La Junta alerta de que los 3.600 consultorios locales corren riesgo si la reforma local se aprueba como está

La Junta de Castilla y León alertó este jueves de que los 3.600 consultorios locales en funcionamiento en la Comunidad corren riesgo si la reforma local planteada por el Gobierno y en tramitación en el Congreso de los Diputados se aprueba como está, ya que el Ejecutivo de Juan Vicente Herrera considera que, pese a las mejoras introducidas, “gusta poco o casi nada y es poco sensible con las características” del mapa comunitario.

El consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo, José Antonio de Santiago-Juárez, avisó de ese peligro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el mismo día en que se debate en el Congreso las enmiendas a la totalidad, pero afirmó que “no se puede aventurar nada” y que la Junta trabajará hasta el “último momento” para que sus enmiendas se recojan por el Grupo Popular, con cuya dirección mantiene conversaciones.

Una de esas enmiendas, sobre la que incidió el consejero portavoz, es que la construcción, mantenimiento y conservación de los consultorios locales se incluya en el artículo de las competencias propias de los municipios, ya que la Comunidad tiene 3.600 atendidos en este momento desde el ámbito local, en algunos casos por concejales, aguaciles y personal de manera altruista, cuyo paso a la Junta supondría un gasto de 30 millones de euros.

De Santiago-Juárez, a preguntas de los periodistas y ante la posibilidad del cierre de los consultorios si no se corrige en la ley, afirmó que, en ese caso, la responsabilidad sería de “quien cambia la ley y de quien decide que no quiere tener esas competencias”, pero precisó que la Junta apuesta por el municipalismo y abogó por el optimismo hasta el último momento.

Así, explicó que la Junta tiene la obligación de prestar el servicio asistencial en el centro de salud, ubicado en las zonas básicas, y añadió que está cubierto, pero recordó que, ante las características demográficas de la Comunidad, se optó por que hubiera consultorios locales, para facilitar la atención de cercanía al ciudadano. En España, la media de consultorios locales por zona de salud es de tres y en Castilla y León de 15, precisó.

“Si mañana deciden que no, no nos pregunten a la Junta: pregunten a quien cambia la ley y a quien decide que no quiere tener esas competencias; la Junta no va a cerrar a ningún centro de salud. Los consultorios es un tema peculiar de algunas autonomías y se dice que el mantenimiento es competencia de los municipios”, manifestó.

De Santiago-Juárez afirmó que es “facilísimo de entender, pero a algunos de Castilla y León les cuesta entenderlo” y, en tal sentido, se refirió a algún representante de alguna institución que “ha dicho que no se hiciera caso a las enmiendas de la Junta”. El consejero portavoz puso como ejemplo que el presidente Juan Vicente Herrera no ha pedido devolver la mitad de las competencias porque el modelo de financiación no cubre casi 500 millones de lo que cuesta sanidad, educación y servicios sociales.

“Puedo entender el descontento porque están mal financiados, pero no puedo entender que se quieran quitar servicios cuando están para prestarlos. Cómo se pueden alegrar de que les quiten competencias”, se preguntó sobre la posición de dirigentes del ámbito municipal y provincial.

En cuanto a las conversaciones, sobre las que declinó avanzar en qué fase se encuentran, insistió en que se está en el “sprint final” y en que van a trabajar hasta el último momento para que se corrijan plazos y funciones de los municipios que pasan a las comunidades autónomas, cuya asunción supondría, según la estimación de la Junta, 382 millones adicionales a las arcas regionales. Sin embargo, calificó de “bueno” que el plazo de presentación de enmiendas parciales se haya ampliado hasta el 22 de octubre.

Además de la enmienda sobre los consultorios locales, en servicios sociales la Junta quiere que las funciones de los CEAS sean completas, ya que en caso contrario se duplicarían funciones para las labores de proximidad y los centros residenciales y tendría que contratar personal. En este momento, esas funciones realizadas por 1.500 personas de las diputaciones y municipios de más de 20.000 habitantes suponen 51 millones, que pasarían, según su estimación, a 102.

También ha pedido la ampliación de tres meses al 31 de diciembre de 2014 para que las entidades locales menores rindan cuentas, el plazo que se plantea, según señaló el portavoz, es la fecha que recoge el proyecto para las empresas públicas municipales. En Castilla y León existen 2227 entidades locales menores, en su mayoría concentradas en Burgos, León y Palencia.

No como enmienda, pero si como consideración, recuerdan que la asunción de centros educativos municipales supondría 100 millones de euros más a la Junta, aunque el proyecto deja esa materia sin plazos y a la espera del nuevo modelo de financiación y de la Ley de Haciendas Locales.