciones españolas de esta especie en el listado, se publicó hoy la Orden ministerial que así lo establece.
Se trata de una iniciativa sobre la que varias autonomías, entre ellas Castilla y León, Asturias o Cantabria, se habían pronunciado totalmente en contra, defendiendo las bondades de la caza de este animal como remedio para frenar los daños que producen los lobos a las cabañas ganaderas.
La Orden, sin embargo, hace algunos matices a la norma general e incluye dos disposiciones adicionales. La primera señala que las medidas de extracción y captura de ejemplares que hayan adoptado los órganos competentes de las comunidades autónomas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Orden, podrán seguir siendo de aplicación. Lo único a lo que obliga, en ese caso, que que se ajusten a las condiciones y a las limitaciones previstas en el artículo 61.1.b), c) y d) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y en la Estrategia de conservación y gestión del lobo en España.
En concreto, se podrán aplicar medidas de extracción y captura de ejemplares que cuenten con una autorización administrativa que se conceda por la autoridad competente de la Comunidad autónoma, siempre que no exista otra solución satisfactoria y se justifique con el mejor conocimiento disponible que la medida de extracción y captura de ejemplares no afecta negativamente al estado de conservación favorable de la especie, o se justifique la existencia de perjuicios importantes para el ganado en las explotaciones afectadas, atendiendo a posibles daños recurrentes o significativos.
Subastas de lobo vigentes en Riaño y Ancares
En el caso de la provincia leonesa, y a pesar de conocerse la proximidad de la nueva restricción estatal, la Junta decidió seguir subastando ejemplares de lobo ibérico para ser cazados aún en 2011 y también en 2022.
En concreto, se sacaron a subasta dos lotes de lobos en la Reserva Regional de Caza de Riaño, en concreto en Acebedo y el Burón, ambas para diciembre de este mismo año, y otros dos en la Reserva Regional de Ancares, ante la denuncia airada de la organización conservacionista WWF España, que anunció que llevaría el caso a la Fiscalía.
Hasta ahora, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente que dirige el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, venía aprobando cada tres años lo que eufemísticamente denomina “aprovechamiento cinegético de lobos”, a razón de 51 ejemplares disponibles para ser abatidos en cada año, aunque rara vez se mataban todos los posibles.
La disposición adicional segunda de la nueva orden ministerial manifiesta que la Estrategia de conservación y gestión del lobo en España será aprobada por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, y que dicha aprobación deberá producirse antes del 31 de diciembre de 2021 y se publicará en la página web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La presente orden de ahora, sin embargo, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE, es decir, el miércoles 22 de septiembre de 2021.
