Los municipios con “fuerte vinculación histórica” con la minería también optarán a las ayudas para transición justa

Mario Rivas es alcalde de Villablino y presidente de Acom. / Luis Álvarez

ICAL

La Asociación de Comarcas Mineras (Acom) valora de manera positiva la incorporación de 13 municipios “con fuerte vinculación histórica a la minería del carbón” al ámbito de delimitación territorial de los convenios de transición justa (CTJ), después de meses reclamándolo.

De esta manera, los municipios de San Emiliano, Villagatón y Valdesamario se incorporarán al CTJ Bierzo-Laciana. En la Montaña Central de León, los ayuntamientos de Sabero, Cistierna, Valdepielago, Vegacervera y Valderrueda se beneficiarán del CTJ de La Robla. Por último, en la provincia de Palencia, el CTJ de Guardo-Velilla ampliarán su ámbito de actuación para incluir a Santibañez de la Peña, Barruelo de Santullán, Castrejón de la Peña, Cervera de Pisuerga y La Pernía.

Con estas nuevas inclusiones finalmente podrán beneficiarse de estos convenios no sólo los municipios en los que el cese de la actividad minera tuvo lugar a 31 de diciembre de 2018, sino también aquellos que “histórica y territorialmente dependieron de la economía monocultivo del carbón y en cuyos territorios, fuertemente castigados por la reconversión y la crisis de la minería, no se ha dejado notar la reactivación económica y social”.

Estas 13 nuevas incorporaciones se suman a los 31 municipios “tradicionalmente muy mineros” y a los 12 que ya estaban incluidos en los convenios pese a no formar parte del grupo 1. Éste último es el caso de Cubillos del Sil y Ponferrada, en la zona del Bierzo, de Barrios de Luna, Boñar y Villamanín, en la zona de la Montaña Central, o de Villalba de Guardo, Mantinos, Triollo, Polentinos, San Cebrian de Mudá, Mudá y Salinas de Pisuerga, en la provincia de Palencia.

Los CTJ se conciben como un instrumento para la promoción, diversificación y especialización económica de las comarcas y municipios afectados por el proceso de descarbonización de la economía. Estas herramientas buscan dar una respuesta urgente a los impactos sobre el empleo y la despoblación tras el cierre de explotaciones mineras, de centrales térmicas y de centrales nucleares. En ese sentido, la propuesta final tiene en cuenta un horizonte temporal más amplio en los cálculos de los indicadores de empleo afectado, que se utilizan como criterio de delimitación de municipios elegibles.

Durante el proceso de participación y consulta pública puesto en marcha por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Acom también propuso ampliar los indicadores socioeconómicos de partida empleados para la elaboración de los diagnósticos territoriales y contar con expertos del ámbito académico para llevar a cabo los análisis del territorio.

En esa línea, el presidente de Acom y alcalde de Villablino, Mario Rivas, destacó “la colaboración y el trabajo en equipo” de todas las administraciones públicas implicadas en el proceso de consulta pública y la “especial sensibilidad” de las comunidades autónomas involucradas -Castilla y León, Asturias y Aragón-, así como del Ministerio, a través del Instituto de Transición Justa (ITJ).

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