La Junta defiende que “no hubo mala fe” en la aplicación del 'centimo sanitario'

El portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, defendió hoy que el Gobierno regional no actuó con “mala fe” en la aplicación del 'céntimo sanitario', en marzo de 2012, y mantuvo que la sentencia del Tribunal Europeo de Luxemburgo sólo repercutiría 10 meses en la Comunidad, los que van desde el 1 de marzo al 31 de diciembre de 2012, que es el periodo anterior al que el Ejecutivo adaptó este impuesto a la directiva europea para no vulnerarla.

En el Consejo de Gobierno, celebrado hoy con carácter excepcional en las Cortes, De Santiago-Juárez recordó que el impuesto a los carburantes que aplican Castilla y León y otras comunidades autónomas para destinar su recaudación a financiar la Sanidad es una puerta abierta que permitió el Gobierno, y matizó que la Comunidad “fue de las últimas en aplicarlo y sería de las menos perjudicadas”.

En todo caso y aunque reiteró que durante esos diez meses “no hubo mala fe” de Castilla y León, sentenció que el Gobierno presidido por José María Aznar puso en marcha esta medida y que más tarde el Ejecutivo socialista “no solo la mantuvo, sino que duplicó el tipo”, acusando también a José Luis Rodríguez Zapatero.

Por este motivo, no entendió las críticas de los socialistas de la Comunidad, que han solicitado la comparecencia urgente de la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, para explicar las repercusiones de la sentencia en la Comunidad y que el PSOE ha estimado en unos 50 millones de euros. “Seguro que el PSOE tiene técnicos muy avanzados. Se agarran a lo que quieren, pero el impuesto lo duplicaron ellos”, comentó el consejero, quien opinó que, aún así, “Zapatero no actuó de mala fe”.

De Santiago-Juárez aseguró que no se ha evaluado el coste que supondría esta sentencia para la Comunidad y que para ello “habrá que leer con detalle cómo queda la sentencia”, la cual reconoció que su aplicación será “complicada” y estimar cálculos ahora sería “hacer ciencia ficción”.

El consejero portavoz matizó que la sentencia de Luxemburgo tiene carácter retroactivo porque entiende que las autoridades no obraron de buena fe al mantener este impuesto en vigor durante más de diez años, desoyendo los dictámenes anteriores que alertaban de la ilegalidad del impuesto. El texto, además, abre la puerta a reclamar la devolución de los 13.000 millones de euros que las comunidades recaudaron entre 2002 y 2011, aunque parte de esta cantidad puede haber prescrito y, en ese caso, no deberá ser devuelta.

El fallo responde a un litigio que inició una empresa de transportes establecida en Cataluña, Transportes Jordi Besora, que pidió que se le devolvieran los más de 45.000 euros que había pagado por este impuesto entre 2005 y 2008, alegando que era ilegal. El caso acabó ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que lo elevó hasta la justicia europea, la cual ahora se pronuncia.