La Fiscalía denuncia en vía penal la gestión municipal del Matadero de Villablino
Tras la denuncia presentada el pasado año ante el Consejo de Cuentas de Castilla y León por el concejal de LACIANA AVANZA en el Ayuntamiento de Villablino, Víctor del Reguero, la Fiscalía de Área de Ponferrada ha decidido interponer denuncia penal en relación a la relevante cantidad económica a que ha tenido que hacer frente el Ayuntamiento de Villablino por la gestión hecha en anteriores mandatos con la concesión del Matadero Municipal.
Según el decreto del Fiscal Jefe, Jacinto Fernández Villalvilla, fechado el 9 de febrero, tras las diligencias de investigación abiertas “se aprecia en la conducta llevada a cabo por el Ayuntamiento de Villablino una omisión en su deber de control de la gestión del matadero municipal, con absoluta falta de diligencia en su deber de vigilancia de los caudales públicos”, apreciándose indicios de delito de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Un contrato firmado en 2005 por Ana Luisa Durán
El contrato de concesión del servicio de matadero fue firmado en 2005 por la entonces alcaldesa, Ana Luisa Durán. A pesar de que contemplaba un plan de inversiones a llevar a cabo por parte del concesionario como condición expresa para su mantenimiento sino también para su prórroga, aunque no consta que dicho plan fuera nunca materializado, el contrato se prorrogó hasta en dos ocasiones, en 2010 y 2015.
No fue hasta dicho 2015, a punto de que Ana Luisa Durán abandonara la alcaldía, cuando se inició el procedimiento de resolución del contrato, “si bien el Ayuntamiento ya tenía conocimiento de tales incumplimientos con, cuanto menos, tres años de antelación, si bien algunos incumplimientos habrían sido sistemáticos desde el inicio de prestación de la concesión”, remarca el decreto de la Fiscalía.
Entre estos incumplimientos destaca el impago de obligaciones de la Seguridad Social por parte del concesionario, derivadas por responsabilidad solidaria al Ayuntamiento de Villablino, y cuya cifra definitiva alcanza los 775.593 euros, según el informe del interventor municipal incorporado a la denuncia.
A mayores, habría que sumar numerosas deudas del concesionario por impago de recibos de agua, basura, alcantarillado y depuradora de varios años, así como sanciones por delitos contra los derechos de los inmigrantes o infracciones en materia laboral, de lo cual el Ayuntamiento de Villablino tuvo conocimiento, al menos, desde 2012, según la documentación presentada por Laciana Avanza.
“Llamativamente, el canon de alquiler de las instalaciones establecido en el contrato fue tan solo de 300 euros, a pesar de que las instalaciones eran completamente nuevas y se trataba de uno de los mataderos municipales mejor equipados de la comunidad autónoma”, apuntan desde el grupo político.
El Tribunal de Cuentas también investiga el caso
El Consejo de Cuentas de Castilla y León ya acordó en pleno el 20 de julio del pasado año enviar la denuncia formulada por el concejal de Laciana Avanza en el Ayuntamiento de Villablino, Víctor del Reguero, al Tribunal de Cuentas, “al considerarse que existen indicios razonables de responsabilidad contable y penal” por la falta de control sobre el contrato de la concesión y por la omisión de actuaciones para proteger los bienes públicos una vez conocidas circunstancias que los ponían en riesgo.
Además de la propia investigación sobre la responsabilidad contable en el Tribunal de Cuentas, el Fiscal Jefe del mismo dio traslado del caso a la Fiscalía Provincial de León. Ahora, la Fiscalía de Área de Ponferrada interesa varias diligencias ante el Juzgado de Instrucción, entre ellas el expediente administrativo de la contratación y las actuaciones de control de su gestión, así como requerir al Ayuntamiento de Villablino “que identifique a las personas, funcionarios o cargos públicos, encargados de dicho control y gestión del matadero”.
Hasta la fecha, nadie ha asumido responsabilidades
Desde junio de 2015, cuando Laciana Avanza obtuvo representación municipal en el Ayuntamiento de Villablino, ha seguido el caso, que se arrastra desde el mandato anterior. “Pese a las varias peticiones de asunción de responsabilidades políticas ante un daño económico de tal envergadura, hasta la fecha ni un solo cargo ni funcionario ha asumido la menor responsabilidad sobre lo sucedido”, declaran desde Laciana Avanza.
La mayor parte de concejales del actual equipo de gobierno del PSOE conformaban el equipo anterior, así como el actual alcalde, Mario Rivas, que, aunque perteneciente a otro partido político, participaba en coalición en el equipo de gobierno de la ex alcaldesa Ana Luisa Durán como concejal de Ganadería.
Desde Laciana Avanza, se hace hincapié “no solo en que todos los lacianiegos están pagando y van a pagar las consecuencias de una gestión desastrosa, que alcanza cifras escandalosas, sino también en los daños más que importantes que han sufrido las instalaciones de un edificio construido y equipado con fondos públicos, subvencionado con 1,45 millones de euros del primer Plan del Carbón”. “A pesar de que recientemente se ha sacado a licitación su arrendamiento, existen evidencias sobre deterioro e incluso desaparición de parte de la maquinaria del mismo, valorada en más de 500.000 euros en el momento de su instalación”, han sentenciado a través de un comunicado.
