El fallecimiento de Isabel Carrasco cierra la investigación sobre su presunta corrupción
La muerte a tiros de la presidenta de la Diputación de León ha abierto una causa judicial para aclarar su asesinato pero cierra otra abierta desde hace más de dos años, la de su presunta corrupción. Conocido como 'el caso de los kilometrajes' buscaba aclarar si Isabel Carrasco cobró irregularmente dietas por desplazamiento a la vez que usaba el coche oficial de la institución provincial en viajes al consejo de administración de Caja España-Duero y de la empresa Tinsa. Al tratarse de un asunto que versaba sobre su persona será cerrado sin más, sin aclararse si la presidenta del PP había cobrado esos fondos legal o ilegalmente, como sostenía la acusación.
Era un tema que le preocupaba, y mucho, a la presidenta y de hecho el periodista Fernando Jaúregui ha reconocido que fue tema de conversación en la comida que tuvo con ella el pasado lunes antes de su asesinato. El 'caso de los kilometrajes' era el único punto negro actual en su posición política, ya que públicamente nadie le tosía dentro de la Diputación ni en el PP leonés. Pero el avance, muy singular, de la investigación y las noticias que algunos medios publicaban la irritaban profundamente. Un ejemplo de esto lo tenemos en su última actuación en el tema: denunciar por revelación de secretos a su denunciante (el concejal del PAL en San Andrés, Paco Gómez), a los abogados que llevaban la causa. Una estrategia quizás para intimidar y también para retrasar la causa, en la que no había declarado tras más de dos años abierta. Carrasco quería evitar una cosa por encima de todas, 'la pena de Telediario' y todas sus maniobras procesales se dirigían a evitar tener que ir al juzgado en calidad de imputada a dar explicaciones.
Se investigaba si Carrasco pudo cobrara unos 40.000 euros en dietas irregularmente
Lo cierto es que la instrucción judicial que ha llevado a cabo la jueza Blanca Esther Díez ha sido muy polémica y en varias ocasiones la Audiencia Provincial ha enmendado sus actos jurídicos, hasta el punto final de tener que reiniciar prácticamente la instrucción hace un año debido a sus cuestionables autos, según la propia Audiencia.
La investigación de esta presunta causa de corrupción de Isabel Carrasco la inició el PSOE con una denuncia y una trifulca en un pleno de la Diputación. Pero poco después los socialistas retiraron la denuncia, por supuestas presiones de Carrasco con el reparto de los fondos a los pueblos, y la continuó el Partido Autonomista Leonésa (PAL) a través de su concejal en San Andrés, Paco Gómez.
A la denuncia inicial le siguieron las primeras pesquisas de la juez del caso llamando a declarar al chófer de la presidenta de la Diputación inicial. Él declaró que la llevaba a ella en su coche particular como favor personal pero al ser preguntado por el color del vehículo de la presidenta del PP no fue capaz de dar ese detalle, aunque sí la marca y modelo del vehículo. Un testimonio que hizo que la investigación siguiera adelante con múltiples recursos por parte de la defensa de Carrasco, algunos ganados y otros perdidos pero que lograban su principal efecto, retrasar la investigación.
Una de las polémicas en el proceso ha sido la toma de declaración de testigos propuestos por la acusación. Entre los llamados estaban el predecesor de Carrasco en la Diputación, su compañero de partido Javier García Prieto; también el exacalde socialista de León, Paco Fernández y el miembro del consejo de administración de Caja España-Duero, Miguel Ángel Ávarez. Los abogados de la presidenta recurrieron que pudieran ser testigos alegando “enemistad manifiesta” pero su recurso no prosperó y se estaba a la espera de que acudieran a declarar próximamente.
Mientra tanto hace escasas semanas fueron llamados a declarar tres chóferes que acudían a los consejos de Caja España-Duero llevando a alguno de sus miembros. Uno de ellos, chófer del expresidente de la entidad Evaristo del Canto, confirmó ante la juez que Isabel Carrasco acudía a esos consejos en coche oficial. La tensión del abogado de Carrasco, Juan Carlos Zataraín, provocó que la juez llamara al orden al letrado por sus intervenciones.
La acusación buscaba en estos momentos que se pudiera acceder a los movimientos de las tarjetas de Isabel Carrasco para comprobar los gastos y fechas en que se realizaban ya que la investigación sobre las dietas se había ampliado a la empresa Tinsa, en la que Carrasco era miembro del consejo de administración en representación de Caja España-Duero. Presuntamente también en este caso la presidenta habría cobrado dietas por desplazamiento y usando a la vez el coche oficial. También se investigaba si incluso habría cobrado dietas por asistencia al consejo de este empres sin ni siquiera haber acudido.
El último movimiento que había realizado la presidenta y su equipo jurídico había causado polémica en los juzgados, tanto por su naturaleza como por la actuación de la jueza del caso. Carrasco denunció a los abogados de la acusación y al concejal que mantenía la demanda por un presunto delito de revelación de secretos. Todo después de que se filtrara que se podría enfrentar a tres delitos: uno de malversación de caudales públicos; otro posible delito de falsificación de documento público y un tercero relativo al 439 del código Penal, que dice expresamente: “La autoridad o funcionario público que, debiendo intervenir por razón de su cargo en cualquier clase de contrato, asunto, operación o actividad, se aproveche de tal circunstancia para forzar o facilitarse cualquier forma de participación, directa o por persona interpuesta, en tales negocios o actuaciones, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a dos años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años.”
La juez Blanca Esther Diez se hizo con la causa y siguiendo casi al pie de la letra el escrito de la defensa de Carrasco hizo llamar a declarar ante la policía a los acusados por Carrasco de revelar los autos del juzgado. Una actuación que se contraponía con los dos años que se llevaban de investigación y en los que la juez no había llamado a declarar a la acusada.
Con el asesinato de Isabel Carrasco la causa no continuará al ser una investigación de tipo penal que tiene necesariamente que finalizar al fallecer la acusada. Las empresas perjudicadas si podrían continuarla con un procedimiento civil contra sus herederos legales para resarcie el perjuicio económico, pero fuentes jurídicas lo descartan totalmente. Se espera que en las próximas semanas la juez dicte el cierre de la investigación, que dejará en el aire para siempre este caso de presunta corrupción de Isabel Carrasco y que era el único tema que prácticamente le inquietaba.
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Nota de la redacción: La información publicada contenía que la presidenta de la Diputación había denunciado por revelación de secretos a Radio León, extremo desmentido por la misma.Nota de la redacción:
