La Diputación de León reclama a la Junta mucha más inversión para mantener los colegios de los pueblos
La Diputación de León exige que la Junta de Castilla y León, que tiene las competencias en materia de educación, aumente la inversión para la restauración de escuelas rurales en todos los pueblos de la provincia en los que sigan abiertos. Una exigencia que se produce tras una crítica similar por parte del alcalde de León, el socialista José Antonio Diez.
Este lunes el vicepresidente segundo y diputado de Cooperación y SAM, Valentín Fernández, y la jefa del Servicio de Cooperación, sostuvieron una reunión con funcionarios de la Delegación de Educación de León -el puesto de director provincial está vacante desde hace meses, entre críticas de todos los sindicatos, entre otros- para discutir el convenio entre la institución provincial y la Junta de Castilla y León, centrado en la reparación y conservación de colegios de educación infantil y primaria en localidades con menos de 20.000 habitantes.
Los representantes de la Diputación han planteado la necesidad de que la Administración Autonómica incremente su contribución financiera para el período 2024-2025, actualmente fijada en 300.000 euros. Cabe recordar que además ese dinero no deja de ser más que la contraprestación económica que la Junta da a la Diputación por seguir usando un edificio suyo para albergar el Conservatorio de Música de León, situado en Santa Nonia, y que ocupó varios años en precario hasta que aceptó pagar por ello, aunque indirectamente. Y es que se seguirá utilizando todavía dada la polémica parálisis del nuevo edificio de Conservatorio de la Junta en el barrio de La Palomera de la capital, que debería haber abierto sus puertas este curso pero cuyas obras continúan detenidas a menos del 50% de ejecución.
Valentín Martínez enfatizó la importancia de reconocer las características particulares de la provincia de León, incluyendo su dispersión geográfica y la difícil topografía de muchas de sus localidades. Resaltó la urgencia de realizar obras en muchos pueblos y la necesidad de más apoyo institucional para garantizar servicios básicos de calidad, como la educación.
El acuerdo, vigente desde 2001, estipula que cada municipio beneficiado debe cubrir al menos el 20% del coste total del proyecto. Con base en el convenio vigente, para 2023, la contribución de la Diputación se sitúa en 150.000 euros, con una adición de 37.500 euros de los ayuntamientos, totalizando 187.500 euros. Para 2024, la Junta invertirá 300.000 euros, sumados a los 75.000 euros proporcionados por los ayuntamientos, lo que eleva el total a 375.000 euros.
