La Plataforma por la Integración de Feve da un ultimátum al alcalde de León para acudir a la vía judicial, como mandó el Pleno

José Antonio Diez y otros cargos del PSOE en la antigua Feve en la estación de Matallana en la ciudad, archivo.

Redacción ILEÓN

La Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha (Feve) ha acusado este miércoles al equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de León de mantener una estrategia de “retraso” para evitar emprender acciones judiciales en defensa del convenio de integración ferroviaria firmado en 2010. Por eso, advierte de que con estas maniobras dilatorias el Consistorio podría incumplir el mandato aprobado por unanimidad, en forma de moción, en el Pleno municipal para actuar antes del próximo 25 de noviembre, y exige que haga lo necesario para cumplir.

La crítica llega después de que se hayan conocido informes municipales sobre la viabilidad jurídica de que el Ayuntamiento se persone en el procedimiento contencioso-administrativo abierto en la Audiencia Nacional, a raíz de la demanda presentada por la propia Plataforma contra el Ministerio de Transportes por el supuesto incumplimiento de los acuerdos de integración de Feve en la capital leonesa basados en el convenio que permanece en vigor desde su firma en el año 2010.

Aunque no lo menciona con nombre y apellidos, la Plataforma no culpa a todos los grupos municipales sino a quien gobierna en minoría, el PSOE, al frente del actual está el alcalde José Antonio Diez. De hecho, que “estas contradicciones no son errores aislados”, sino “una forma de actuar sostenida” por Diez cuando se le imponen los votos mayoritarios de toda la oposición, que es sumarse a las mociones para que consten “por unanimidad ante los medios” pero después “en los expedientes, retrasa, omite o contradice lo acordado”, afea.

En un comunicado, el colectivo ciudadano ha rechazado los argumentos expuestos ahora por la Secretaría del Ayuntamiento y ha defendido que ya existen mecanismos administrativos suficientes para dar el paso hacia la vía judicial.

Discrepancia

Uno de los principales puntos de discrepancia, que remarca Efe, se refiere a la constitución de una Comisión de Seguimiento de los convenios ferroviarios. La plataforma sostiene que es “falso” que este trámite deba realizarse antes de acudir a los tribunales y recuerda que el convenio complementario firmado el 20 de mayo de 2010 entre el Ayuntamiento y Feve ya recogía la existencia de una reunión previa de dicha comisión, celebrada el 26 de marzo de aquel año. Además, subraya que este órgano únicamente se reunió en una ocasión y no ha vuelto a convocarse en más de quince años, pese a que los acuerdos contemplaban una periodicidad mínima anual.

La Plataforma también recuerda que existe desde 2018 una Comisión de Seguimiento vinculada al convenio suscrito con la empresa pública ferroviaria Adif, presidida por el propio Ayuntamiento, que por lo tanto tendría competencias para abordar las controversias derivadas del desarrollo de los acuerdos ferroviarios. Por ello, considera que el Gobierno municipal podría activar este órgano de forma inmediata, y no lo hace.

Asimismo, señala que el Pleno aprobó por unanimidad, el pasado 27 de febrero, una moción para instar a la convocatoria de esa comisión, por lo que entiende que los trámites previos necesarios ya habrían sido impulsados por la Corporación municipal. No obstante, el colectivo va más allá y cuestiona el contenido del informe elaborado por la secretaría general, al considerar que no responde exactamente al encargo realizado por el Pleno municipal en septiembre.

Jugarretas

Aquel acuerdo, aprobado también por unanimidad a propuesta de PP y UPL, comprometía al Ayuntamiento a estudiar la posibilidad de personarse en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Plataforma ante la Audiencia Nacional, así como al análisis de las acciones judiciales que pudieran emprenderse para reclamar el cumplimiento del Convenio Marco para la integración de Feve firmado en 2010.

Según la Plataforma, hay varias jugarretas para no cumplir. Por ejemplo, el informe municipal se habría centrado exclusivamente en la posibilidad de que el Ayuntamiento comparezca como parte demandada junto al Ministerio de Transportes, sin examinar otras alternativas procesales. Entre ellas cita la posibilidad de intervenir junto a quienes reclaman el cumplimiento de los convenios o incluso presentar una demanda propia y solicitar posteriormente su acumulación al procedimiento ya existente.

El colectivo sostiene además que el itinerario planteado por los servicios municipales dificulta el cumplimiento de los plazos fijados por el Pleno. El acuerdo aprobado en septiembre establecía un periodo de dos meses para iniciar acciones judiciales encaminadas a reclamar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Ministerio, un plazo que concluye el próximo 25 de noviembre. Y exige que sea como sea se ciña a esa fecha.

Se suma, denuncia la Plataforma, el hecho de que la Alcaldía de Diez rechazó el pasado julio una reunión conjunta entre los abogados que impulsan el procedimiento judicial y los servicios jurídicos municipales para analizar el contenido de la demanda presentada ante la Audiencia Nacional.

Ante esta situación, el colectivo exige al Consistorio que nombre de manera inmediata a su representante en la comisión de seguimiento, convoque dicho órgano, emita un informe complementario sobre las diferentes fórmulas de personación judicial posibles y elabore una relación detallada de los compromisos asumidos y pendientes de ejecución por las distintas administraciones firmantes de los convenios.

La controversia reabre un conflicto que se prolonga desde hace casi 15 años en León en torno al grado de cumplimiento de los acuerdos para la completa integración de la antigua línea de Feve, una actuación considerada estratégica para el desarrollo urbano de la ciudad y la movilidad de la Montaña Oriental, que insisten con numerosas protestas en recuperar la operatividad plena en la estación de Matallana en pleno centro de la ciudad.

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