Diez años del asesinato de Isabel Carrasco entre incógnitas, 'true crime' y presunta corrupción
Este domingo 12 de mayo se cumplen diez años del asesinato de Isabel Carrasco, entonces presidenta de la Diputación de León y del PP local y la política más poderosa de la provincia leonesa. Como hace diez años se vive su aniversario en medio de un clima electoral, entonces en plena campaña para las europeas de 2014 que encumbraron a Podemos, hoy todavía en fase de precampaña electoral aunque España vive desde hace meses inmersa en la faena política por las elecciones gallegas, vascas y catalanas.
El décimo aniversario de su asesinato tiene una constante similar a la de los últimos años, el olvido de la figura política y la práctica ausencia de recuerdos en su memoria pese a su cruel final. En el momento de publicar esta información no constan homenajes ni del PP de León ni de la Diputación de León, ahora en manos del PSOE. Durante la última década los homenajes se han contado con los dedos de las manos y sobran. No hay ninguna placa en ningún espacio público o privado que recuerde su figura. Solo el cuadro de presidenta de la Diputación de León, que ella misma colgó en vida en 2012, cosa que no hizo con el de su antecesor en el cargo de su mismo partido, Javier García Prieto.
Isabel Carrasco era la persona política más poderosa de León en el momento de su asesinato en mayo de 2014. Ostentaba la presidencia de la Diputación de León y del Partido Popular, que entonces aglutinaba más poder local que en toda su historia. Las elecciones municipales del año 2011 fueron el momento político culminante de la carrera de la inspectora de hacienda, revalidando la presidencia de la Diputación y controlando más ayuntamientos que nunca. Por ello, y por su forma de ejercer el poder de forma despótica en el contexto de la crisis económica, su asesinato hizo 'arder' las redes sociales con comentarios ofensivos que llevaron incluso a procesos judiciales, la mayoría de ellos finalmente absueltos pese a lo cruento de lo publicado.
El asesinato fue cometido por Montserrat González, Triana Martínez y Raquel Gago, condenadas a 22, 20 y 14 años de cárcel por la autoría material del magnicidio, en el primer caso, y la colaboración necesaria para la organización y comisión del crimen en el segundo y tercer caso. Montserrat y Triana son madre e hija y Raquel amiga íntima de Triana. Según la sentencias diseñaron durante meses cómo matar a Carrasco y encubrir el asesinato, haciéndose con el arma homicida para cometer el crimen.
La presidenta de la Diputación de León falleció al recibir tres disparos por la espalda en una pasarela cercana a su casa y que cruza el río Bernesga. La asesina, Montserrat González, la mató cuando Carrasco iba desde su casa situada en el paseo de la Condesa hasta la sede provincial del PP de León, en el paseo de Salamanca, donde iba a reunirse con compañeros de partido para acudir a un mitin de las Europeas en Valladolid con la presidencia del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
El móvil del asesinato fue la venganza por el despido de Triana Martínez de su puesto de ingeniera de telecomunicaciones en la Diputación de León, donde trabajaba desde pocos meses antes que Isabel Carrasco fuera presidenta en el año 2007. Triana trabajó en la Diputación hasta el año 2011, llegando incluso a dar una rueda de prensa con Carrasco, cuando entonces salió la plaza que ocupaba a concurso y la institución le puso dos juicios para reclamar dinero supuestamente cobrado de forma indebida. Triana quedó segunda en el concurso, el que ganó renunció y la Diputación optó por suprimir la plaza en lugar de iniciar una nueva convocatoria o tirar de la lista de candidatos, donde ella era la segunda. Triana ganó los dos juicios a la Diputación pendientes y en el juicio por el asesinato acusó a la asesinada de orquestar maniobras contra su persona por no obedecer su criterio durante su empleo en la institución.
La autora de los disparos fue detenida junto a su hija tras intentar huir en coche por el centro de la ciudad en la calle Gran Vía de San Marcos. Un policía en segunda actividad presenció los hechos y siguió a las presuntas asesinas. Gracias a una patrulla en coche de la Policía Local fueron detenidas y trasladadas a Comisaría. Dos días más tarde se detuvo a Raquel Gago por complicidad al tener el arma homicida en su poder, que Triana había depositado en su coche después del tiroteo y antes de reunirse con su madre y ser detenida.
En el año 2016 tuvo lugar el juicio con jurado del caso. En el juicio no faltó de nada, desde la fría confesión de Montserrat de que volvería a cometer el crimen -“No tenía más remedio que darle muerte y hacer justicia”- a la sorpresiva 'espantada' del abogado de Raquel Gago que puso en riesgo el juicio. Fueron condenadas por el jurado y se les impusieron 22 años para Montserrat como autora material, 20 para Triana como coautora y 5 a Raquel Gago por encubrimiento. Las revisiones del Superior de Justicia autonómico y el Supremo dejaron las condenas en 22, 20 y 14 al considerar a Gago cómplice.
Dudas del caso e inauguración del 'true crime' en España
El caso del asesinato de Isabel Carrasco tuvo un fuerte impacto mediático y además supuso la práctica inauguración del 'true crime' en España, ese fenómeno documentalista audiovisual tan de moda, que la serie 'Muerte en León', estrenada en diciembre de 2016, abrió en el país. La investigación periodística de los responsables del proyecto, Justin Webster y Enric Bach, desveló que ni la Policía ni el Juzgado llamaron a declarar a una persona posiblemente clave con la que Triana Martínez hablaba todos los días por teléfono, incluso el día antes y el mismo día del asesinato de la presidenta de la Diputación.
La persona a la que nadie llamó para saber si sabía algo era además un cargo de confianza del entonces presidente del Gobierno de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. Su nombre, Luis Estébanez, conocido como 'Polín'. Un asesor personal con el que Triana hablaba a diario, siendo la segunda persona con la que más contactaba detrás de Raquel Gago y por encima de su madre. Su último contacto fue apenas cinco horas antes del crimen en una llamada al despacho de la consejería de Presidencia autonómica que ocupaba. En conversación con ILEÓN Estébanez aseguró no saber nada del caso y que nadie le llamó jamás en la investigación.
Pese a esta revelación y las peticiones de aclaración de la situación realizadas por los responsables del documental y este periódico, el silencio fue toda la respuesta oficial de la Policía y la Justicia. Nadie movió un papel para llamar a declarar al asesor y que explicara si sabía, o no, algo del caso o añadir luz a la situación que pudo llevar a Triana y a su madre a organizar el asesinato.
En el mismo documental el que fuera fiscal del caso, Emilio Fernández, confesó otro punto oscuro de la investigación y juicio, el origen del arma homicida. Fernández reconoció que no se creía la versión del origen que constaba en la investigación, atribuida a la compra en el mercado negro por madre e hija a un toxicómano fallecido en Asturias, donde su padre y marido Pablo Martínez, había ejercido como comisario. Pese a sus declaraciones no constaba en el sumario que hasta entonces hubiera pedido la fiscalía algún informe adicional para aclarar el origen del arma. Emilio Fernández fue ascendido a teniente fiscal jefe de Castilla y León tras el juicio del jurado, puesto donde después se jubiló.
Las cuentas pendientes de Carrasco con la Justicia: kilometrajes y caso Púnica
Cuando Isabel Carrasco falleció se encontraba bajo investigación judicial en un presunto caso de corrupción, el llamado 'caso de los kilometrajes'. El asunto buscaba aclarar si la fallecida pudo haber cobrado unos 40.000 euros en dietas de la extinta Caja España-Duero y la tasadora Tinsa a la vez que se desplazaba usando el coche oficial de la institución provincial.
Era un tema que le preocupaba y que el periodista Fernando Jaúregui reconoció que fue tema de conversación en la comida que tuvo con ella horas antes de su asesinato. La investigación de esta presunta causa de corrupción de Isabel Carrasco la inició el PSOE con una denuncia y una trifulca en un pleno de la Diputación. Pero poco después los socialistas retiraron la denuncia, por supuestas presiones de Carrasco con el reparto de los fondos a los pueblos, y la continuó el Partido Autonomista Leonés (PAL) a través de su concejal en San Andrés, Paco Gómez.
La jueza del caso nunca llamó a Isabel Carrasco a declarar como imputada pese a los dos años que llevaba la investigación abierta, incluso haciendo malabares para que la palabra no apareciera junto a su nombre pese a ser la única investigada. Pero sí hizo llamar de forma inmediata a declarar a los denunciantes cuando Isabel Carrasco puso poco antes de su asesinato un denuncia por revelación de secretos. La presidenta de la Diputación llenó la investigación de recursos para obstaculizarla pero las pruebas documentales de que el coche oficial había cruzado un peaje y a la vez ella había cobrado el kilometraje estaban en el juzgado. Su chófer en la Diputación llegó a asegurar que la llevaba en su coche personal a esas reuniones pero fue incapaz de decir correctamente qué color tenía el vehículo. Con su muerte el caso fue cerrado sin más aclaraciones.
Seis meses después de la muerte de Isabel Carrasco su sucesor en el cargo de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón, fue detenido en el marco de la operación Púnica, además de otras personas vinculadas a la institución acusados de presunta corrupción. La causa investigaba el uso de fondos públicos para pagar campañas de autobombo de la presidenta originados en el año 2012 con empresas de Alejandro de Pedro, uno de los presuntos cabecillas de la trama. Hasta el origen de la operación, la institución provincial leonesa pagaba facturas mensuales de más de 3.000 euros al mes a una empresa de De Pedro para que volcara contenidos favorables a Isabel Carrasco primero, y luego a Marcos Martínez, en blogs personales y en una red de periódicos online 'zombies'.
El caso llegó a juicio en el año 2022 y la Audiencia Nacional condenó hasta 8 años de inhabilitación al expresidente de la Diputación y otros tres acusados por Púnica en León, aunque solo por un delito de prevaricación administrativa al no ver pruebas en los de fraude, falsificación en documento con malversación de caudales públicos y cohecho que les atribuía la Fiscalía y la acusación. La Fiscalía ha pedido repetir el juicio acusando de omitir pruebas a la sala que llevó la causa y que está pendiente de los recursos ante el Supremo. De haber estado viva en el momento de la operación Púnica hubiera sido la propia Isabel Carrasco la que hubiera tenido que dar explicaciones en esta causa que provocó un nuevo terremoto en la institución provincial pocos meses después de su asesinato.
La vida penal de las condenadas
Las dos principales condenadas por el asesinato de Isabel Carrasco, Montserrat y Triana siguen cumpliendo su pena en la cárcel de Asturias, mientras que Raquel Gago cumple ya en tercer grado penitenciario los 14 años de prisión a los que fue condenada desde el pasado año, viviendo lejos de la provincia leonesa, a la que no obstante acude con frecuencia.
Triana Martínez denunció el pasado año que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Asturias le denegaba la posibilidad de acceder a permisos de salida ordinarios, a pesar de contar con informes favorables emitidos por el equipo de tratamiento de la prisión. Madre e hija llegaron a la cárcel asturiana procedentes de las prisiones de Villahierro (León) y Villanubla (Valladolid), y precedidas de una fama de prepotentes, arrogantes y de tener un mal comportamiento con otros reclusos y funcionarios que derivaron en varias sanciones. Una fama, alimentada también en medios de comunicación, que al menos en el caso de Triana Martínez contrasta con su expediente penitenciario en Asturias, que resalta su buen comportamiento, la integración y participación en variadas actividades intramuros. Desde la cárcel pucelana llegaron a denunciar una situación de amenazas y acoso en una carta en 2017.
Madre e hija son responsables del club de lectura de la prisión asturiana y Triana ha accedido a varias salidas, aunque no a permisos ordinarios pese a contar con un informe favorable de la Junta de Tratamiento, que por unanimidad se mostró a favor de su concesión como una forma de incorporarse a la sociedad de forma paulatina. Según ha podido conocer este periódico, ambas barajan solicitar un cambio de prisión ante la denegación de permisos por el juzgado penitenciario cuando en casos de similares circunstancias si se conceden.
El asesinato de Isabel Carrasco supuso en León un fuerte impacto que puso a su sociedad frente a un incómodo espejo por su reacción, en ocasiones favorable a las asesinas. El olvido es la forma con que enemigos y compañeros de partido han ajustado cuentas políticas con la presidenta de la Diputación. Aunque en León todo el mundo recuerde con exactitud dónde y cómo se entero del asesinato de Isabel Carrasco aquella tarde del 12 de mayo de 2014.
