La Junta aprueba la Ley de Industria para acelerar la puesta en marcha de proyectos “prioritarios”

El Consejo de Gobierno aprobó el texto del proyecto de Ley de Industria cuyo objetivo es adaptar la política industrial, la competitividad y la seguridad de la actividad industrial y que prestará una atención especial a proyectos considerados “prioritarios” por la Junta, a los que el Ejecutivo ayudará con la simplificación de trámites y evitará trabas burocráticas con el fin de acelerar su puesta en marcha y regulación, principalmente aquellas solicitudes para instalaciones en zonas del territorio más deprimidas y con aprovechamiento de los recursos autóctonos que fomente la creación de empleo y “dé estabilidad”.

Este fue uno de los puntos más destacados de esta nueva norma, que pasará ahora a las Cortes regionales, donde precisamente se celebró el Consejo de Gobierno, en el que intervino el consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, quien recordó que en la comparativa entre Castilla y León y España la Comunidad tiene un mayor peso en el sector secundario que supera en casi en tres puntos a la media española. Mientras la industrial regional aporta casi el 21,61 al Valor Añadido Bruto (VAB), en España cae hasta el 17,36 por ciento.

Villanueva sostuvo que el objetivo de esta ley es establecer un marco adecuado para la regulación de la actividad de este sector económico, que en la Comunidad emplea a 139.700 personas y cuenta con 12.240 empresas. El documento aprobado hoy se centra en el impulso de esta área productiva, en su competitividad, la calidad y en la seguridad del sector.

El proyecto de ley se basa en impulsar la actividad industrial, con el máximo respeto a la libertad de empresa y a las reglas de la competencia. Además, “se pone especial atención en que la intervención pública no entorpezca la actividad económica, sin crear costes ni obstáculos a las industrias”, según matizó el consejero. La ley tiene una estructura de seis títulos que se desarrollan en 47 artículos.

La industria en la Comunidad se caracteriza por girar en torno a dos subsectores claves que suponen la mitad de la economía del sector. Por un lado, el agroalimentario, que aporta el 25 por ciento al VAB industrial de la Comunidad, con 35.690 puestos de trabajo y 3.073 sociedades; y por otro, la automoción, con el 23,22 por ciento del VAB, 22.268 empleos y 312 empresas.

Además, Villanueva destacó que otro aspecto positivo de la industria es que “induce” a un desarrollo “muy importante” del sector servicios y que, según diferentes analistas, como por ejemplo Funcas, Castilla y León “soporta mejor la crisis en base a su mejor industrialización”. “Este es uno de los motivos por el que elevamos la industria a rango de ley”, subrayó el consejero, quien añadió que a partir de ahora se gestionará mejor este ámbito, pues la industria se encuentra en varios departamentos de la Junta, desde Economía y Empleo, hasta Agricultura, pasando por Cultura o Sanidad.

Fomento de la competitividad

Villanueva comentó que el documento se centra en el fomento de la competitividad, contemplando el desarrollo de un marco de competitividad industrial que permita impulsar el progresivo cambio en el modelo productivo de Castilla y León. El contenido de este acuerdo se concretará en un 'Plan Director de Promoción Industrial Regional' que incluirá la 'Estrategia Regional de Competitividad', la cual facilitará las herramientas en materia de internacionalización e innovación destinadas al sector industrial. Esta actualización de criterios en la política industrial de la Comunidad se aplica con estos objetivos desde el año 2003, según recordó. Al respecto, informó de que la Junta ultima el Acuerdo Marco sobre Competitividad.

Este proyecto de ley se centra en el respeto a la libertad de empresa, garantizando los derechos de establecimiento y de libre prestación de servicios. Defiende además la libre competencia asegurando un funcionamiento competitivo del mercado, e impulsa las actuaciones públicas que deben evitar crear o incrementar restricciones de la competencia.

Incluye, por último, el desarrollo de la calidad en el sector estableciendo mecanismos para favorecer la elaboración de mejores productos a través de la innovación y la implantación de procesos industriales más eficientes. Además, fomenta la competitividad a través de instrumentos de estímulo, promoción y modernización de la actividad industrial. Finalmente, impulsa el fomento de la eficiencia y el ahorro energético. Por todo ello, la Administración solicitará una memoria sobre el impacto económico de cada empresa.

Seguridad Industrial

Villanueva recalcó que la ley establece también un marco de seguridad industrial para prevenir adecuadamente tanto los riegos laborales como los que resultan de la propia actividad y de las instalaciones para las personas, la flora, la fauna, los bienes o el medio ambiente.

La Unión Europea ha marcado criterios relacionados que permiten externalizar los servicios de inspección de la seguridad industrial dotando de mayor capacidad a organismos de control, “sin que esto implique que la administración no pueda desarrollar su capacidad de inspección y sanción”, tal y como explicó el consejero.

Esta ley permitirá a medio plazo que las industrias de la Comunidad sean más resistentes a las dificultades y hará de Castilla y León un territorio con más capacidad de atracción de grandes proyectos de inversión“.

Para ello, Villanueva admitió que se establecen “deberes y responsabilidades” de los titulares de industrias e instalaciones y se regula la figura de los proyectistas y directores de obra, con declaración responsable y seguro de responsabilidad obligatorio. Se prevén posibles acuerdos con colegios profesionales en el ámbito de la declaración responsable, y se analizan las obligaciones de empresas instaladoras y mantenedoras, y de organismos de control.

Se concede también la facultad de agentes de autoridad a los inspectores en materia de seguridad industrial. En consecuencia, el espíritu del proyecto de ley es proteger a quienes hacen las cosas bien, frente a quienes actúan al margen de la legalidad o se aprovechan de sus lagunas para sacar partido. “Es una norma para que las empresas la tengan en su mesita de noche”, sostuvo el consejero de Economía y Empleo.

Responsabilidad Social

La futura ley incentivará la adopción voluntaria de prácticas de responsabilidad social empresarial por parte de las empresas e industrias, que se dirigen al mantenimiento de la calidad en el empleo, la protección del medio ambiente, la accesibilidad universal de las personas con discapacidad, el consumo sostenible, el respeto a los derechos humanos y la promoción permanente de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. En este sentido, Villanueva señaló que se encuentra casi cerrado el Acuerdo de Responsabilidad Social en el seno del Diálogo Social, que cuenta con el consenso de la patronal, a pesar de las últimas críticas de Cecale a este punto de la norma.

Por otra parte, el proyecto desarrolla un Registro Industrial Único de Castilla y León, que con carácter informativo incluirá las instalaciones, establecimientos, empresas, organismos de control y otros agentes establecidos en la Comunidad que presten servicios profesionales en el sector industrial. Los datos se incorporarán y actualizarán de oficio. Este registro permitirá a la Junta ejercer con datos y con mayor efectividad sus funciones de control y vigilancia sobre actividades e instalaciones industriales, así como la de promoción de la actividad industrial y las sanciones cuando sean oportunas.