El Procurador del Común pide “un esfuerzo organizativo y presupuestario” para tener unas urgencias nocturnas “dignas”
El Procurador del Común reclama a la Consejería de Sanidad que dé una solución adecuada a la problemática surgida por el cierre de los servicios de urgencias nocturnos en casi una veintena de puntos de la Comunidad Autónoma. La institución que dirige Javier Amoedo solicita a la Junta que haga “un esfuerzo organizativo y presupuestario que permita contar con unos servicios de urgencias rurales nocturnas dignos y adecuados que garanticen el principio de igualdad en el acceso y en las condiciones de las prestaciones sanitarias para todos los castellanos y leoneses.
El Procurador ha recibido unas 1.800 quejas a raíz de una actuación de oficio abierta por el cierre de consultorios locales durante la noche y ha acumulado información aportada por particulares, colectivos y la propia Consejería de Sanidad para ofrecer un análisis de la situación. Dado que la Junta ha decidido crear una comisión para abordar esta problemática después del periodo estival en el que se ha reanudado de forma temporal esa actividad nocturna, el Defensor del Pueblo de castellanos y leoneses hace sus aportaciones para que sean tenidas en consideración por el llamado Grupo de Análisis de Carácter Paritario.
En su resolución, Amoedo alude al plan de reorganización de la atención de las urgencias nocturnas que acomete la Junta y recuerda que en función de los parámetros utilizados para acometer los cambios se comprobó que solamente los consultorios del El Barraco (Ávila) y La Robla cumplían los requisitos para mantener la prestación de las urgencias en horario completo. En el resto de puntos de guardia ubicados en consultorios locales se procedió a trasladar al centro de salud correspondiente el servicio entre las diez de la noche y las ocho de la mañana, con la baja demanda asistencial como argumento principal.
El ahorro de 2,6 millones de euros es otra de las motivaciones para tomar esa medida. En su resolución, a la vista de los datos de los que dispone, el Procurador del Común apunta que la facultad de los poderes legislativo y ejecutivo para estructurar el sistema sanitario ha de tener sus límites en la necesidad de que la población cuente con las prestaciones y servicios necesarios en condiciones de igualdad. La accesibilidad de los centros, los cambios demográficos y las reducciones de población que la Consejería de Sanidad ha tenido en cuenta a la hora de aplicar ajustes son analizadas por la institución del Procurador que destaca, por ejemplo, que la fórmula para medir el tiempo que se tarda en llegar a un lugar -30 minutos es el establecido para recibir asistencia- es variable y así lo demuestra la disparidad en las cifras que aportan la Junta y los usuarios sobre los trayectos a cubrir.
También incide en que el estado de las vías y las condiciones climatológicas son circunstancias a tener en consideración, tanto para el traslado de pacientes en vehículos particulares como en ambulancias. Los helicópteros de los que se dispone no están preparados para hacer traslados nocturnos, recuerda el Procurador, que también detecta algunos errores en los cómputos de las Tarjetas Sanitarias Individuales (TSI).
Población envejecida
Las poblaciones envejecidas no tienen el mismo acceso a los medios de locomoción públicos o privados y en Castilla y León, recuerda, todos los indicadores señalan un envejecimiento generalizado. “El criterio no puede ser una media aritmética porque una vida potencialmente salvada justifica el gasto de tener el consultorio abierto”, esgrime en la resolución. También alude Amoedo al concepto de rentabilidad social por encima de la rentabilidad económica“ como elemento de juicio a la hora de valorar la importancia de cualquier servicio público, ”más aún cuando el bien jurídico tutelado es la salud de los castellanos y leoneses“.
